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22.01.2026;Xalapa, Ver.- El periodista de nota roja Rafael León Segovia, conocido como “Lafita”, obtuvo un amparo federal que dejó sin efecto la medida cautelar de resguardo domiciliario que le había sido impuesta en el marco de un proceso penal iniciado en diciembre pasado.
Con esta resolución, el comunicador recuperó su libertad de tránsito y podrá retomar sus labores informativas en las calles de Coatzacoalcos, aunque el proceso judicial en su contra continúa abierto.
León Segovia fue detenido en diciembre de 2025 y señalado inicialmente por la Fiscalía General del Estado de Veracruz del delito de terrorismo, imputación que generó críticas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión por considerar que se trataba de un intento de criminalizar la labor periodístico.
Posteriormente, la acusación fue modificada a encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. Durante el proceso, se le impuso la medida de arraigo domiciliario por un año, lo que limitaba su movilidad y ejercicio profesional.
El recurso legal fue promovido por su equipo de abogados ante instancias federales y derivó en la suspensión de la medida cautelar. Según la defensa, la única condición que deberá cumplir el periodista es presentarse periódicamente ante los tribunales para firmar el acta de comparecencia, en tanto se define su situación jurídica.
León Segovia confirmó que ya recibió la notificación oficial y expresó su intención de retomar de inmediato la cobertura de hechos policiacos y de seguridad en la región sur del estado.
Con más de dos décadas de trayectoria, Rafael León se ha dedicado a la cobertura de nota roja en Coatzacoalcos, una zona marcada por la violencia y la presencia de grupos criminales.
Su trabajo lo convirtió en un referente local en la información sobre hechos delictivos, pero también lo expuso a hostigamiento y presiones al grado de ser acusado por llegar antes que la policía a los sitios donde se generan hechos violentos.
Organizaciones como ARTICLE 19 han documentado que el periodista ha enfrentado un ambiente adverso por su labor, incluyendo señalamientos estos directos de autoridades estatales.
El caso generó un amplio debate en Veracruz. La imputación inicial por terrorismo fue considerada desproporcionada y provocó la renuncia de la fiscal regional de la zona sur, Karla Díaz Hermosilla, el 7 de enero de 2026, en medio de cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía en torno al periodista y otras personas igualmente acusadas de terrorismo.
La resolución judicial que le permite continuar su proceso en libertad representa un giro significativo en un caso que ha puesto en tensión la relación entre las autoridades y el ejercicio periodístico en Veracruz.
Aunque la acusación formal aún no ha sido resuelta, el amparo federal abre la posibilidad de que el comunicador enfrente su proceso sin restricciones de movilidad y con la oportunidad de continuar su labor informativa en un contexto de alta violencia en la región.
Cronología del caso Rafael León “Lafita”
El proceso judicial contra el periodista de nota roja Rafael León Segovia, ha tenido varios hitos que permiten entender la dimensión del caso y la confrontación que se generó entre autoridades y defensores de la libertad de expresión. A continuación se presenta un recuento de los principales momentos:
Diciembre de 2025. Rafael León es detenido en Coatzacoalcos y señalado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz del delito de terrorismo. La acusación se basó en presuntos vínculos con hechos violentos en la región, lo que generó críticas inmediatas por la desproporción de la imputación.
Finales de diciembre de 2025. La Fiscalía modifica la acusación y lo señala por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. Se le impone como medida cautelar el resguardo domiciliario por un año, lo que limitaba su movilidad y ejercicio profesional.
7 de enero de 2026. En medio de la polémica por el caso, la fiscal regional de la zona sur, Karla Díaz Hermosilla, presenta su renuncia. La decisión fue interpretada como consecuencia de la presión pública y de las críticas hacia la actuación de la Fiscalía en torno al periodista.
Enero de 2026. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como ARTICLE 19, reiteran que el caso constituye un ejemplo de criminalización del trabajo periodístico en Veracruz, estado que históricamente ha registrado altos niveles de violencia contra comunicadores.
22 de enero de 2026. Un tribunal federal concede a Rafael León un amparo que deja sin efecto la medida cautelar de resguardo domiciliario. Con ello, el periodista recupera su libertad de tránsito y puede retomar su labor informativa, aunque el proceso judicial en su contra continúa abierto.
La resolución judicial que lo deja en libertad marca un giro en el proceso, pero también mantiene vigente el debate sobre la protección de los comunicadores en un contexto de violencia y hostigamiento.
