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22.09.2026 Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal ahorró 83 mil 800 millones de pesos al prevenir diversos actos de corrupción, como altos costos en compras.
Al dar a conocer resultados por dos años de gobierno en este tema, dijo que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) trabaja en coordinación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y Auditoría Superior de la Federación (ASF) en propuestas de ley para mejorar la gestión pública y evitar la corrupción.
“Es esencialmente administrativa. Hay casos que tardan 15, 20 años en resolverse; lo que estamos proponiendo es que se reduzcan los plazos; incluso, si hay daño al erario, que se pague. Hay varias propuestas que presentaríamos en 15 días.”
La primera mandataria expuso que las autoridades no han encontrado funcionarios públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) directamente relacionados con robo de combustible, aunque las investigaciones continúan.
No obstante, expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido dos mil 654 personas por ilegalidades relacionadas con el robo de combustible.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, puntualizó que el ahorro por 83 mil 800 millones de pesos en prevención durante dos años de gobierno procede de diversas acciones, como:
Mejora en estrategias de compras públicas en diálogo con proveedores, que ha generado ahorros por 29 mil millones de pesos; seguimiento de contratos públicos para evitar sobrecostos o estimaciones equivocadas, 42 mil 200 millones; reorganización de la estructura del gobierno, siete mil 800 millones; y seguimiento a multas a servidores públicos y proveedores, cuatro mil 800 millones.
Por ejemplo, estas tareas resultaron en mejores condiciones de competencia en una de las compras más grandes de equipamiento realizada por IMSS por 46 por ciento menos del precio inicial, con tecnología de vanguardia.
Hasta el momento, la dependencia ha presentado 517 denuncias ante FGR por faltas administrativas que resultan en presuntos delitos; 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso.
Los principales cargos son: enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
Al mencionar la contratación de servicios de inteligencia por parte de la Policía Federal en 2015, dijo que la denuncia se presentó por abuso de funciones y desvío de recursos y ya hubo sanciones de 15 y 20 años de inhabilitación para dos exservidores públicos y reparación del daño por 65 millones de dólares.
En 2025, el caso de producción y envasado de dos mil toneladas de frijol involucró nueve servidores públicos y un particular en el pago indebido de 73.6 millones de pesos, así como el incumplimiento en la entrega de recursos. El caso se encuentra en proceso ante autoridades judiciales.
También presentó denuncia penal por abuso de funciones y daño patrimonial por el reetiquetado injustificado de cajas de medicamentos oncológicos en ISSSTE.
La SABG ha sancionado cuatro mil 193 servidores públicos, particulares y empresas; tres mil 528 por faltas no graves y 665, graves.
Las principales causas: autorizar pagos indebidos, sustraer información resguardada que podría incluir datos personales; autorizar pagos por bienes o servicios que nunca fueron entregados; aprobar compras innecesarias; ocultar bienes e incrementos patrimoniales; falsificación de documentos, así como hostigamiento y acoso sexual.
En cuanto a faltas graves, ha remitido mil 737 servidores públicos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); 87 han sido notificados y mil 650 se encuentran en proceso. También envió 33 expedientes de particulares.
Asimismo, ha sancionado 286 proveedores por 147.3 millones de pesos por presentar documentación falsa, incumplir obligaciones, simular experiencia técnica, capacidad económica u ocultar conflictos de interés.
En materia de transparencia, SABG absorbió 80 por ciento de las funciones del extinto INAI. En dos años de gobierno ha resuelto ocho mil 222 recursos de aclaración; sólo ha desechado 14.6 por ciento, que es la cifra más baja desde 2014.
En este tema, las multas a 51 particulares ascienden a 118.5 millones de pesos.
Añadió que los cambios en la Ley de Adquisiciones han permitido la participación de pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como cooperativas en la proveeduría de café a precio justo por parte de proveedores; servicios de limpieza con mejores condiciones laborales; compra de uniformes a la industria textil por parte del DIF, y está en marcha un proyecto para adquirir hierro dúctil en Conagua.
México ocupa el quinto lugar entre los países de la OCDE en más confianza ciudadana entre los gobiernos nacionales, sólo después de Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo. – –