*Alguien como tú.
/ Gladys Pérez Maldonado /
El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que reconoció el derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas. Siete décadas después, la conmemoración de esa fecha no es solo un acto de memoria histórica, sino un recordatorio de que los derechos políticos de las mujeres fueron producto de una larga lucha social y no una concesión del Estado.
Las palabras del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines anunciaron oficialmente la reforma a los artículos 34 y 115 de la Constitución. Sin embargo, la semilla de esa conquista había sido sembrada mucho antes, en las demandas de mujeres como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Refugio García y Amalia Castillo Ledón, quienes desde principios del siglo XX enfrentaron el machismo político y religioso que las excluía de la vida pública.
Mientras otros países latinoamericanos como Ecuador que en 1929 o Brasil en 1932 ya habían reconocido el sufragio femenino, México lo hizo más de veinte años después. El retraso evidenció una resistencia estructural, el temor de la clase política y clerical a perder el control sobre el voto femenino, al considerarlo susceptible a la influencia religiosa o doméstica.
El primer ejercicio de ese derecho ocurrió en 1955, durante las elecciones federales, cuando por primera vez las mujeres acudieron a las urnas. En aquel momento, más de tres millones de mexicanas se registraron para votar. Sin embargo, la representación femenina en el Congreso siguió siendo mínima, apenas una diputada y una senadora resultaron electas.
Setenta y dos años después, el panorama político de México es radicalmente distinto, pero no exento de desafíos. En 2025, el país vive por primera vez bajo la presidencia de una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que representa un parteaguas histórico y simbólico. Su llegada al poder es consecuencia directa de décadas de reformas y luchas feministas que exigieron paridad, igualdad sustantiva y erradicación de la violencia política de género.
Hoy, México es uno de los pocos países del mundo que cuenta con un gabinete paritario y un Congreso integrado en un 50 por ciento por mujeres. La reforma constitucional de 2019 en materia de paridad en todo, que obliga a que todos los cargos públicos de los tres poderes y niveles de gobierno se distribuyan equitativamente, marcó un antes y un después.
No obstante, la igualdad formal no siempre se traduce en igualdad real. Las mujeres que ocupan cargos públicos enfrentan violencia política de género, acoso digital y cuestionamientos sobre su capacidad o legitimidad. De acuerdo con el Intituto Nacional Electoral (INE), durante el último proceso electoral, una de cada tres candidatas reportó haber sido víctima de algún tipo de agresión política. La violencia simbólica, desde la descalificación mediática hasta el hostigamiento en redes, sigue siendo una barrera invisible pero poderosa.
Las mujeres constituyen actualmente el 52% del padrón electoral, según datos del INE, son mayoría en la participación ciudadana, pero su poder político no siempre se traduce en decisiones que mejoren sus condiciones de vida. Persisten brechas salariales, sobrecarga de cuidados, desigualdad en el acceso a la justicia y altos índices de violencia feminicida.
El voto, aunque conquistado, sigue enfrentando desafíos de representación. En muchos municipios rurales, las mujeres aún deben pedir permiso a sus esposos o enfrentar presiones comunitarias para ejercerlo. Las prácticas patriarcales en comunidades indígenas y zonas marginadas limitan su autonomía política. Por ello, diversas organizaciones feministas y observatorios ciudadanos insisten en que la democracia mexicana sigue teniendo rostro masculino.
El derecho al voto fue la puerta de entrada a otros derechos, pero no basta con votar; se requiere transformar las estructuras que sostienen la desigualdad. Las agendas feministas actuales ya no se limitan a exigir representación política, sino a demandar políticas públicas con perspectiva de género, presupuestos que prioricen los cuidados, mecanismos eficaces contra la violencia y justicia con enfoque feminista.
En este sentido, el legado de las sufragistas mexicanas cobra nueva vigencia. Sus demandas por educación, trabajo digno y libertad siguen resonando en los movimientos contemporáneos que reclaman autonomía sobre los cuerpos y participación en las decisiones económicas y ambientales. La lucha por el voto fue el inicio, pero la lucha por la igualdad sustantiva continúa.
Conmemorar el voto femenino no es un acto nostálgico, sino un ejercicio de memoria política. Implica reconocer a las mujeres que enfrentaron burlas, exclusión y persecución para abrir el camino a las generaciones actuales. También exige mirar críticamente el presente: ¿de qué sirve votar si la violencia institucional sigue silenciando a las mujeres? ¿Qué significa tener paridad en las instituciones si los feminicidios aumentan y la impunidad persiste?
El voto femenino en México representa una conquista colectiva y un compromiso permanente. Su historia recuerda que los derechos nunca se regalan, se conquistan; y que toda conquista exige vigilancia, organización y resistencia.
Este 17 de octubre de 2025, el desafío no es solo recordar, sino garantizar que cada voto femenino siga siendo un acto de libertad, no de supervivencia.
El voto femenino cambió la historia, pero la historia aún no cambia para todas las mexicanas…
