*
31.12.2025. Washington, EUA.– El Departamento de Estado de Estados Unidos instruyó este martes a sus representaciones diplomáticas en el hemisferio occidental a documentar y reportar de manera puntual los abusos a los derechos humanos relacionados con la migración masiva y las redes criminales que la facilitan.
La instrucción a las embajadas marca un nuevo capítulo en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, en un momento en que la migración masiva y el crimen organizado se entrelazan como desafíos comunes para la región.
La medida se anunció bajo el liderazgo del senador del Secretario Marco Rubio, quien ha asumido un papel central en la política exterior del país en materia de seguridad regional.
De acuerdo con la directriz, las embajadas deberán elaborar informes periódicos sobre casos de explotación, tráfico de personas y violencia ejercida por organizaciones que Washington identifica como narco-terroristas.
El gobierno estadounidense sostiene que estas estructuras criminales no solo lucran con el tránsito irregular de migrantes, sino que también están vinculadas al tráfico de drogas y a la trata con fines de explotación laboral y sexual.
La orden se enmarca en un discurso oficial que asegura que el “caos fronterizo” terminó durante la administración de Donald Trump, y que ahora corresponde a los países de la región asumir la defensa de sus ciudadanos frente a los riesgos que plantea la migración irregular.
Según las autoridades estadounidenses, el objetivo es reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad y derechos humanos, colocando en primer plano la protección de las poblaciones locales.
El Departamento de Estado subrayó que los reportes de las embajadas servirán para diseñar nuevas estrategias de cooperación y asistencia, tanto en el combate a las redes criminales como en la atención a víctimas de abusos.
La instrucción también busca presionar a los gobiernos latinoamericanos para que fortalezcan sus mecanismos internos de protección y garanticen que la migración no se convierta en un terreno fértil para la violencia y la explotación.
En el contexto regional, la decisión refleja la creciente preocupación de Washington por el papel de las organizaciones criminales en la dinámica migratoria.
Analistas señalan que la política estadounidense busca trasladar parte de la responsabilidad a los países emisores y de tránsito, al tiempo que refuerza la narrativa de seguridad nacional frente a la migración.
La medida podría generar tensiones diplomáticas, pero también abre la puerta a una mayor cooperación en temas de seguridad fronteriza y derechos humanos.
