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14.01.2025. México.- El Tren de Aragua, organización criminal nacida en una cárcel en Venezuela, se ha consolidado como una de las redes delictivas más peligrosas y transnacionales de la región. Su presencia ha sido documentada en Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, donde ha tejido estructuras que combinan la trata y el tráfico de personas, la explotación sexual, el secuestro, la extorsion; el narcotráfico y el lavado de dinero.
Lo que comenzó como una banda carcelaria en el estado de Aragua se transformó en un entramado criminal que aprovecha las vulnerabilidades de las poblaciones migrantes y de comunidades rurales para expandir sus operaciones.
Uno de los rasgos más alarmantes de esta organización es su enfoque de género en la violencia. Diversos informes de seguridad y derechos humanos han señalado que el Tren de Aragua concentra buena parte de sus actividades en el secuestro y explotación de mujeres y niñas migrantes y ahora de las jóvenes y niñas en donde tienen control en zonas rurales.
Las víctimas son trasladadas a través de fronteras para ser sometidas a explotación sexual y trabajo forzado. En muchos casos, cuando intentan escapar, son asesinadas y sus atroces muertes difundidas en video sirven como advertencia para el resto de las víctimas, lo que refuerza el control del grupo mediante el terror.
En México, la captura reciente de seis integrantes en la Ciudad de México reveló la magnitud de sus operaciones. Entre los detenidos se encontraba una mujer identificada como responsable del cobro de piso a trabajadoras sexuales y enlace con grupos locales como la Unión de Tepito. Esta mujer se encargaba de los cobros a jóvenes y mujeres víctimas de trata y en plena Ciudad capital.
Las autoridades aseguraron drogas, armas y documentos que vinculan a la célula con la explotación sexual en zonas como Sullivan y Revolución. Este caso confirma que el Tren de Aragua no solo se infiltra en mercados ilícitos urbanos, sino que también busca extenderse hacia pueblos y comunidades rurales, donde las mujeres migrantes y en situación de pobreza se convierten en blanco fácil, como sucede en México en total impunidad.
La expansión del grupo ha sido posible gracias a su capacidad de mimetizarse con economías criminales locales. En Perú y Chile, se ha documentado su participación en redes de trata de personas y extorsión a migrantes venezolanos.
En Colombia, informes de seguridad lo vinculan con el control de pasos fronterizos y con la explotación de mujeres en zonas de tránsito migratorio. En Estados Unidos, investigaciones recientes han identificado células que operan en ciudades con alta presencia de migrantes, utilizando estructuras empresariales para encubrir flujos ilícitos de dinero.
El componente financiero es otro eje de su expansión. El Tren de Aragua ha establecido operaciones transnacionales de lavado de fondos, incluyendo el uso de criptomonedas para mover recursos sin ser detectados. Esta estrategia les permite sostener sus redes de trata y explotación sexual, al tiempo que diversifican sus ingresos mediante narcotráfico y extorsión.
El impacto en las mujeres y niñas es devastador. Organizaciones de derechos humanos han advertido que la violencia ejercida por el Tren de Aragua no es incidental, sino estructural. Las mujeres y niñas son tratadas como mercancía y como instrumento de control. La amenaza de asesinato y la difusión de muertes como mensajes disciplinarios refuerzan un sistema de terror que busca impedir cualquier intento de resistencia.
La respuesta de los gobiernos ha sido desigual. Mientras en México y Colombia se han realizado exiguos operativos para desarticular células, en otros países la organización sigue operando con relativa impunidad. La falta de coordinación internacional y la debilidad de los sistemas de protección a migrantes han facilitado que el Tren de Aragua se expanda y se consolide como una red criminal transnacional.
El caso del Tren de Aragua muestra cómo la violencia de género se convierte en un eje central de las economías criminales contemporáneas. La explotación de mujeres y niñas migrantes no solo es un negocio lucrativo, sino también una herramienta de control social y territorial.
La expansión del grupo por América Latina y su capacidad de infiltrarse en comunidades rurales y urbanas plantea un desafío urgente para los Estados y para la sociedad civil: enfrentar una organización que combina brutalidad, sofisticación financiera y un patrón sistemático de violencia contra las mujeres.
El Tren de Aragua no es únicamente una banda criminal más, sino una estructura transnacional que ha hecho de la explotación de mujeres y niñas migrantes uno de sus pilares. Su presencia en múltiples países, su capacidad de adaptación y su uso del terror como mecanismo de control lo convierten en una amenaza regional que exige respuestas coordinadas y con perspectiva de género.
