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22.09.2023.- En un encuentro histórico con el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA), el Poder Judicial de la Federación (PJF) de México reafirmó su inquebrantable compromiso en la lucha contra las detenciones arbitrarias.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del PJF, lideró este trascendental encuentro, respaldando las responsabilidades tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la erradicación de las detenciones arbitrarias.
La ministra Piña destacó que este compromiso no solo responde a las obligaciones constitucionales y convencionales, sino también a una convicción profunda y arraigada. Enfatizó que la protección de la dignidad de las personas, el debido proceso y el acceso a la tutela efectiva se reflejan plenamente en la lucha contra las detenciones arbitrarias.
Acompañada por figuras destacadas del PJF, como la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y los consejeros de la Judicatura Federal Sergio Javier Molina Martínez y Bernardo Bátiz Vázquez, la ministra presidenta recibió a una delegación del GTDA, marcando la primera visita de este grupo a México en más de dos décadas.
La ministra presidenta señaló que el PJF ha estado atento a las recomendaciones emitidas por el GTDA desde 2002 y se compromete a presentar un informe detallado sobre una serie de temas de interés para el grupo. Estos incluyen el estado de consolidación del sistema de justicia penal acusatorio y las resoluciones judiciales relacionadas con la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, así como el abuso de la prisión preventiva oficiosa.
Además, anunció que La Corte tiene previsto publicar un protocolo de actuación para jueces y defensores públicos a finales de este año. Este protocolo se centrará en la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio y proporcionará herramientas prácticas basadas en precedentes jurisprudenciales y estándares internacionales.
La ministra Norma Piña también abordó la preocupación del GTDA sobre la persistente impunidad en casos de detenciones arbitrarias. Explicó cómo el PJF ha fortalecido la protección de las personas a través del registro exhaustivo de cada detención. Aclaró que todas las autoridades involucradas en la seguridad pública, incluyendo las fuerzas armadas, están obligadas a cumplir con esta medida.
En cuanto a la independencia judicial, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat destacó su importancia fundamental. Señaló que La Corte ha facilitado un diálogo armonioso entre la legislación nacional y la normativa internacional en relación con violaciones graves de derechos humanos, incluyendo las detenciones arbitrarias.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá subrayó que la prisión preventiva debe ser la excepción y que la libertad de los acusados debe ser la norma en el sistema penal acusatorio. Hizo hincapié en que los jueces deben aplicar estrictamente los estándares de derechos humanos y los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad al evaluar la necesidad de la prisión preventiva.
Sergio Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura Federal, habló sobre la necesidad de un cambio cultural en todas las instituciones involucradas en la impartición de justicia. Destacó la importancia de programas de capacitación y garantía de audiencia para lograr este cambio.
El Juez Antonio González García abordó el desafío de la ejecución de penas en México y cómo el sistema de justicia penal se enfrenta a un aumento constante en la población carcelaria. Explicó la necesidad de desarrollar soluciones efectivas para abordar esta creciente carga de trabajo.
Finalmente, la magistrada Taissia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, habló sobre el abuso de la prisión preventiva en México. Informó que se han presentado solicitudes de modificación de prisión preventiva oficiosa para personas vulnerables, siguiendo los recientes criterios de La Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En conjunto, el Poder Judicial de la Federación reiteró su firme compromiso en la lucha contra las detenciones arbitrarias y su disposición
