FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO
DESDE A JANELA
El pasado 15 de octubre fue detenido en California el General Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Peña y su detención derivó debido a que es investigado y ahora acusado por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Esa indagatoria fue realizada por la DEA y el contenido de las acusaciones se resumen en el nombre que le dieron a la investigación: “Operación Padrino”, toda vez que es acusado de dar protección y conspirar para que grupos de narcotraficantes mexicanos llevaran a cabo contrabando de drogas en los Estados Unidos de América.
La investigación que debiera de ser rutinaria, al menos eso es lo que pasa en países con un verdadero estado de derecho, en México cayó como una bomba debido a que por una parte se cuestiona fuertemente una serie de mitos que el PRI en su época de oro nos inculcó y por la otra vemos con incredulidad la pasmosa actuación del gobierno dizque anticorrupción que tenemos en el presente.
Pero vayamos por partes, es bien sabido que México ha tenido una historia contemporánea diferente a la del resto de los Estados de América Latina y eso es debido a que las fuerzas armadas mexicanas desde la década de los cuarenta del siglo pasado se han abstenido de intervenir en la vida política mexicana y de ello deriva el que no ha habido desde ese tiempo una sola asonada o un golpe de estado protagonizado por la milicia como sí ha sucedido en resto del subcontinente.
Pero esa abstinencia política por parte de las fuerzas armadas tiene su precio y ese precio consiste en que la no intervención es de ida y vuelta, es decir ninguna autoridad civil se mete por ningún motivo en los asuntos internos de las corporaciones militares, quienes con total falta de transparencia gestionan todos sus gastos y de la misma manera solo responden de sus actos ante Dios y las mismas autoridades militares.
En pocas palabras, si alguien es verdaderamente soberano en este país lo es la milicia, ya que nadie sabe que hacen con su presupuesto ni que contratos realizan ni las condiciones en las que los celebran, tampoco nadie sabe cómo viven los mandos ni a quien sirven; tan es así que si observan con atención en toda la legislación de transparencia si no están eximidas de rendir cuentas, siempre tienen la puerta falsa para escapar del escrutinio público que consiste en la reserva por tratarse de actividades estratégicas y/o de seguridad nacional.
Claro, también tienen sus virtudes como el haber creado una industria propia de armamento o el fiel cumplimiento de su deber hacia el país tanto en acciones anti criminales del pasado como en respuesta a desastres naturales, más esas virtudes no contrastan el hecho de que son para todos los efectos prácticos un Estado dentro de otro Estado.
Aunado a lo anterior y para justificar la falta de cuestionamientos el Estado mexicano siempre procuró inculcar en la población una imagen impoluta de las corporaciones militares y por ello nadie piensa en cuestionarlas en lo más mínimo y por su parte los militares nunca se mezclan, al menos con el uniforme puesto, con el resto de la población.
Siendo así que en México se suele tachar de corruptos a los políticos, a las policías, a los sectores educativos y de salud y a un sinfín de autoridades de todo tipo, pero casi nunca a las fuerzas armadas; lo cual es derivado del mito que nos hemos creído pero que no resiste a un análisis lógico ya que, si todo el país está infestado de corrupción ¿Por qué las fuerzas armadas que son y provienen del mismo país no habrían de estarlo también?, por eso mismo digo que no es tan extraño el caso del General.
Lo anteriormente señalado nos lleva a la otra parte de lo que el escándalo de la Operación Padrino causó en el país y esa es la actuación pasmada del más conservador de los gobiernos que hemos tenido y que además en su afán corruptor prácticamente ha puesto al país en manos de los militares, total que a ellos no se les cuestiona y con esa impunidad pueden hacer negocios oscuros en obras como la del supuesto aeropuerto de Santa Lucía o Felipe Ángeles como quieran llamarlo, total es un deshonor para ambos nobles personajes, o poner en manos de las mismas la seguridad interna y así perseguir solo a las mafias contrarias a las que el gobierno actual protege, ya que no hay rendición de cuentas.
En razón de lo anterior es que ni la fiscalía General de la República ni los sabuesos del régimen que son los de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda han dicho esta boca es mía o sea han iniciado alguna investigación en relación a la detención del general Cienfuegos.
Más bien han hecho todo lo contrario y López que se asumió como el vocero único del gobierno para informar sobre este caso, lo único que atinó a medio balbucear es que no sabía nada del asunto y que los norteamericanos no le habían informado antes pero que no se va a hacer nada hasta en tanto se lleve a cabo el juicio del general en el vecino país, ya que hay que respetar la presunción de la inocencia del acusado.
Lo sorprendente del asunto es que ahora sí López respeta la presunción de la inocencia cuando su actuar normal es organizar piras en Palacio Nacional y aventar en ellas a todos los que opinan diferente a él y más cuando la obligación del Estado mexicano no es prejuzgar y condenar al general caído, sino que es iniciar todas y cada una de las investigaciones que en el ámbito nacional puedan derivar de los cargos que enfrenta en el país vecino.
Simplemente no hay voluntad de cumplir con sus obligaciones constitucionales tanto por parte del presidente como del adorno que está al frente de la fiscalía General de la República o acaso ¿Alguien ha visto a Gertz Manero mencionar algo al respecto?
Ya que a pesar de que López se haya proclamado vocero único del gobierno, la fiscalía escapa a esa proclamación porque es un órgano autónomo y que además es el que está en el ojo del huracán en este momento, ya que es la que tiene la obligación de iniciar las investigaciones pertinentes al haber una sospecha de que puede haber muchas irregularidades en las fuerzas armadas, aunque no es descartable que en los próximos días añadan a la consulta popular esa cuestión.
En conclusión y más allá de que si es culpable o no el general Cienfuegos de los delitos que le atribuyen, la ocasión debiera de servir para abolir esa soberanía que es el fuero militar e incluir en la fiscalización y en la transparencia a las corporaciones armadas y por supuesto encomendar a civiles la conducción de las dos secretarías tal y como sucede en todos los países democráticos del mundo.
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