Paralaje.
Liébano Sáenz.
Las elecciones intermedias y las locales concurrentes se aproximan. Es natural que quienes compiten o quienes pretenden mantenerse en el poder, hagan de esto prioridad. Tres cosas son fundamentales a considerar en este entorno de nueva normalidad: primero, los protagonistas son los ciudadanos, no son los partidos, candidatos, el gobierno o los órganos electorales; segundo, las elecciones deben conducirse en el marco de la ley, independientemente de los defectos o insuficiencias de la norma; y, tercero, para que la democracia funcione se requieren mínimos de valores, actitudes y conductas de civilidad política por quienes intervienen en la elección.
Por razones de origen de la democracia electoral, la sana pretensión de equidad ha estado en el centro de la atención pública, particularmente por cuanto hace a frenar su contraparte, la inequidad, que se origina con frecuencia desde el gobierno. De allí se han definido normas, como el financiamiento público, que tienden a impulsar competencias razonablemente justas. La equidad siempre será más aspiración que realidad, así es porque no hay posibilidad práctica para que todos quienes compitan tengan igualdad formal de oportunidades, derechos y recursos. Quien gobierna tiene ventaja, aunque también puede ser lo contrario, como le sucedió al PAN en 2012 o al PRI en 2018. No es el escenario que se vislumbra en 2021.
A pesar del respaldo popular al Presidente y del hecho, hasta ahora, que MORENA sea la organización con más adhesiones, es difícil que se reproduzca el resultado partidario de 2018. La elección pasada la sobredeterminó la competencia presidencial. El ahora partido gobernante prevaleció en muchas partes como resultado concurrente de la fortaleza de su candidato presidencial. Lo mismo puede decirse del PRI, su debilidad se deriva de la competencia nacional y del desgaste en el gobierno. Muchos municipios, distritos y entidades se perdieron como efecto de esto.
La fortaleza del Presidente no ha sido alterada de manera significativa ni siquiera por las dificultades extremas que enfrenta el gobierno, resultado de la crisis sanitaria con su efecto colateral en la economía, ni las malas cifras del desempeño económico previo a la pandemia o las de la seguridad. Tampoco parecen impactar las percepciones sobre el personaje que aparece todos los días en los medios como el carismático y aguerrido de siempre, el que sigue promoviendo la esperanza, y de ningún modo como un gobernante atribulado por la realidad que nos acosa. Sin embargo, la diferencia de la elección venidera respecto a 2018 es el fuerte componente local.
Morena podría ser el partido con mayor número de triunfos en elecciones de cargos ejecutivos y en distritos, pero es muy difícil que obtenga el 36.6% de los votos que alcanzó en 2018. La dispersión del voto resultado de las múltiples competencias locales, así como la concurrencia hasta de 13 partidos políticos, 8 de éstos en condiciones extremas de sobrevivencia, significa un escenario muy probable de que la pluralidad regrese a la Cámara de Diputados.
El sistema mixto de representación de la Cámara de Diputados y el límite de 8% a la sobrerepresentación, implica que la mayoría absoluta se alcance con un mínimo de 42.2% y con al menos 167 triunfos distritales. Esto no se alcanzó en la elección de 2018, mucho menos habría de suceder para los próximos comicios. La mayoría absoluta se construyó, como lo hizo el PRI en 2015, mediante la postulación de candidatos por partidos pequeños a manera de darle la vuelta al candado de la sobrerepresentación, un caso de discutible ética jurídica. La cuestión es que los aliados de MORENA difícilmente ganarían más de 10 distritos y el porcentaje de votos que obtendrían sería muy bajo.
La normalidad democrática antes y después de la pandemia, implica el derecho de competir en los términos que la ley establece. El partido del gobierno tiene y debe ejercer el derecho a defender su proyecto y desempeño frente al embate de la oposición. Pero se requiere de autoridades electorales firmes para hacer valer la norma ante quien sea. El INE no debe dejarse intimidar por partidos, candidatos o por el mismo gobierno y los magistrados electorales deben actuar con la convicción de que su tribunal es la última instancia para dirimir controversias electorales.
Debe entenderse que, pese al clima propio de la crispación política, las amenazas mayores no vienen de la competencia y sus actores, sino de la creciente influencia del crimen en muchas partes del país. Es un enemigo común se requiere hacer un frente para contenerlo. Por lo demás, nadie debe darse por sorprendido por la intensidad del debate y la vehemencia de la confrontación. AMLO la ha promovido como estrategia y tenemos una sociedad crecientemente polarizada. Pero es mucho lo que está de por medio, y mal haríamos en perder de vista que lo crucial de la competencia es el apego a las reglas y mínimos de civilidad. La fuerza y funcionalidad del voto será posible sólo si todos damos cauce civilizado a la disputa por el poder.
