*IMPRONTA
/ Carlos Miguel Acosta Bravo /
El llamado “maremoto Taddei” ya dejó de ser un escándalo administrativo para convertirse en una prueba de resistencia del sistema electoral mexicano. La salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del INE, el freno a nombramientos en organismos públicos locales y los señalamientos sobre contrataciones cuestionadas plantean una pregunta incómoda: ¿quién vigila a quienes administran las elecciones?
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Taddei “traicionó la confianza del pueblo de México” y solicitó a la Auditoría Superior de la Federación una revisión profunda de contratos, proveedores y responsabilidades, incluso de periodos anteriores. Más allá del lenguaje político, el asunto toca el corazón de la credibilidad institucional. Si las compras de material electoral estuvieron rodeadas de intermediarios, contratos concentrados y vínculos familiares o políticos, el daño no se limita a una persona; alcanza a la percepción de neutralidad de todo el sistema.
La gravedad del caso no está solamente en la presunta irregularidad de contratos durante la gestión de Taddei. Está en la posibilidad de que haya existido un esquema estructural de empresas intermediarias que concentraron adquisiciones de papelería y materiales electorales tanto en el INE como en organismos electorales estatales.
Si eso se confirma, el problema no sería un desliz aislado, sino una arquitectura de intereses instalada dentro de la maquinaria electoral. Y una maquinaria electoral capturada, aunque no altere una sola boleta, ya está comprometida, porque quien controla proveedores, presupuestos, designaciones y contrataciones puede influir en el entorno en que se disputa el poder.
El Consejo General del INE frenó siete nombramientos en OPLE estatales, que Taddei había dejado propuestos antes de su renuncia, entre ellos presidencias en Campeche y Coahuila y una consejería en Veracruz. Además, acordó que las valoraciones realizadas por la expresidenta no serían tomadas en cuenta en los procesos de selección.
Esa decisión es correcta, pero insuficiente. No basta con detener siete designaciones si el escándalo alcanza, según las versiones difundidas, a organismos electorales de hasta 30 estados. Cada nombramiento vinculado a la red cuestionada debe ser revisado con transparencia, no como un gesto de limpieza, sino como una condición para restaurar confianza.
También se reportó la salida de colaboradores cercanos, incluido el jefe de Oficina de Taddei y varios asesores. Eso debilita operativamente a la red, pero no sustituye la responsabilidad institucional, las estructuras no desaparecen solo porque cambien los rostros.
La declaración de Ariadna Montiel, presidenta de Morena, deslindándose del nombramiento de Taddei, busca contener el fuego. Pero el problema no se resuelve con distanciamientos públicos. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, reconoció haber impulsado o recomendado a integrantes de la familia Taddei para cargos públicos.
Durazo negó la existencia de un “clan Taddei” y sostuvo que las designaciones respondieron a perfiles profesionales. Sin embargo, su propia explicación confirma algo relevante, hubo intervención política en la colocación de personas cercanas a la familia en espacios de gobierno y del partido.
Para Morena, esto genera tres riesgos. Desgaste reputacional, porque el partido queda asociado a una red de nombramientos y contrataciones cuestionadas, aunque no se acredite responsabilidad penal o administrativa.
Revela también fractura interna, porque dirigentes y gobernadores pueden distanciarse del caso para proteger sus propias posiciones. Pérdida de iniciativa narrativa, porque el oficialismo intenta presentar el asunto como un problema de una “burocracia electoral” de décadas, mientras la oposición puede presentarlo como evidencia de captura política del sistema electoral.
Decir que las acusaciones no afectarán la confianza en las elecciones de 2027 -para renovar 300 diputaciones federales y 17 gubernaturas- es una afirmación política, no una garantía institucional. El efecto dependerá de si las auditorías identifican responsabilidades concretas, si se corrigen de manera visible los procesos de contratación y designación, y si el INE demuestra que las elecciones se organizarán bajo reglas imparciales.
El riesgo principal no es necesariamente que se alteren los resultados. Es que se erosione la percepción de neutralidad. En un proceso con 17 gubernaturas en disputa, la designación de consejeros y presidentes de OPLE es especialmente sensible, quienes administran elecciones estatales no pueden ser percibidos como parte de una red política si provienen de nombramientos cuestionados.
Para que el “maremoto Taddei” no se convierta en una crisis de legitimidad electoral, se requieren acciones verificables, no discursos. En primer lugar una auditoría integral de la ASF sobre contratos, licitaciones, subcontrataciones y beneficiarios, con resultados públicos.
Revisión de todos los nombramientos vinculados a Taddei en OPLE, no solo los siete frenados; Separación efectiva de funcionarios bajo investigación mientras se deslindan responsabilidades.
Reforma o revisión de los mecanismos de contratación de material electoral, para evitar la concentración en empresas intermediarias y por último transparencia absoluta sobre el papel de Morena, Durazo y otros actores políticos en la recomendación o impulso de nombramientos.
El “maremoto Taddei” ya produjo un efecto institucional, frenó nombramientos, provocó salidas y obligó al INE a revisar contratos y designaciones. Pero su implicación mayor será política y electoral.
Si las autoridades demuestran con hechos que el sistema puede limpiarse a sí mismo, el escándalo podría convertirse en una oportunidad para fortalecer la confianza. Si solo hay renuncias, deslindes y discursos, quedará la sensación de que el sistema electoral mexicano sigue siendo vulnerable a redes de influencia, y esa sensación podría pesar mucho justo antes de un ciclo electoral decisivo como lo es 2027.
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