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/ Gretchen Kuhner*/
Han sido días de mucho movimiento mediático tras la toma de posesión de Donald Trump. Su segunda administración incorpora actitudes y propuestas de política que ya conocíamos sobre el tema migratorio, con retos nuevos. Por ejemplo, en su primer mandato, su retórica sobre la población migrante fue más fuerte que las políticas implementadas: no pudo terminar de construir el muro, no deportó a millones de personas, y no logró cerrar la frontera al tránsito irregular como había dicho. Sin embargo, las implementadas como “Quédate en México”, Título 42 y Tolerancia Cero dejaron a muchas personas en condiciones de vulnerabilidad, esta última fue la que movilizó a la población en general a pedir un alto a la crueldad.
En esta segunda vuelta, su retórica es aún más fuerte, sobre todo con las amenazas de las deportaciones masivas, aún si no ha sido claro por qué es necesario deportar a millones de personas indocumentadas, más allá de sacar a las personas extranjeras que han cometido delitos, quienes de por sí estarían deportadas bajo las leyes migratorias estadounidenses sin importar si la administración es demócrata o republicana, y quienes representan un porcentaje bajo de las 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos. Además de las deportaciones masivas, Trump se concentra en cerrar la frontera a solicitantes de asilo reactivando “Quédate en México” o Título 42 y la eliminación de la aplicación CBP One, que representaba la única opción de pedir una cita en la frontera para solicitar asilo. Actualmente hay alrededor de 200 mil personas esperando citas en México.
Es claro que las políticas no están basadas en evidencia, sino diseñadas para fomentar el miedo “al otro”, a pesar de que Estados Unidos es un país de inmigrantes -Elon Musk, el asesor cercano al presidente, es un inmigrante de Sudáfrica; la esposa de su vicepresidente es hija de inmigrantes y él ha contratado a miles de trabajadores migrantes con visas temporales en sus empresas. Entonces, no es que esté en contra de la inmigración per se, sino criminaliza una categoría de personas migrantes que, en su mayoría, son de países con altos índices de pobreza, sistemas de educación precarios, y de color de piel más oscura. Es decir, es más una política de Make America White and Rich Again, que una política económica o de seguridad, ya que la evidencia generada en las últimas décadas establece que la economía estadounidense depende de las personas migrantes, y estas cometen delitos en una tasa muy por debajo de la población con generaciones viviendo en el país. Además, deportar a personas que mandan remesas es la forma perfecta de aumentar la migración. Sin embargo, en esta segunda administración, Donald Trump ganó el voto popular y el partido republicano tiene la mayoría en las dos cámaras en el Congreso, lo que les permitirá realizar cambios legislativos que podrían infligir más daños a las personas migrantes.
Durante su campaña, el tema migratorio fue uno de los que más adeptos unió por lo que se siente obligado a realizar acciones de alto impacto mediático, como la firma de cientos de órdenes ejecutivas para deshacer las de Biden, la cuales promovía la migración regular a nivel regional; una declaración de emergencia para militarizar la frontera; redadas en ciudades santuario para detener y deportar a personas indocumentadas, aún si forman parte de familias con hijas e hijos nacidas en Estados Unidos, y elementos divisibles en la frontera.
Las amenazas han sido tan fuertes que han movilizado a los gobiernos de México y Centroamérica a elaborar planes y logística para recibir a las personas deportadas a través de la frontera o vía área. Estos países temen su falta de capacidad para integrar a las personas retornadas, así como la pérdida de remesas, que sostienen un porcentaje importante de las economías y sirven como programas sociales privados. Al mismo tiempo han tenido que invertir en diseñar estrategias para sortear los aranceles del 25% que Trump ha prometido implementar. Es el mismo modus operandi: generar miedo, incertidumbre, y caos para que los socios o contrapartes se desgasten preparándose para múltiples contingencias.
¿Cuáles son los impactos inmediatos de estas amenazas y acciones para cumplir con su dicho? Por un lado, la población de 11 millones de personas indocumentadas se ha organizado para conocer sus derechos y planear ante una posible detención: poniendo sus documentos en orden y pensando en una potencial separación familiar. Hay reportes de depresión y angustia entre las niñas y los niños que van a la escuela todos los días sin saber si sus madres y padres van a estar cuando regresen.
Por otro lado, las personas con necesidades de protección internacional que han huido de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, el norte de Centroamérica y otros países, quienes llevan meses caminando por el continente llegando a México con la esperanza de poder solicitar una cita a través de la aplicación CBP One, se han quedado sin opción para solicitar asilo en la frontera. Estas familias ahora van a tener que decidir si van a solicitar asilo en México o irse a la frontera para tratar de cruzar de forma irregular. Los traficantes son los que más van a ganar con las nuevas políticas de Trump que, lejos de combatir al crimen organizado y la migración irregular, la va a fomentar.
*Directora Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)
