*Escrito por Berenice Chavarría Tenorio.
27.03.2023. /CimacNoticias.com/ Chihuahua.- El 23 de marzo de 2017 Miroslava Breach Velducea, comunicadora de El Norte en Chihuahua y corresponsal de La Jornada, fue asesinada. A seis años del homicidio, únicamente dos personas se encuentran sentenciadas y dos más presuntos implicados perdieron la vida. En tanto, el resto de los responsables continúan en libertad.
Con información poco certera, omisiones y un “silencio cómplice”: así ha sido el proceso que ha tenido que enfrentar la familia para acceder a la verdad y la justicia detrás del asesinato de la periodista que dedicó gran parte de su trayectoria a narrar historias de violaciones a derechos humanos, agresiones a comunidades indígenas y los vínculos entre el gobierno y el crimen organizado.
Miroslava era periodista en uno de los estados donde el crimen organizado ha permanecido instalado por años. Tan solo de 2015 a 2017 publicó siete textos en los que hizo especial énfasis en un grupo criminal que opera en el municipio de Chínipas, Chihuahua, de donde ella era originaria.
La periodista informó también sobre el tráfico de marihuana y cocaína en la región, la violencia que el crimen organizado perpetraba contra las comunidades -misma que les obligó a desplazarse- pero sobre todo, señaló la protección que miembros de la delincuencia recibían por parte de las autoridades.
Comenzaron a surgir amenazas en contra de la periodista tras las publicaciones en las que señalaba las aspiraciones de familiares de miembros del crimen organizado para incursionar en la política. Incluso un funcionario público insistió a Miroslava a que revelara sus fuentes de información.
Un mes antes de su asesinato la periodista exhibió que el crimen organizado había infiltrado gobiernos y policías municipales en diez municipios, entre ellos Chínipa, recuerda el colectivo 23 de marzo (un grupo de periodistas que trabajan en México) en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), quienes se unieron para llevar a cabo el Proyecto Miroslava.
Cuando a Miroslava la cuestionaron sobre el por qué no dejar de investigar estos nexos en la “narcopolítica” al ser amenazada, ella respondió: «El silencio es complicidad”.
Solo dos detenidos por asesinato de Miroslava Breach
Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras, organizaciones que acompañan el caso, señalan que el proceso para acceder a la justicia ha sido “largo y complejo”. Pues la familia ha tenido que enfrentarse a la “opacidad, inactividad, ineficiencia institucional, incluso a la mala fe y corrupción de algunos operadores de justicia”.
En un inicio, destacan, tuvieron que hacer frente a impedimentos legales por parte de la Fiscalía de Chihuahua, que en reiteradas ocasiones negó a los hermanos de Miroslava el acceso a la investigación asegurando que “no eran víctimas indirectas del homicidio”.
“Enfrentamos la obstinación de una institución de procuración de justicia que buscaba a toda costa no informar qué investigaba o a quiénes dejaba de investigar. Fue necesario presentar un amparo y logramos que un juez federal reconociera que los familiares eran víctimas y ordenara el inmediato acceso a la investigación. Frente a esta resolución judicial, la Fiscalía de Chihuahua presentó recurso de revisión pues estaba inconforme, durante 11 meses a las víctimas les fue negado su derecho a conocer lo que la autoridad investigaba”, recordó Propuesta Cívica en un comunicado.
A la par tuvieron que exigir que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) ejerciera su facultad de atracción y sacara la investigación del fuero local y la llevara al federal. Tras diversas presiones y luego de 11 meses del asesinato de Miroslava se logró y fue posible acceder a la investigación completa.
Luego de un sinfín de audiencias, un impulso procesal, un trabajo de incidencia y de comunicación, el 21 de agosto de 2020 finalmente se logró obtener la primera sentencia condenatoria contra uno de los autores materiales del crimen, se trata de Juan Carlos Moreno Ochoa, quien fue sentenciado a 50 años de prisión por su participación en el crimen.
“Una sentencia en donde se comprobó que Miroslava fue asesinada por ejercer su labor periodística y por exponer la narcopolítica de Chihuahua; con la sentencia también se evidenció al segundo coautor material y al autor intelectual del reprochable crimen, un líder del narcotráfico con nexos políticos”.
Tras esta sentencia se pudo observar que, aunque las autoridades de Chihuahua aseguraron que se trataba de un crimen de “narcopolítica”, no habían abierto ninguna línea de investigación que involucrara a actores políticos.
Esta acción sí la realizó la FEADLE, así, luego de una larga investigación y a cuatro años del asesinato, el expresidente municipal de Chínipas, Chihuahua, Hugo Amed Schultz, aceptó las acusaciones y su responsabilidad penal por haber participado en el asesinato de la periodista, al político se le atribuyó la filtración de información al grupo criminal que ordenó y ejecutó el homicidio de Miroslava Breach.
Por lo anterior Hugo Amed Schultz fue condenado a ocho años de prisión, a una reparación integral del daño y una disculpa pública de viva voz del ahora sentenciado.
Se recrudecen crímenes contra mujeres periodistas en México
La actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, refirió a medios de comunicación que la investigación por el homicidio de Miroslava Breach continúa en curso. Y es que no ha dejado de cuestionarse sobre la participación de más personas, incluidos políticos o exfuncionarios públicos.
“Los compromisos se mantienen, hemos estado en comunicación con la Federación, es un caso en el que desgraciadamente hay un evento muy negro, detrás de lo que sucedió con Miroslava y también con la persona que hoy está penando”, expresó Campos.
En tanto, el nombre de Miroslava forma parte de la lista de mujeres periodistas asesinadas por el ejercicio de su labor. Tan solo en los últimos 15 años, 12 periodistas han sido víctimas de homicidio en nuestro país, destaca la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Por su parte, la organización Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) señala que la violencia contra mujeres periodistas no ha reducido, por el contrario, se ha recrudecido en los últimos años. Así lo revela el informe Palabras Impunes, donde la investigadora en el Programa de Libertad de Expresión y Género de CIMAC, Lucía Elisa Moguel Osorio, documentó que en 2013 se registraron 47 casos de agresiones, mientras que en 2021 la cifra fue de 232, lo que indica que el número de agresiones se quintuplicó.
CIMAC además destacó que las principales personas agresoras de las mujeres periodistas continúan siendo funcionarios públicos estatales (22.29%), particulares o civiles (17.47%) y funcionarios municipales (12.12%).
Aunque se cuenta con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, actualmente todavía no hay un protocolo que permita la recepción inmediata de las solicitudes de incorporación.
Al día de hoy, del total de mil 657 personas incorporadas al Mecanismo, 550 son periodistas, de los cuales 151 son mujeres, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación.
Ante esta situación, CIMAC cree indispensable tomar acciones como las siguientes:
- Que el Estado reconozca públicamente la labor de las periodistas como un pilar para la democracia del país, lo que permita que cesen los discursos estigmatizantes con el fin de prevenir y contribuir al término de los ataques en su contra, y que garantice su derecho a comunicar libres de cualquier tipo de violencia.
- Que el Estado promueva la capacitación y especialización, en materia de derechos humanos de las mujeres, de las y los servidores públicos encargados de la protección de las periodistas y asegurar la sanción de la violencia en su contra.
- Que se lleven a cabo investigaciones que incorporen un enfoque diferenciado de género y que se agoten las líneas e hipótesis vinculadas al trabajo de las periodistas, de modo que lleven a la captura, enjuiciamiento y sanción de quienes ejerzan en su contra violencia de cualquier tipo.
