- La vuelta a Veracruz en un teclazo .
/ Yamiri Rodríguez Madrid /
La creación del Órgano de Administración Judicial en Veracruz es quizá la transformación más silenciosa, pero a la vez más trascendente, de la actual reforma judicial. Con su instalación a partir del 1 de septiembre, este cuerpo colegiado asumirá funciones que antes correspondían al Consejo de la Judicatura, pero con un mandato claro: garantizar independencia técnica y criterios de austeridad en la administración del Poder Judicial.
La lista de sus cinco integrantes refleja la pluralidad de poderes: Alma Rosa Flores Ceballos (Legislativo), María del Socorro Hernández Cadena (Ejecutivo), y por parte del Poder Judicial, Antonio Sobrevilla Castillo, Diana AdivedCruz Villegas y Víctor Priego López.
A este movimiento estratégico de la gobernadora Rocío Nahle se suma, con peso político nacional, Néstor Vargas, quien representará directamente al Ejecutivo federal dentro del órgano de administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En concordancia política, la propia presidenta Claudia Sheinbaum lo definió: este órgano federal será clave para imprimir un sello de austeridad en la justicia mexicana.
El mensaje político es claro: la justicia no puede seguir siendo un reducto de privilegios ni de castas intocables. La presencia de Vargas, —cercano a Sheinbaum—, vigilando de cerca a Hugo Aguilar nuevo presidente de la Corte, asegura que el Ejecutivo federal tendrá una voz directa en la vigilancia de cómo se administran recursos federales, tal como se realizará en Veracruz. Así, el gobierno estatal encabezado por Rocío Nahle, muestra voluntad de alinear la política veracruzana con la agenda nacional.
El nuevo órgano será también un espacio de tensión inevitable. Las inercias internas del Poder Judicial no desaparecerán por decreto. Habrá resistencias, pugnas y quizá intentos de boicot. Pero la clave estará en la capacidad de este organismo para sostener el equilibrio entre autonomía y responsabilidad pública.
Esto viene a colación porque la semana pasada, la próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia a partir del 1 de septiembre, Rosalba Hernández, declaró que bajará los salarios a los magistrados; cosa que no puede ser ya que al ser una triada, con la reforma judicial, es función exclusiva del órgano administrativo y no del Tribunal Superior, el cual sólo ella encabeza. No tiene jurisdicción alguna en ese tema.
En política, la forma también es fondo y la próxima presidenta no debe olvidarlo: una cosa es el tecnisismo y otra las reglas no escritas del quehacer político y de las que tiene mucho por aprender.
Si cumple con su cometido, Veracruz podría convertirse en ejemplo nacional de cómo modernizar la justicia desde sus cimientos. Si fracasa, la reforma será vista como un capítulo más de buenas intenciones truncadas. A partir de septiembre, los ojos estarán puestos en ella y en este árbitro de la justicia veracruzana.
@YamiriRodriguez
