* Retrovisor.
/ Ivonne Melgar /
Si la Presidenta de México se hace llegar de información que la alerte de inconvenientes que no se resuelven con la aplanadora del Congreso, seguramente le compartirán un videoclip de las consejeras electorales en San Lázaro.
Porque ese encuentro del jueves, que se antojaba anodino por el carácter de aliadas de las invitadas del INE, terminó siendo una evidencia más del costo que tendrá para México la destrucción del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Y, aunque la guillotina presupuestal oficialista caerá sin remedio, es importante que la mandataria sepa de los problemas que no se resuelven con los votos ni los discursos de la mayoría legislativa. Tal es el caso de las complicaciones para la elección de jueces, ministros y magistrados de junio próximo.
Designadas en 2020 y 2023 por las bancadas de la 4T de la Cámara de Diputados como consejeras electorales afines a Morena, Norma de la Cruz y Rita Bell López se han comportado así en varias coyunturas, particularmente en el cierre de filas con la presidenta Guadalupe Taddei. Pero es de tal tamaño el enredo material y logístico que implicará montar las urnas del relevo judicial, que la simpatía política no alcanza para defender este invento del voluntarismo destructor.
Aunque las consejeras De la Cruz y Bell López fueron explícitas en su compromiso con el mandato del Congreso de darle materialidad al método de renovación del PJF, derivado de la reforma judicial, ninguna pudo ocultar el espanto que experimentan en el INE. Por las declaraciones de las funcionarias, podemos inferir que hay temor entre los responsables de organizar la elección extraordinaria de 881 nuevos integrantes de la Suprema Corte (SCJN), el futuro Tribunal de Disciplina, el reestructurado Consejo de la Judicatura y 50% de los juzgados de Distrito y magistraturas de Circuito.
Es un estado de consternación al que se ha sometido al INE. Y así lo dejó ver la consejera De la Cruz cuando, literal, dijo que lo que asusta es que nunca se ha renovado por voto popular, de un jalón, a todo un Poder Judicial, en ninguno de los países con esa modalidad: Bolivia, Suiza, Japón o Estados Unidos.
Al hecho de convertirse en ingenieros y maestros albañiles de la ocurrencia que el arquitecto de la destrucción diseñó, los funcionarios del INE agregan ahora el estrés de no contar con los recursos requeridos para que la elección sea de la misma calidad que la de federal de hace seis meses.
Esa reducción se explica porque el gobierno y sus diputados siguen en la obsesión de “demostrarles a los conservadores” que el árbitro electoral puede operar con menos dinero, cumpliendo el legado de castigar presupuestalmente a sus supuestos adversarios. Honrando esa herencia, Morena, PT y PVEM sostienen que los 13 mil 255 millones de pesos solicitados para la elección judicial “son una exageración” y ya se preparan para asignarles, si les va bien, los ocho mil 802 millones que se ejercieron para la jornada de 2024.
De eso se trató la reunión que este 5 de diciembre en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, donde las consejeras electorales expusieron que necesitarán 50 mil capacitadores y supervisores con pagos dignos porque es difícil conseguirlos; que deberán imprimir 600 millones de boletas —el doble que en 2024—, que en las bodegas no hay espacio para los insumos previstos y es indispensable informar a los ciudadanos qué hace un juez mercantil, por ejemplo, y cuál es la diferencia entre un magistrado y un ministro.
Asombrados por la defensa que De la Cruz y Bell López hicieron de la solicitud, diciéndoles que no es un capricho ni regateo de pesos y centavos, sino lo necesario para dar legitimidad a los futuros juzgadores, con una elección de calidad como a la que el INE nos acostumbró, los diputados 4T actuaron como hace tres años en la comparecencia de Lorenzo Córdova, acusando a la institución de falta de transparencia y despilfarro en privilegios para sus funcionarios.
En diciembre de 2022, el consejero presidente habló ante los 500 diputados. Esta vez, a Guadalupe Taddei estaba enferma de covid-19 y no pudo asistir a la comisión. Esa ausencia le permitió a Ricardo Monreal, jefe de la mayoría morenista, decir a la prensa que el recorte al INE no afectará la elección porque ya lo están revisando con la consejera presidenta, “una mujer razonable y técnicamente muy sustentable”.
Resignadas, las consejeras pidieron que no les vayan a bajar a menos de los ocho mil 802 millones de este año. Y por más que la presidenta Taddei evada pelearse con el gobierno y sus legisladores, ya cumplió con avisar, en voz de las consejeras aliadas, que “reducirlo más allá de lo que nos costó la elección del proceso de 2024, ya nos estaría poniendo en una crisis”.
Eso dijo la consejera Bell López que también sugirió, irónica, que la elección podría reducirse a una consulta infantil o usar boletas de papel bond y no de papel seguridad, dejándoles ahí la advertencia de que habrá que prepararse para “cuando la ciudadanía en la calle señale que hay boletas impresas de otro lado, tachadas, o que no haya una forma de detectar si son falsas”.
De la Cruz puso en la mesa los cambios obligados con la reducción: “Tendrá gran impacto si haremos debates o no, si habrá difusión, si concentramos el número de electores en una casilla (…) si decimos que, en lugar de tener 170 mil casillas, tenemos 80 mil centros de votación”.
De concretarse esos escenarios, la elección judicial tendría el formato de la revocación de mandato en 2022. Si bien es previsible que los consejeros afines al gobierno terminen haciendo lo que éste les pide y finjan que todo va bien, como lo hace la presidenta Taddei.
Pero ya estamos avisados. Y seguramente la presidenta Sheinbaum también lo estará.
