El “voto” criminal

Rúbrica.

Por Aurelio Contreras Moreno

No son dichos de los partidos de oposición. Tampoco de los medios de comunicación. Ni siquiera de los empresarios a los que tanto resentimiento les tienen –hasta que financian sus campañas-. Son los datos del gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación”.

Durante la conferencia matutina de este jueves en palacio nacional para presentar la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que el estado de Veracruz se encuentra entre las siete entidades que concentran la mayor tasa de violencia política de todo el país.

De los 73 actos de violencia política registrados en lo que va del proceso electoral 2021, más de la mitad se cometieron en Veracruz y el resto en los estados de Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Baja California y Jalisco, detalló la funcionaria en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En poco más de dos años de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, la violencia en Veracruz no solo no se contuvo en lo más mínimo, sino que registró un repunte que solo es superado por el inicio del sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Aunque en materia específica de violencia política se coloca en los primeros lugares de los últimos 20 años.

Baste recordar que en este corto periodo de gobierno estatal asesinaron ya a un diputado local, Juan Carlos Molina; a dos presidentas municipales en funciones: Maricela Vallejo de Mixtla de Altamirano y Florisel Ríos de Jamapa; a la regidora de Texcatepec María del Carmen Hernández; a la agente municipal de Ixhuatlancillo Catalina Montalvo Tezohua; y más recientemente a la ex diputada y ex alcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín, junto con su hija Carla Enríquez, precandidata al gobierno de ese mismo municipio.

El número total de asesinatos políticos en Veracruz en el periodo que lleva Morena en el poder es de 22, de acuerdo con el portal La Silla Rota. Incluido ya el homicidio cometido la tarde de este mismo jueves 4 de marzo.

El aspirante priista a presidente municipal de la localidad serrana de La Perla, José Melquiades Vázquez Lucas, fue rafagueado a tiros desde una camioneta frente al palacio municipal de Mariano Escobedo, ciudad colindante con la de Orizaba a la que fue trasladado junto con su esposa para recibir atención médica, pero donde ya no pudieron salvarle la vida.

El homicidio de José Melquiades Vázquez Lucas ocurrió unas pocas horas después, como se señaló al principio de este texto, de que se presentó la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral” de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, acto en el que el propio López Obrador aseguraba que “va a haber protección. Se está hablando con gobernadores para que haya una acción conjunta de protección, sobre todo, a candidatos a presidentes municipales”.

Pero en Veracruz, en la Secretaría de Seguridad Pública se entretienen ofreciendo “shows” de adiestramiento canino mientras el que cobra como gobernador está ocupado pagando encuestas que lo ubican entre los “más honestos” del país. Al menos no se atrevieron a colocarlo entre los más eficaces. Seguro esa tarifa rebasaba los parámetros de la “austeridad republicana”.

En la misma conferencia mañanera, Rosa Icela Rodríguez afirmó que “hubo regiones del país donde (el crimen organizado) decidían los candidatos y buscan actualmente seguir controlando mediante campañas de miedo”.

Bien pronto los criminales les mostraron que ahora, en tiempo presente, siguen controlando. Y que ésta es la manera como “votan”.

 

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