* Presidencia exhibe a jueces y los pone en riesgo en el marco de un escenario de enfrentamiento de carteles, denuncian juristas.
*Denuncia AMLO selectivamente, señalan en redes.
22.08.2023 Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina presidida por Andrés Manuel López Obrador del martes, el enfoque se centró en el juez de control en Puebla, Jorge Eduardo Ramírez Téllez, quien ha sido objeto de cuestionamientos por su inclinación a emitir resoluciones que benefician a individuos acusados de cometer delitos.
La sección “Cero Impunidad” del evento fue dirigida por el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, quien destacó que el juez poblano ha tomado decisiones que contradicen los intereses de la justicia en al menos seis ocasiones.
Rodríguez Bucio señaló que Jorge Eduardo Ramírez Téllez ha ordenado la no vinculación a proceso de dos presuntos delincuentes, en una ocasión ha calificado como ilegal una detención y en tres casos ha emitido sentencias absolutorias.
Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió en una audiencia celebrada el 25 de abril de 2023, cuando el juez decidió absolver a un individuo acusado de portar un arma de uso exclusivo y de tener cartuchos de munición. Esta decisión fue tomada a pesar de que se había demostrado que el detenido estaba viajando con una pistola calibre .38 súper y tres fusiles .223.
En respuesta a estas situaciones, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reconoció que hay aspectos en el sistema judicial que requieren mejoras. Céspedes Peregrina subrayó la importancia de sancionar a las autoridades judiciales que actúen de manera inapropiada, siempre y cuando se demuestre su falta de conformidad con la ley.
“Este es un asunto interconectado que abarca desde el primer respondiente hasta la cadena de justicia, involucrando a la Fiscalía y otros elementos. Aunque confiamos en que la mayoría cumple con sus deberes de manera adecuada, también hay áreas que necesitan ser corregidas. Si se llega a demostrar cualquier irregularidad, se debe abordar y tomar acción”, afirmó Céspedes Peregrina.
Hasta el momento, no se ha confirmado si el Gobierno Federal planea emitir recomendaciones al Gobierno de Puebla con respecto a esta problemática que afecta tanto al sistema de seguridad como a la administración de justicia en el estado.
En un contexto paralelo, ha resurgido la controversia en torno al juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, sobrino del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un caso que pasó inadvertido para los medios en abril, el juez liberó a siete individuos presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El grupo había sido detenido en posesión de un extenso arsenal, incluyendo fusiles y lanzagranadas.
Los hechos ocurrieron bajo el radar de los medios en ese momento, pero posteriormente se volvieron a discutir en las redes sociales. Los elementos de la Secretaría de Marina – Armada de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Colima habían logrado capturar a siete personas en posesión de 38 fusiles, un lanzagranadas, seis chalecos balísticos, siete paquetes de marihuana, así como cargadores y cartuchos.
Entre los detenidos se encontraba Amado Marino N., alias “El Bonito”, jefe de plaza en Villa de Álvarez, y señalado como uno de los mayores causantes de violencia en Colima. También había sido vinculado al asesinato de Martha Esther Rodríguez Cerna, titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en Colima.
Tras su detención y su posterior liberación por el juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, el caso ha resurgido como tema de discusión en torno a la eficacia y transparencia del sistema judicial.
