¿En qué país vivía Alberto?

En abril de 2019, Armando Vega Gil, músico de Botellita de Jerez, de 64 años, se suicidó después de ser señalado públicamente por el presunto acoso a una niña de 13 años, en el contexto del movimiento #MeToo. La cobertura mediática se centró entonces en el riesgo de las denuncias falsas y en cómo estas podrían conducir a decisiones extremas, como el suicidio de los acusados.

A partir de ese caso, numerosos medios comenzaron a incorporar al pie de sus notas líneas telefónicas para la prevención del suicidio. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la difusión de información para prevenir el acoso, el hostigamiento o la violencia sexual, ni con recursos dirigidos a las víctimas.

La conversación resurgió la semana pasada tras el suicidio de Alberto Israel Jasso Cruz, profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, quien enfrentaba una denuncia por presunto abuso sexual presentada por una estudiante. Nuevamente, el debate público giró alrededor del suicidio del señalado, desplazando del centro de la discusión los derechos de la víctima y la violencia sexual.

No tardaron en aparecer esquelas y mensajes de despedida que reconocían la trayectoria del docente y expresaban solidaridad con su familia. Poco se dijo, en contraste, sobre el acompañamiento que requieren las víctimas de violencia sexual. La pregunta resulta inevitable: ¿por qué la empatía pública se activa con tanta rapidez hacia quienes son señalados por violencia sexual y no hacia quienes denuncian?

Las cifras ayudan a dimensionar el contexto. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), siete de cada diez mujeres mexicanas han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida; casi la mitad (49.7 %) ha vivido violencia sexual. Entre las mujeres de 15 a 24 años esta cifra asciende a 60 %.

En su carta de despedida, Armando Vega Gil sostuvo que la denuncia había destruido la credibilidad construida durante su carrera. Por su parte, Alberto Israel Jasso dejó una grabación en la que responsabilizó al sistema por vulnerar la presunción de inocencia y afirmó que los hombres viven en condiciones de desigualdad. Incluso señaló que difundía el video para «concientizar a las mujeres».

El planteamiento resulta profundamente revelador. ¿En qué país vivía Alberto? En un país donde cada día son asesinadas, en promedio, 19 mujeres por razones de género y donde la impunidad sigue siendo la regla, sostener que los hombres son quienes se encuentran en una situación estructural de desigualdad es ignorar la realidad que enfrentan millones de mujeres.

La impunidad es uno de los principales obstáculos para acceder a la justicia. Según México Evalúa, únicamente siete de cada cien carpetas iniciadas en las fiscalías estatales llegan a una resolución, lo que representa una impunidad superior al 93 %. En materia de feminicidio, Mexicanos Contra la Corrupción ha documentado niveles de impunidad cercanos al 76 %, una cifra que refleja la enorme deuda institucional con las víctimas.

En su grabación, el docente argumentó que, incluso siendo inocente, enfrentaría un proceso largo, costoso y desgastante, además de las condiciones de la prisión preventiva. Sin embargo, omitió un hecho particularmente grave: exhibió públicamente el nombre y la fotografía de la estudiante denunciante, exponiéndola a violencia digital, violencia comunitaria y violencia psicológica y la señaló como responsable de su muerte.

Como ocurre en numerosos casos de feminicidio y violencia contra las mujeres, la conversación pública terminó alejándose de la conducta denunciada para concentrarse en cuestionar a la víctima. La decisión del agresor desplazó el foco de atención y encontró eco en sectores del magisterio que rápidamente dirigieron sus señalamientos hacia la estudiante.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en su Guía de buenas prácticas en el acompañamiento de casos de violencia feminicida (2026), documenta que las víctimas enfrentan un recorrido marcado por la negación del contexto de violencia, la omisión institucional, la dilación de las investigaciones, la falta de coordinación entre autoridades, los peritajes deficientes, la ausencia de perspectiva de género, la manipulación de pruebas y diversas formas de intimidación y discriminación.

A ello se suma la violencia mediática y digital. El OCNF ha identificado prácticas recurrentes como la criminalización de las víctimas, la manipulación de la información, el silencio institucional, la minimización de los hechos, la desinformación pública, la difusión de datos personales, la estigmatización y el sensacionalismo, todos ellos factores que alimentan la impunidad social.

La «cancelación social» o «funa» volvió, una vez más, contra la víctima. La presunción de inocencia —principio fundamental del debido proceso— fue utilizada en el debate público no para exigir investigaciones imparciales, sino para desacreditar el testimonio de quien denunció y trasladar hacia ella la responsabilidad de las consecuencias.

Narrar la violencia contra las mujeres es una responsabilidad que trasciende a los medios de comunicación. También involucra a quienes participan en la conversación pública, comparten contenidos en redes sociales o emiten opiniones sin considerar el contexto estructural de desigualdad y violencia. Cada narrativa contribuye a reproducir o a desmontar la impunidad.

El OCNF sostiene que incorporar una estrategia de comunicación en la defensa de los casos de violencia feminicida fortalece el acceso a la justicia. Cuando una historia se cuenta con ética, claridad y respeto por las víctimas, la sociedad escucha. Y cuando la sociedad escucha, aumentan las posibilidades de que las instituciones actúen. La comunicación no solo informa: protege la memoria de las víctimas, combate la impunidad y evita que sus historias sean borradas.

Por ello, creer en el testimonio constituye el primer paso de un enfoque centrado en las víctimas. No significa renunciar a las garantías del debido proceso, sino reconocer que la respuesta institucional y social no puede partir de la sospecha automática hacia quienes denuncian, especialmente en un contexto donde la violencia sexual permanece ampliamente subdenunciada e impune.

«La vergüenza tiene que cambiar de bando», afirmó Gisèle Pelicot tras sobrevivir a una de las formas más atroces de violencia sexual. Su frase se ha convertido en un llamado global a desplazar la culpa de las víctimas hacia quienes ejercen la violencia. Hoy, frente a narrativas que siguen responsabilizando a las mujeres por denunciar, esas palabras adquieren una vigencia ineludible.

*Periodista feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres.

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