**LINOTIPIA
/ Peniley Ramírez /
Desde que comenzó la pandemia de Covid-19, los grupos criminales en México se fragmentaron y se expandieron. Enfrentan al gobierno y el gobierno no los contrarresta.
Más de la mitad de los asesinatos están relacionados con el crimen organizado. El 90% de los crímenes no se reportan. Los medios se autocensuran. Los criminales amenazan a periodistas. Los flujos ilegales de fentanilo en la frontera aumentan. El gobierno de López Obrador ha evitado acciones policiales de gran escala contra los traficantes de drogas. Primero, la administración obradorista rechazó la estrategia de ir por los capos. Ahora la abraza, discretamente. Esta estrategia es menos efectiva que desarticular mandos medios. Y trae más violencia.
Hay una crisis forense e investigaciones deficientes. Para mantener el control político, los grupos criminales desaparecen a las personas. El número oficial de asesinatos no incluye a miles de desaparecidos o personas encontradas en fosas comunes y clandestinas. Desde 2019, aumentaron los desaparecidos en Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas y la Ciudad de México, donde los grupos criminales son más activos.
El Presidente abandonó una promesa de campaña. Apuntaba a que se reduciría el papel de los militares en la seguridad pública. En lugar de eso, lo extendió. Esto también trajo más terror. Solo en 2020, la violencia obligó a casi 10 mil mexicanos a irse del lugar donde vivían.
Los criminales usan tecnología cada vez más letal, como bombas montadas en drones, para expandir su territorio. Los grupos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación son predominantes, los principales causantes de la violencia. Tienen, en el gobierno, redes de sobornos y corrupción muy bien establecidas. El mandato de López Obrador se encamina a ser el más violento en la historia reciente de México…
Los párrafos anteriores no son un resumen de mi opinión, sino las citas más explosivas de un informe que publicó en junio el Congreso de Estados Unidos sobre el gobierno de López Obrador. En marzo, habían publicado otro igual de duro. En septiembre pasado, criticaron en un reporte más la estrategia de seguridad obradorista.
Las fuentes de estos informes, a los que tuve acceso vía transparencia, son datos del gobierno estadounidense y reportes del Comité de Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, con sede en Suiza; Transparencia Internacional y Human Rights Watch.
“Hay un deterioro significativo de la seguridad en México. Los grupos criminales son cada vez más descarados y agresivos. Atacan a la población común y crean terror, efectos psicológicos que impiden a la gente moverse y mover sus mercancías”, me dijo Vanda Felbab-Brown, investigadora del Instituto Brookings de Washington. “El gobierno de Estados Unidos ha tratado a López Obrador con guantes de terciopelo. Ha sido cuidadoso en no decir que hay terrorismo en México. Hacerlo significaría que México no puede recibir ni un centavo de ayuda oficial estadounidense”.
A pesar del silencio oficial, estos reportes son el único vistazo, tras bambalinas, a la evaluación que ha hecho la administración de Joe Biden sobre el México de López Obrador. A pesar de lo tajante de estas conclusiones, el gobierno de Biden ha evitado informar si investigan narcoterrorismo en México. En cambio, negocian con López Obrador un nuevo plan de seguridad.
El nuevo acuerdo se llamará “Marco del Bicentenario México-Estados Unidos sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras”. Sustituirá a la Iniciativa Mérida, el programa de ayuda que operó entre 2007 y 2021. Se centrará en temas de salud pública, y menos en capacitaciones o equipamiento policiaco. Se anunció en 2021 y se divulgaron algunos detalles y ejes de su operación.
En enero debía anunciarse toda la información del acuerdo. Meses más tarde, ambos gobiernos continúan negociando. México se comprometió a extraditar a más criminales. Estados Unidos ha guardado silencio sobre la escalada de violencia y los bloqueos en varias ciudades mexicanas.
En medio de los acuerdos diplomáticos, el Congreso de Estados Unidos publicó estos informes. Los ha mantenido con un bajo perfil, sin darles mayor publicidad, hasta ahora. Veremos qué pasa después del acuerdo.
