*La envían de regreso a Camará de Diputados.
20.11.2025. Ciudad de México.- El Senado de la República avaló el 19 de noviembre el proyecto de decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, incorporando modificaciones que fortalecen el enfoque de género y endurecen las sanciones cuando el delito se comete mediante el uso de tecnologías de comunicación.
La aprobación en lo general se dio por unanimidad con 110 votos a favor, mientras que en lo particular el dictamen recibió 95 votos a favor y 12 en contra. Entre los cambios aceptados destacan las reservas presentadas por la senadora Martha Lucía Micher Camarena y el senador Ignacio Mier Velazco, quienes lograron incluir la perspectiva de género en la atención a víctimas y precisar el agravamiento de penas cuando la extorsión se realice a través de medios electrónicos.
El dictamen también modifica cinco ordenamientos: el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Con ello se busca homologar definiciones, sanciones y protocolos de investigación en todo el país.
Entre las disposiciones más relevantes se encuentran:
– Aumento de penas: el rango de sanción por extorsión se eleva de 15 a 25 años de prisión, frente a los seis a 15 años que proponía la Cámara de Diputados.
– Responsabilidad de servidores públicos: se establecen penas de 10 a 20 años de cárcel para funcionarios que omitan denunciar casos de extorsión, y de seis a 12 años para quienes introduzcan dispositivos electrónicos en centros penitenciarios.
– Protección a víctimas y testigos: las autoridades deberán garantizar medidas de seguridad durante todo el procedimiento judicial, incluyendo protección de la vida, libertad e integridad física y mental.
– Extinción de dominio: los recursos obtenidos por este mecanismo se destinarán preferentemente a la restitución de derechos de las víctimas.
– Unidades especializadas: las fiscalías deberán contar con policías, ministerios públicos y analistas capacitados y certificados para investigar este delito.
Durante la discusión, legisladores de distintos partidos coincidieron en que la extorsión es uno de los delitos de mayor incidencia en México y que ha encontrado en las cárceles y en el uso de tecnologías un terreno fértil para expandirse. Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, destacó que se realizaron alrededor de 20 cambios a 15 artículos y se añadió una disposición transitoria, lo que consolida un instrumento más robusto para combatir la impunidad.
Las senadoras fijaron postura:
– Laura Estrada Mauro (Morena) señaló que la ley responde a la exigencia ciudadana de vivir sin miedo y envía un mensaje de unidad frente al crimen.
– María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) advirtió que la iniciativa requiere recursos suficientes para que las unidades especializadas funcionen de manera efectiva.
– Carolina Viggiano Austria (PRI) criticó que la ley carezca de presupuesto asignado, lo que podría limitar su impacto.
– Lizeth Sánchez García (PT) sostuvo que durante años la falta de políticas preventivas dejó a la ciudadanía indefensa y que ahora se establece un tipo penal único para evitar disparidad en las sanciones.
– Alejandra Barrales Magdaleno (Movimiento Ciudadano) afirmó que la reforma representa un “golpe de timón” frente al crimen organizado y deja atrás la política de “abrazos y no balazos”.
Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, subrayó que la reforma constituye una política de Estado frente a un delito que afecta la seguridad de comunidades enteras y vulnera la tranquilidad de las familias. Otros senadores, como Laura Estrada Mauro (Morena) y María Guadalupe Murguía (PAN), señalaron que la ley responde a la exigencia ciudadana de vivir sin miedo, aunque advirtieron que será necesario asignar recursos suficientes para su implementación.
La minuta regresa ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá ser revisada y eventualmente ratificada para su entrada en vigor. Con ello, el Congreso busca cerrar espacios de impunidad y enviar un mensaje de firmeza frente a un delito que se ha convertido en una de las principales amenazas a la seguridad pública en México.
