**Zurda,
/ Ruth Zavaleta Salgado /
l 27 de abril en Irapuato, Guanajuato, integrantes de la Guardia Nacional dispararon contra un vehículo donde viajaban dos estudiantes de la universidad de esa entidad.
El joven Ángel Yael Ignacio Rangel, de 19 años, murió y Edith Carrillo, de 22 años, quedó herida. A pesar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el hecho y declaró que no habrá impunidad, los familiares y los estudiantes salieron a protestar a las calles para exigir justicia.
Lamentablemente ese estado se ha vuelto uno de los de mayor violencia contra los jóvenes, pero no es el único ni tampoco es la primera vez que los responsables de la seguridad pública de los ciudadanos le disparan a algún joven o adolescente por el simple hecho de que les parece sospechoso.
Recordemos que uno de los principales problemas que quedan en la historia del sexenio de Felipe Calderón son los asesinatos de Javier Arredondo y Jorge Mercado, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el 19 de marzo del 2010 en Nuevo León. Las investigaciones finales concluyeron que fueron acribillados por elementos del Ejército y, por ello, en marzo de 2019, Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, ofreció disculpas a los padres de las víctimas “por la violación a los derechos humanos en el marco del uso excesivo de la fuerza” por la que fueron privados de su vida.
Lamentablemente, con base en los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos, éste es el sexenio en donde mayor número de denuncias se han presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra los integrantes de la Guardia Nacional y el Ejército. En 2020, contra la Secretaría de la Defensa hubo 359 denuncias, y en 2021, 436; contra la Guardia Nacional hubo 350 y 504, respectivamente. Es decir, de 709 quejas pasamos a 940 en un solo año contra estas dos instituciones.
No tenemos certeza de que el incremento de denuncias se derive de un involucramiento mayor de los elementos del Ejército, porque, si bien es cierto, la reforma constitucional del 26 de marzo de 2019 dictaminó que la Guardia Nacional fuera creada como una institución de carácter civil, López Obrador decretó (11 de mayo de 2020) que se ordenaba a la Fuerza Armada permanente “…a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública (…)”. La duración de este mandato es de 5 años a partir de marzo de 2019.
El asunto no es menor si consideramos que, a pesar de los señalamientos de organismos internacionales y organizaciones sociales nacionales en pro de los derechos humanos, el propósito del Presidente es elevar a rango constitucional este decreto y establecer que la Guardia Nacional sea un brazo del Ejército. Así lo declaró en la entrevista matutina del 15 de junio de 2021, y lo reiteró en la del 5 de febrero del 2022.
El principal argumento que dio el Presidente para insistir en estas reformas constitucionales es que quiere que la Guardia Nacional se consolide como una institución y que no le pase lo mismo que a la Policía Federal “que se integró y se echó a perder”. Sin embargo, precisamente, el principal problema que enfrenta la Guardia Nacional, al igual que la Policía Federal Preventiva, es la falta de capacitación de sus elementos para aplicar los protocolos.
Paradójicamente, en un país en donde más se asesina a periodistas, jóvenes y mujeres, los ciudadanos, quizás por el temor, perciben un desempeño más efectivo de estas instituciones, o por lo menos eso dicen los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. De diciembre de 2021 a enero de 2022, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional pasaron de 84.7% a 86%; 82.8% a 83.4% y de 72.9 a 73.6%, respectivamente.
Entonces: ¿Es por esto que el Presidente insiste en las reformas constitucionales para que la Guardia Nacional se convierta en un apéndice del Ejército?
