*El camino entre papeles y juzgados.
Alba Valdez/ Testigo Púrpura
“Si no tienes dinero, la justicia no llega a tu familia”, es así como Alicia define los 5 años que ha vivido en el Juzgado de lo Familiar entre trámites y postergaciones, donde ha tratado de obtener una pensión alimenticia puntual y digna para su hijo e hija, por parte de su expareja.
A pesar de que en una ocasión Miguel, el papá de su hijo e hija, fue detenido por la Policía por negarse a asistir a las audiencias para llegar a un acuerdo sobre la manutención, sigue incumpliendo con su deber y ejerciendo violencia económica contra Alicia.
La violencia económica, según la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, es la acción u omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima.
Dentro de este tipo de violencia se encuentra el incumplimiento de las obligaciones de la paternidad, entre ellas, negarse a pasar una manutención a los hijos o hijas que hayan procreado en el matrimonio o en unión libre.
“La acción u omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima (…) se considerará como tal, el no reconocimiento de la paternidad y/o el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la misma”, señala dicha Ley.
Años y más años
El camino entre papeles y juzgados empezó en el 2014 pues Alicia había procreado una hija y un hijo con Miguel.
Tres años después (en 2017) un juzgado determinó la pensión alimenticia: él le daría 500 pesos semanales más la mitad de los gastos médicos y escolares que tuvieran el niño y la niña, también tendría derecho a convivir los domingos.
Durante el 2017 y 2018 los pagos fueron impuntuales pues se retrasaban hasta 2 meses; por eso Alicia tuvo que buscar otras formas de ingresos económicos, además de cuidar a su hijo e hija.
Pagar para dejar de ser víctima
Los tres años que tardó Alicia en que la Ley obligara a Miguel darle pensión, fue porque no contaba con un abogado. Solicitó apoyo ante el DIF municipal y le asignaron a uno, pero ella tuvo que pagar todos los gastos de pasajes y comidas del licenciado.
“Me decían que no había (abogado de oficio), que yo llevara el mío si quería que saliera rápido el trámite, entonces conseguí el del DIF, pero tuve que pagarle como 200 pesos cada que iba a hacer algún trámite, y pues se tardó como 3 años para poder hacer que Miguel firmara que pagaría”, cuenta.
En 2015, el 10 por ciento de las mujeres del país vivió violencia económica o patrimonial, de acuerdo con la encuesta de ENDIREH, del INEGI 2016.
Alicia fue una de ellas y la violencia se ha prolongado, pues a partir de enero de este año, nuevamente, el padre de su hijo e hija, dejó de pasarle los 500 pesos semanales y de comunicarse.
Según el Artículo 234, del Código Civil para el Estado de Veracruz, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos o hijas y tiene derecho a pedirlo la persona que tenga bajo su cargo la patria potestad o la tutoría del o la menor.
Pero además el no proporcionar este recurso es violencia económica, un delito que en el Código Penal se contempla que se sanciona con 4 a 6 años de prisión o con una multa de hasta 600 días de salario mínimo.
“Al principio no quería hacerlo, pero los niños crecen y me pregunto qué voy a hacer cuando entren en la Universidad, cuando tenga mayores gastos”
Alicia
Ahora, Alicia tuvo que pagarle a un abogado particular para que en esta ocasión presentara una demanda de embargo de sueldo al padre de sus hijos, lo que aun está en trámite.
“Ahorita lo que el abogado está haciendo es que le vamos a embargar el sueldo y todas sus prestaciones, también solicitaremos el 50 por ciento de su sueldo mensual más las utilidades (…) al principio no quería hacerlo, pero los niños crecen y me pregunto qué voy a hacer cuando entren en la Universidad, cuando tenga mayores gastos”, cuenta.
El Artículo 253 del Código Civil, indica que el deudor que se niegue a entregar lo necesario para darles una vida digna a la familia, se hará responsable de las deudas que contraigan para exigirle que les dé el dinero.
Dahana y Miguel, los hijos de Alicia, ahora tienen 14 y 10 años, ambos están por empezar un nuevo ciclo escolar que significará un gasto de más de 4 mil pesos para su mamá, por lo que espera que para antes de que empiecen sus clases el tema del embargo esté resuelto.
“Hay veces en las que sí me siento mal de la preocupación, pero por ahora con el abogado que tuve que pagar, por lo menos tengo esperanza que será un trámite más rápido”, añade.
