*Editorial
22.01.2026 BPNoticias.- El caso de presunto abuso sexual que involucra al cantante Julio Iglesias ha reactivado una conversación urgente y postergada: la vulnerabilidad estructural de las trabajadoras del hogar, especialmente en contextos privados donde las relaciones de poder son profundamente desiguales.
Más allá del personaje público, lo que este episodio revela es una dinámica persistente en la que miles de mujeres enfrentan riesgos cotidianos en espacios que, por definición, escapan al escrutinio público.
Las trabajadoras del hogar, en su mayoría mujeres, operan en entornos donde la intimidad de la familia empleadora se convierte en terreno de subordinación. La casa, que para otros representa seguridad, puede transformarse en un espacio de control, aislamiento y abuso.
La falta de testigos, la informalidad laboral, el miedo a perder el empleo y la normalización de conductas violentas dificultan que las víctimas denuncien. En muchos casos, el abuso se perpetúa durante años sin que exista una vía clara de justicia.
El enfoque de género permite entender que esta vulnerabilidad no es casual ni anecdótica. Está sostenida por estructuras patriarcales que colocan a las mujeres en posiciones de dependencia económica, subordinación social y desprotección legal.
Las trabajadoras del hogar enfrentan además una doble discriminación: por ser mujeres y por desempeñar un trabajo históricamente invisibilizado.
A pesar de los avances legislativos en países como México, donde se han reconocido derechos laborales básicos para este sector, la implementación sigue siendo limitada y la protección frente a la violencia sexual es prácticamente inexistente.
Esta violencia es interseccional. Afecta más a quienes cruzan desigualdades de origen, edad y estatus migratorio, agravadas por el desconocimiento de derechos y la desconfianza en el sistema.
El caso que involucra a Iglesias no es el primero ni será el último. Lo que lo hace relevante es que pone en evidencia cómo el prestigio, el dinero y la fama pueden operar como escudos de impunidad.
Pero también cómo el cuerpo de las mujeres trabajadoras se convierte en territorio de abuso cuando no existen mecanismos efectivos de control y reparación. La denuncia, en este contexto, no solo es un acto de valentía individual, sino una interpelación colectiva a revisar las condiciones en que se ejerce el trabajo doméstico.
Es necesario que los sistemas judiciales, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto reconozcan que la violencia en espacios privados no es menos grave por ocurrir tras puertas cerradas. Al contrario, exige una respuesta más firme, más empática y más estructural.
Las trabajadoras del hogar merecen entornos seguros, contratos formales, acceso a justicia y, sobre todo, el reconocimiento de que su labor no las convierte en propiedad ni en blanco de abuso.
Este caso, como otros que han salido a la luz en los últimos años, debe servir para impulsar reformas, fortalecer redes de apoyo y desmontar la idea de que el hogar es un espacio neutral.
Análisis de activistas refieren que Visibilizar no es morbo, es responsabilidad colectiva. Sin prevención, redes de apoyo y acceso real a la justicia, el silencio seguirá protegiendo al abuso.
Porque cuando el poder se ejerce sin límites, la intimidad puede convertirse en violencia. Y cuando la víctima es una mujer trabajadora, el silencio no es una opción.
