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/ Andrea Villegas /
Las elecciones de 2024 representan un momento crucial en la historia de la democracia en México. Estas serán las más grandes registradas en el país, con un padrón electoral de aproximadamente 98 millones de votantes, e implicarán la elección del cargo presidencial, 128 senadores, 500 diputados federales, ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la renovación de 31 congresos locales.
Además de su magnitud, las elecciones que vienen tienen una importancia fundamental si se considera la polarización política que prevalece en el país, así como las implicaciones que conlleva un cambio de gobierno en un país con un presidencialismo tan fuerte. Esto se suma a la discusión creciente sobre la existencia de erosión democrática en México debido al debilitamiento de las instituciones en la administración pública federal; algunas mediciones que inclusive ubican a México como un “régimen híbrido” que oscila entre elementos democráticos y autocráticos.
En este contexto, el INE debe contar con los recursos suficientes para garantizar un pilar fundamental en cualquier democracia: la realización de elecciones libres e igualitarias. Ante este panorama surge la pregunta: ¿Tiene el INE el presupuesto, los recursos humanos y las herramientas necesarias para llevar a cabo de forma exitosa las elecciones más grandes de la historia de México? Si se considera el periodo de turbulencia que ha vivido por cambios recientes de consejeros, los ataques desde el Poder Ejecutivo y la falta de quórum en el órgano de decisión, el tema cobra aún más relevancia.
De acuerdo con una reciente medición de desempeño administrativo realizada por el IMCO, el INE ha enfrentado desafíos relacionados con la gestión de su presupuesto y del capital humano. Particularmente, se observa un sobrejercicio presupuestal de 2% sin contar las remuneraciones al personal transitorio en 2022 y una inestabilidad en su plantilla de personal (de 2021 a 2022 hubo un cambio de 13% en el personal) que puede afectar la organización de las elecciones por mala gestión interna. En temas de capital humano, se ha evidenciado un fenómeno de vacantes y falta de nombramientos en áreas clave como la encargada de capacitar a los ciudadanos para supervisar las casillas electorales y la unidad de fiscalización que monitorea el gasto de recursos públicos.
Puntaje del INE en los cuatro ejes del Índice de 2022
Esta situación es parecida a la de otros órganos autónomos como el INAI, que enfrentó recientemente la parálisis de su Pleno y la consecuente afectación de sus actividades. El debilitamiento de las instituciones autónomas presenta un riesgo ya que los órganos constitucionales autónomos son fundamentales para el sistema democrático porque constituyen contrapesos al poder y salvaguardan los derechos de los ciudadanos. Por esto, es importante que la reflexión sobre sus capacidades esté en el debate público ahora más que nunca.
Con aproximadamente 20,260 cargos en disputa en un solo año, el INE se enfrenta al reto más importante desde su creación. Sumado esto a un contexto político hostil y un debilitamiento de sus capacidades administrativas, es necesario que el Instituto lleve a cabo las elecciones con precisión y eficiencia, a fin de mantener la confianza de la ciudadanía y preservar la integridad del proceso electoral.
Para esto, es necesario que el INE fortalezca su gestión presupuestal, atienda la rotación de personal y garantice la profesionalización de sus recursos humanos. En 2024 no solo estarán en disputa miles de cargos, también estará en juego la legitimidad del Instituto Nacional Electoral y, con ello, el futuro de uno de los pilares institucionales de la democracia en México.
Fuente IMCO
