/ Ana Laura Magaloni Kerpel /
El conflicto de Piña vs. Zaldívar ha hecho que sea impostergable la tan temida reforma judicial. El detonante vino del propio Poder Judicial. La filtración de la denuncia es un ataque político a Arturo Zaldívar. Por el número de jueces y magistrados que están dispuestos a testificar, claramente no es un asunto sólo de la ministra presidenta. Yo creo que se trata de los y las juzgadoras federales respondiendo a las críticas y las amenazas de AMLO de despedirlos y sustituirlos por unos y unas electas.
Por su parte, Zaldívar, con el respaldo de Morena y de Claudia Sheinbaum, respondió con una serie de denuncias penales y solicitud de juicio político en contra de la ministra Norma Piña. Nada de ello va a prosperar porque Morena no tiene la mayoría calificada en el Senado para ganar el juicio político o para desaforar a la ministra. Sin embargo, las amenazas están ahí.
En medio de este intenso y apasionado conflicto se está fraguando la inevitable reforma judicial. El contexto es delicado. Cuanta más concentración de poder -no importa el signo partidista-, más importancia adquiere el Poder Judicial. Lo que está sucediendo en México es que se está consolidando una fuerza política con una mayoría inobjetable. Los perdedores, los desplazados, los opositores, los que no están de acuerdo requieren tener la certeza de que los límites jurídicos son todavía posibles. También necesitan esa certidumbre el mundo empresarial y financiero. En otras palabras, en un escenario de concentración del poder, se necesita contar con un grado razonable de certeza de que es posible defenderse individualmente frente a posibles abusos y arbitrariedades.
Durante el sexenio de AMLO, esa certeza la brindaron bastante bien el Poder Judicial federal y la Suprema Corte. Sin embargo, si la reforma termina debilitando la independencia judicial, ¿cómo generará la siguiente administración esa certeza? ¿Desde dónde se puede anclar la percepción colectiva de que es posible protegerse individualmente frente al abuso de poder? Esa certidumbre forma parte del corazón de una democracia. Es, por decirlo de alguna manera, la otra cara de la regla de la mayoría.
Lamentablemente el debate sobre reforma judicial comienza con una propuesta extrema y con mucho potencial de destrucción institucional. El Presidente sostiene que el Poder Judicial está tan corrompido que es mejor despedir a las y los jueces y sustituirlos por unos y unas que lleguen a través de las urnas. Hasta esta semana, nadie había propuesto algo que compitiera con esa narrativa. Sin embargo, creo que, sin ser plenamente conscientes de ello, las y los jueces federales esta semana llenaron ese vacío.
El contenido de la denuncia contra Zaldívar habla exactamente de lo que el Presidente está hablando: la corrupción en la justicia federal. Pero lo hace de manera mucho más precisa e inteligente, pues describe cuáles son los instrumentos de presión específicos que se utilizan para manipular las decisiones de las y los jueces. Lo que dicen no es una sorpresa, pero es la primera vez que lo dicen: quien controla los premios y castigos de la carrera judicial puede controlar la conducta de los jueces. El tablero del control tiene que ver con cambio de adscripciones favorables y desfavorables, ratificaciones, procedimientos administrativos, suspensiones, viajes, promociones, etcétera.
Me gustaría enfatizar que yo no estoy afirmando que los hechos de la denuncia sean ciertos. Para ello existe una investigación. Lo que estoy diciendo es que la denuncia debe ser un insumo clave de la reforma judicial. Dicha denuncia muestra el tablero del control de la conducta de los jueces. Dicho tablero está centralmente en dos puntos nodales: la carrera judicial y el régimen disciplinario. La propuesta del Presidente busca reconfigurar el Consejo de la Judicatura en dos órganos: uno administrativo y otro disciplinario. Puedo apostar a que ese va a ser el corazón de la reforma; es ahí donde se ancla la independencia judicial.
