*Incorporando estándares internacionales y poniendo énfasis en el consentimiento.
*El debate se da en un contexto nacional alarmante: en lo que va de 2025 se han abierto más de 25 mil carpetas de investigación por abuso sexual en México, lo que revela la urgencia de una tipificación más clara y sanciones efectivas.
09.12.2025.- Con 18 votos a favor, la Comisión de Justicia del Senado, presidida por Javier Corral Jurado, avaló un dictamen que reforma los artículos 260 y 260 Bis del Código Penal Federal para redefinir el delito de abuso sexual. La propuesta elimina ambigüedades y establece que la ausencia de consentimiento será el eje central del tipo penal, en concordancia con estándares internacionales.
Se precisa que el consentimiento no puede presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física, y que cualquier acto sexual sin consentimiento —toques, caricias, exhibiciones o representaciones explícitas— constituye delito, incluso cuando la voluntad de la víctima haya sido anulada por violencia, intimidación, engaño, abuso de confianza o situación de vulnerabilidad.
El dictamen se aprueba en un escenario crítico: en lo que va de 2025 se han abierto 25 mil 70 carpetas de investigación por abuso sexual en México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esto equivale a 58 víctimas diarias, más de dos cada hora, y refleja solo una parte del problema, pues persiste una amplia “cifra negra” de casos no denunciados. Estados como el Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León concentran la mayor incidencia, lo que evidencia que la violencia sexual es un fenómeno extendido y persistente.
La reforma establece sanciones de tres a siete años de prisión, la persecución de oficio y la obligación de asistir a talleres reeducativos, además de 12 agravantes que pueden aumentar la pena. Legisladores de distintas bancadas coincidieron en que el cambio normativo es un avance en favor de las mujeres y responde a compromisos internacionales como la CEDAW.
Sin embargo, también se subrayó que la efectividad dependerá de su aplicación en ministerios públicos, juzgados y patrullas, así como de políticas públicas integrales que combatan la violencia sexual desde la educación y la cultura. El dictamen coloca en el centro a las víctimas y busca garantizar que la libertad de las personas a vivir sin miedo sea un principio rector de la justicia mexicana.
En conclusión: La reforma no solo redefine jurídicamente el abuso sexual, sino que responde a una crisis nacional marcada por miles de denuncias y un patrón de violencia sistemática contra mujeres y niñas.
Su aprobación representa un paso hacia la claridad legal y la protección de derechos, pero exige voluntad política y aplicación efectiva para que las cifras dejen de ser un reflejo de impunidad.
