/ Roberto Vélez Grajales /
La ministra Norma Lucía Piña Hernández tomó posesión como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura de la Federación. Al rendir protesta, reconoció “la importantísima determinación de la mayoría de este Tribunal Pleno, de romper lo que parecía, un inaccesible techo de cristal”. Su llegada a la presidencia es un hito histórico, ya que como ella misma señala, este tipo de cambios “poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal”. Aunque nombramientos como el de ella no incrementan automáticamente las opciones de movilidad ascendente para las mujeres, y mucho menos garantizan la igualdad de oportunidades de ellas frente a los hombres, sí se constituyen en precedentes con efecto futuro.
Actualmente, México y la región a la que pertenece se caracterizan por una alta desigualdad compuesta por dos desigualdades que se refuerzan entre sí: la de género y la de oportunidades. El mercado de trabajo, que es el principal vehículo de realización económica, es muestra de lo anterior. En el informe, “Desigualdades heredadas”, recién publicado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se señala que en la región la brecha de participación laboral entre mujeres y hombres es de alrededor de treinta puntos porcentuales. Aunado a lo anterior, la condición de origen se constituye en una segunda barrera para la participación, ya que la brecha de participación laboral entre mujeres hijas de padres con alto nivel educativo e hijas de padres con nivel educativo bajo es de casi 17 puntos porcentuales a favor de las primeras. Para el caso de México, los datos del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) muestran que, entre mujeres hijas de padres con estudios profesionales y padres sin estudios, esta brecha es de 20 puntos porcentuales.
Aunque el reporte del CAF resalta que gran parte de esta última brecha se diluye a través de la educación alcanzada por las mujeres, también presenta evidencia que apunta a que la inversión en educación no es suficiente para romper el techo de cristal en el ámbito salarial. Para un conjunto de diez capitales de la región, en el informe se observa que en el grupo más alto de salarios (quintil), entre los hombres, 35 por ciento tienen madres de nivel educativo alto, mientras que entre las mujeres dicho porcentaje es de casi 22 por ciento. En el caso de la Ciudad de México esta diferencia resulta aún más marcada para el mismo grupo salarial: entre los hombres, 40 por ciento tienen madres de nivel educativo alto, mientras que entre las mujeres dicho porcentaje es de casi 14 por ciento. Lo anterior sugiere que la ventaja de origen educativo ofrece mayor rendimiento para los hombres y que en el caso mexicano el espacio de movilidad social ascendente para las mujeres es todavía más restringido. Lo anterior se refuerza con los datos nacionales del CEEY que muestran un alcance de movilidad social ascendente menor para las mujeres que para los hombres con padres sin estudios, además de que las mujeres con padres con estudios profesionales tienen menos opciones de alcanzar una posición en la parte alta de la escalera social.
La llegada de la ministra Piña Hernández es una posible señal de que la estructura desigual que afecta más a las mujeres está cambiando. Sin embargo, la baja frecuencia en la actualidad de casos como el de la ministra apunta a que falta mucho por hacer. Que este caso tan visible sirva para acelerar la eliminación de la desigualdad de género, pero que la evidencia con la que contamos sobre el peso de las circunstancias de origen también sea considerada como crucial en este proceso ineludible de igualación de oportunidades.
