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/ Eduardo Sadot /
Uno de los riesgos más frecuentes en la política consiste en confundir la percepción con la realidad. Cuando las conclusiones se construyen a partir de sospechas o convicciones previas, los hechos dejan de ser el punto de partida del análisis y se convierten únicamente en elementos utilizados para confirmar una narrativa previamente elaborada.
Las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto de una cena organizada por la American Society ofrecen un ejemplo que merece reflexión. A partir de la asistencia de dirigentes partidistas, legisladores, empresarios y comunicadores, se sugirió que algunos de los participantes forman parte de sectores interesados en afectar a su gobierno y a la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Incluso se hizo referencia a la convergencia de sectores de derecha mexicanos y estadounidenses, una idea que en realidad no es nueva y que había sido planteada previamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus cartas públicas sobre la relación con Estados Unidos.
Sin embargo, el propio intercambio ocurrido durante la conferencia permite observar elementos que invitan a un análisis más cuidadoso. Se aclaró que la reunión no fue organizada por la Embajada de Estados Unidos, sino por una organización privada con años de existencia y actividades públicas conocidas. También se señaló que funcionarios del propio gobierno mexicano habían sido invitados al encuentro. Resulta igualmente relevante que la pregunta formulada incorporara una hipótesis previa sobre los asistentes, una práctica frecuente en ejercicios de comunicación política donde la pregunta deja de buscar información para orientar una conclusión.
Conforme avanzó la respuesta presidencial, la atención pareció centrarse más en algunos participantes específicos, particularmente Ricardo Salinas Pliego y Alejandro Moreno Cárdenas, que en la naturaleza misma del evento. Cuando las personas sustituyen a los hechos como eje de la discusión, existe el riesgo de que la percepción termine imponiéndose sobre la realidad.
En cualquier análisis serio debe existir una diferencia fundamental entre los hechos comprobados y las conclusiones que se derivan de ellos. El hecho es que hubo una reunión organizada por particulares. El hecho es que asistieron representantes de diversos sectores políticos, empresariales y sociales. Lo que hasta ahora no ha sido acreditado públicamente es que el propósito del encuentro fuera conspirar contra el gobierno mexicano o promover alguna forma de intervención extranjera.
La vigilancia de posibles actos de injerencia constituye una obligación legítima del Estado. Ningún gobierno responsable puede permanecer indiferente ante amenazas reales a la soberanía nacional. Sin embargo, precisamente por la importancia de esa responsabilidad, las sospechas deben sustentarse en evidencias verificables y no únicamente en inferencias políticas.
La lógica democrática obliga a distinguir entre una reunión y una conspiración. De lo contrario, cualquier encuentro entre personas con opiniones distintas al gobierno podría ser interpretado como una amenaza. Bajo ese criterio, el simple diálogo entre opositores, empresarios, académicos, periodistas o diplomáticos sería suficiente para generar sospechas.
La defensa de la soberanía nacional exige firmeza frente a cualquier intento real de injerencia extranjera, pero también exige prudencia, objetividad y respeto por los hechos. Una democracia sólida no se fortalece suponiendo conspiraciones donde no existen pruebas, sino promoviendo el debate abierto, la pluralidad y el respeto a las diferencias.
La fortaleza de las instituciones radica en aceptar que personas con posiciones distintas pueden reunirse, dialogar y discrepar sin que ello constituya una amenaza para el país. Las democracias se debilitan cuando el desacuerdo se interpreta como traición, la crítica como enemistad y el diálogo como conspiración.
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