*
/ Tamara San Miguel Suárez /
Como lo han dejado claro las palabras de las madres buscadoras: la desaparición por sí sola es similar a la tortura, para quien está desaparecido/a y para quienes le esperan y buscan. Cuando un Estado niega el problema de la desaparición, condena a las víctimas y justifica las agresiones por evitar hacer justicia, por encubrir a los agresores o por no estar dispuestos a desmantelar las estructuras criminales para mantenerse en el poder y fortalecer a las fuerzas armadas, no solo se está desapareciendo a las y los desaparecidos nuevamente, se está provocando mayor dolor, se hace sufrir, se alimenta la maquinaria de crueldad.
La respuesta que desde arriba ha demostrado una minimización extrema del problema de las desapariciones en México, la serie de declaraciones de la Presidenta, el Fiscal, Senadores y diversos elementos del Estado contribuye dramáticamente a desaparecer a las y los desaparecidos, provocando que la tortura que representa buscar a un ser querido se prolongue en el tiempo. La impunidad tan apabullante que tenemos en México da paso al funcionamiento de un modelo de sociedad en el que se normalizan las prácticas criminales, sobretodo si se ejercen desde una escala de poder.
El discurso que desde el Estado se ha impuesto sobre las desapariciones en México da cuenta de la rutinización, el secretismo, la negación, censura e impunidad diferencial, prácticas añejas en nuestro país y fortalecidas en esta administración. Decir que en México opera un sistema de desaparición forzada remite a la legalidad e ilegalidad que se funde en un mismo circuito, remite a una práctica constante de las Fuerzas Armadas, las diversas policías (porque cada vez surgen más entidades policíacas con características paramilitares) y desde luego remite a la maquinaria que yace dentro de las entrañas jurisdiccionales, que opera de tal modo que obstruir investigaciones ha sido y es parte del funcionamiento característico, así como lo es revictimizar y criminalizar a las víctimas.
Mantener de forma sistemática el discurso que desaparece a lo/as desaparecidas es entre otras cosas un acto de afirmación de poder, de control. Deja ver que el Estado sí ha optado por cubrir la espalda de quienes iniciaron esta guerra, de quienes desde la criminalidad organizada de arriba condicionan pactos. Deja ver también su propia lógica, una que defiende la investidura del Estado a costa de lo que sea. Eso lo podemos ver con el homenaje que realizaron las Fuerzas Armadas al general Hermenegildo Cuenca Díaz, titular de la Secretaría de la Defensa que autorizó los vuelos de la muerte o la protección al general Cienfuegos de enfrentar los cargos en su contra en EE.UU y la impunidad sobre el caso Ayotzinapa, que en la administración de AMLO se nombró como crimen de Estado, pero no derivó en el procesamiento de mandos militares y altos funcionarios públicos a los que apuntaban las investigaciones del GIEI.
La inocultable colusión de presidentes municipales, gobernadores, policías municipales, federales, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas con el crimen organizado y el involucramiento en la desaparición de personas es algo que se quiere presentar como casos aislados, cuando es la participación de cualquiera de esas estructuras en una desaparición lo que convierte dicho acto en una desaparición forzada. El Estado criminal en México está tan estructurado y enquistado en el sistema político mexicano que el acto de desaparecer directamente a una persona se ha vuelto normal y encubrir esos actos desde las estructuras jurisdiccionales también. Por la serie de pactos políticos y de poder, que la 4T reafirmó para gobernar y tener control social, se ha optado por afianzar a un sistema de encubrimiento de actos criminales de todo tipo que opera en las entrañas estatales, en la legalidad y la ilegalidad. Ese sistema de encubrimiento es añejo, se fue macerando, carcomiendo todo, desde los ministerios públicos hasta la presidencia.
Por eso la política de ocultar el problema de la desaparición forzada, de no reconocerlo, implica en el fondo no querer reconocer que tenemos un problema gigante en México con la configuración de un Estado criminal. No lo pueden reconocer porque optaron por validarlo, perpetuarlo, mientras el negocio de la muerte, la crueldad, la esclavitud laboral y sexual y el negocio con los cuerpos humanos sigue enriqueciéndose y generando las más absurdas riquezas.
El sistema de encubrimiento de crímenes de poder y de Estado requiere de discursos que normalicen esas prácticas para crear un ambiente de justificación social alimentado por la criminalización. Se alimenta del etiquetamiento y la estigmatización de las víctimas, echa a andar estrategias que compliquen acusar y procesar a los perpetradores. Las prácticas de negación del dolor de las familias buscadoras diluye la responsabilidad a través de múltiples pretextos y movidas dilatorias, aísla y oculta a quienes luchan contra las desapariciones y condena a quienes les llaman la atención y les exhiben a nivel internacional. Hace rutinaria su práctica. Fortalece la impunidad diferencial que contribuye a la invisibilidad y permanencia de ese funcionamiento. Todo eso es un sistema que oculta la desaparición en sí, que la garantiza.
Negar el carácter sistemático de las desapariciones en México no solo es garantizar que se perpetúe ese crimen de forma multiplicada, es ejecutar un crimen que termina por involucrar al Estado por la decisión que ha tomado de obstruir, guardar silencio, permitir y no investigar. Es un crimen de Estado, son múltiples crímenes de Estado.
