*México insiste en atacar el origen del armamento que fortalece a los cárteles
13.07.2026 Ciudad de México.- El combate al crimen organizado volvió a colocar sobre la mesa uno de los temas más sensibles en la relación entre México y Estados Unidos: el tráfico ilegal de armas. Mientras autoridades estadounidenses destacaron los aseguramientos realizados en su territorio contra ese mercado ilícito, el gobierno mexicano reiteró que la estrategia de seguridad solo será efectiva si se reduce el flujo de armamento que cruza la frontera y termina en manos de las organizaciones criminales.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que detener el ingreso de armas procedentes de Estados Unidos es una responsabilidad compartida y recordó que la violencia generada por los grupos delictivos está estrechamente vinculada con la disponibilidad de rifles, fusiles y municiones fabricados o comercializados en el vecino país del norte. La mandataria señaló que, así como México mantiene acciones para impedir el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, Washington debe reforzar las medidas para impedir el flujo ilegal de armamento hacia territorio mexicano.
El posicionamiento se dio luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informara que durante la actual administración del presidente Donald Trump se han asegurado cerca de 50 mil armas de fuego y casi 2.9 millones de cartuchos como parte de las acciones emprendidas contra el tráfico ilegal de armamento. El diplomático afirmó que ambos países mantienen coordinación para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales.
Sin embargo, para el gobierno mexicano el desafío continúa siendo de enormes dimensiones. Datos presentados por la Secretaría de la Defensa Nacional indican que una parte importante de las armas aseguradas en operativos dentro del país tiene su origen en Estados Unidos, situación que ha llevado a las autoridades federales a insistir en mayores controles sobre la venta, distribución y traslado de armamento de alto poder.
Entre las armas decomisadas en México figuran rifles de asalto y fusiles de calibre .50, utilizados con frecuencia por grupos del crimen organizado debido a su capacidad para perforar vehículos blindados y estructuras reforzadas. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el número de armas aseguradas durante los operativos federales ha seguido creciendo conforme avanzan las acciones contra las organizaciones delictivas.
La exigencia de frenar el tráfico de armas no es nueva. Desde hace varios años, México sostiene que la facilidad con la que el armamento cruza la frontera alimenta la capacidad operativa de los cárteles y contribuye al incremento de la violencia. Bajo ese argumento, el Estado mexicano promovió acciones legales en tribunales estadounidenses contra fabricantes y distribuidores de armas, al considerar que prácticas comerciales negligentes facilitan que miles de estos artefactos lleguen de manera ilegal al país.
Aunque algunos procesos judiciales fueron desestimados, las autoridades han manifestado que continuarán impulsando recursos legales para mantener el litigio.
El intercambio de mensajes entre ambos gobiernos refleja que la cooperación bilateral en materia de seguridad mantiene dos prioridades que avanzan de manera paralela: para Estados Unidos, reducir el tráfico de drogas y debilitar las estructuras financieras de los cárteles; para México, impedir que el armamento de alto poder continúe abasteciendo a los grupos criminales que operan en distintas regiones del país.
Especialistas en seguridad han señalado que el tráfico ilícito de armas constituye uno de los principales factores que fortalecen a las organizaciones delictivas, por lo que consideran indispensable que las acciones emprendidas por ambos gobiernos no se limiten a los decomisos, sino que alcancen también las redes de distribución, los intermediarios y los mecanismos mediante los cuales el armamento cruza la frontera.
En ese contexto, la administración de Claudia Sheinbaum mantiene su postura de que la seguridad compartida entre ambas naciones pasa necesariamente por reducir el flujo de armas hacia México, además de continuar la cooperación para combatir el tráfico de drogas y las estructuras del crimen organizado.