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/ Ana Laura Magaloni Kerpel /
El cobro de derecho de piso es el sistema tributario del crimen organizado. No recauda con requerimientos, multas y recargos, sino con amenazas de muerte. Miles de pequeños, medianos y grandes comerciantes viven así, con la pistola invisible sobre la nuca. Esa es hoy la normalidad en amplias zonas del país.
Este delito es territorial. El crimen avanza negocio por negocio, cuadra por cuadra. Se mapea quién vende tortillas, quién opera una bodega, quién maneja un tianguis, quién tiene un restaurante o una farmacia, y se establece una tarifa mensual. Quien cobra manda. El derecho de piso es una forma de gobierno local: decide quién abre, a qué precio vende y, a veces, en qué horario trabaja. También decide cuánto hay que pagar y quién muere si no lo hace. Donde ese “SAT criminal” se instala, el Estado pierde los dos monopolios que lo definen: el de la fuerza y el de la tributación. Llevamos décadas con un Estado sin el monopolio de la fuerza, pero es la primera vez que nos enfrentamos al amplio poder del crimen para imponer y cobrar “impuestos”.
¿Cómo llegamos aquí? Hipótesis: en el sexenio pasado se apostó por un repliegue del uso de la fuerza y por la contención del delito a través de programas sociales y trabajo territorial. Se abandonó por completo la construcción, en paralelo, de capacidades locales de policía, inteligencia y persecución criminal. Ese vacío abrió la puerta a que las mafias profesionalizaran su recaudación y expandieran su control del territorio. Hoy el cobro de derecho de piso se ha vuelto el indicador fino de nuestra crisis de seguridad porque expresa quién manda en la calle.
¿Qué efectos tiene que tantas personas emprendedoras sientan hoy una pistola invisible al cuello? Michoacán nos ofrece una fotografía. El derecho de piso produce impotencia y enojo social. Este hartazgo hoy comienza a canalizarse hacia posiciones políticas de derecha y de mano dura. ¿Dónde más se está gestando el fenómeno Michoacán? No lo sabemos; el cobro de piso es un cáncer no diagnosticado que ha hecho metástasis en muchas partes del territorio nacional.
A la Presidenta le toca enfrentar un control criminal territorial desbordado. Ella y su gabinete de seguridad lo saben. Su gobierno lanzó una Estrategia Nacional contra la Extorsión y en Michoacán se va a poner a prueba. El éxito de su estrategia es quizá lo más importante que pueda suceder en su sexenio. No es posible imaginar un país próspero e incluyente que no pase por recuperar el control del Estado en el territorio, al menos en lo que toca a la actividad económica del país.
El derecho de piso es un delito extremadamente complejo de perseguir y castigar. A diferencia de los homicidios, es un delito con una enorme cifra negra. El número de carpetas de investigación por extorsión no sirve para medir este delito. Las personas que pagan derecho de piso están amenazadas de muerte, por ello prácticamente no denuncian. Para romper el silencio de las víctimas, debe existir un cerco confiable y creíble de protección del Estado. Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, y Bernardo Bravo, presidente de la asociación de limoneros de Michoacán, alzaron la voz y hoy están muertos.
La solución es muy compleja. En un primer momento, se necesitan las capacidades federales de inteligencia y persecución para desarticular a las grandes mafias de cobro de derecho de piso sin esperar a que denuncien las víctimas. Sin embargo, la Federación no alcanza sola: sin policías estatales y fiscalías locales profesionalizadas y protegidas, lo ganado en operativos se perderá en semanas. El Plan Michoacán de la Presidenta contempla estos dos elementos.
El tercer elemento es el político y entiendo que no pueda ser explícito, pero es fundamental. La estrategia de la Presidenta debe lograr inhibir, frenar y sancionar los pactos entre las mafias y la clase política local -principalmente gobernadores y alcaldes-. De lo contrario, el SAT del crimen seguirá expandiendo su poderío territorial.
