En defensa del INE y la Constitución

/ José Woldenberg /

El IFE-INE tiene 30 años y medio de existencia y desde su fundación no recuerdo una agresión más alevosa, desinformada, mentirosa y alarmante contra ese Instituto desatada desde la presidencia de la República. Nunca antes un presidente se atrevió a tanto y nunca antes develó un rostro tan autoritario. Alevosa porque se hace desde la titularidad del Ejecutivo, un poder que está obligado a ser respetuoso del resto de las instituciones que conforman al Estado; desinformada, porque jamás se entra a la nuez del litigio, como si el presidente y sus ecos estuvieran exentos de la obligación de argumentar y autorizados para esparcir descalificaciones sin ton ni son; mentirosa, porque se repiten como letanía embustes que jamás fueron probados; y alarmante, porque de un INE autónomo depende en buena medida que la pluralidad política que modela al país pueda seguir conviviendo y compitiendo de manera institucional y pacífica.

¿A quién deben hacerle caso los consejeros del INE? ¿Al presidente, a Morena o a la Constitución y la ley? La respuesta es obvia, pero no parece importarles ni al presidente ni a su partido, que por lo que se ve piensan que su misión implica la subordinación de todas las instituciones estatales a la voluntad del presidente (más o menos como sucedía hace setenta o cincuenta años).

¿Alguien ha escuchado o leído una argumentación medianamente sólida para que el INE renuncie a cumplir con un mandato constitucional que establece que entre votos y escaños no puede existir una diferencia mayor del 8 por ciento? ¿Alguien se ha atrevido a proponer que el INE no cumpla con lo que establece la LGIPE que a la letra dice: “si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña… no podrá ser registrado legalmente como candidato?”

Todo parece indicar que el jefe del Ejecutivo piensa que su voluntad es la ley, que su capricho es un mandato superior. No entiende o no quiere entender que es el presidente de una República y que sus facultades, siendo vastas, están reguladas por la Constitución y la ley, que está obligado a convivir con otros poderes constitucionales, órganos autónomos del Estado y expresiones de la sociedad civil. No soporta ni sabe vivir con la disidencia y desata agresiones gratuitas y peligrosas contra sus supuestos opositores. Ve “moros con tranchetes” ahí donde una institución como el INE cumple con su misión. ¿O por qué de manera abusiva quiere repetir el expediente para que su partido acabe con más diputados que los que fija la Constitución? ¿Por qué no voltea a ver lo que sucede en Morena para inducir a sus dirigentes a cumplir con los mandatos legales?

Mucho le costó a México tener una autoridad electoral autónoma. Recordemos que el IFE nació por una necesidad apremiante. La Comisión Federal Electoral que organizó las elecciones de 1988 y el marco legal que las cobijó, saltaron por los aires. Fue transparente, para quien quisiera verlo, que ni las normas, ni las instituciones ni los operadores ofrecían garantías de imparcialidad. Y la respuesta a ello fue la creación del IFE, un Instituto que nació en 1990 y que desde 1996 es plenamente autónomo, es decir, no alineado con ninguno de los competidores ni con ningún gobierno. Ello ha hecho posibles elecciones competidas, alternancias en todos los niveles de gobierno, congresos plurales, expansión de las libertades. ¿Es eso lo que se quiere sabotear?

Profesor de la UNAM

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