- Las y los senadores buscan incidir en la elaboración de una nueva política migratoria en el país.
- Se realizaron observaciones a las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público, entre otras.
24.04.2024.- Ciudad de México.- El senador Rafael Espino de la Peña presentó el informe final del Grupo de trabajo plural de seguimiento a los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo de 2023, en la Estación Migratoria Lerdo-Stanton, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, mediante el cual plantean una serie de recomendaciones para incidir en la elaboración de una nueva política migratoria en el país.
Confió en que se llegará a un consenso para que en el documento se incluya una recomendación para que, de manera temporal, Francisco Garduño Yánez pueda separarse de su cargo como titular del Instituto Nacional de Migración, en tanto se lleva a cabo la investigación por el incendio donde murieron 40 migrantes.
“En lo que todos coincidimos es que no puede estar desempeñando las labores de titular del Instituto, mientras esté sujeto a un proceso de responsabilidad personal que lleva la Fiscalía General de la República, porque hay un evidente conflicto de interés”, expresó Espino de la Peña, quien es presidente del Grupo de trabajo.
Dio a conocer que dicho informe contiene un resumen de las reuniones que se llevaron a cabo, así como la información que enviaron las organizaciones involucradas y los representantes de algunas víctimas y familiares.
Agregó que el documento se enviará a la Mesa Directiva y se solicitará que se publique en la Gaceta Parlamentaria. Además, confió en que sirva como información para que no se repitan estos hechos y para que los nuevos legisladores lo tomen en cuenta para crear políticas públicas que eviten situaciones como éstas.
El senador calificó como “lamentable” que, a más de un año de haber ocurrido esta tragedia, y de que esta instancia haya girado las invitaciones correspondientes, los senadores no se pudieran reunir con los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“En diferentes ocasiones expresamos esta problemática, que sin duda afectó la profundidad de nuestro análisis e incidió en el reporte que estamos presentando”, indicó.
Señaló que el objetivo del Grupo, el cual era analizar y dar seguimiento puntual a los mecanismos de apoyo que se implementarían para proteger los derechos humanos de las personas migrantes, las víctimas y sus familiares, se vio “obstaculizado por la falta de asistencia de las diversas autoridades encargadas de dar seguimiento a estos hechos”.
Pese a que reconoció la buena voluntad de las instituciones que accedieron a responder sus preguntas, aseguró que es necesario que cada autoridad cumpla con su deber y lo menos que podemos hacer ante un caso tan lamentable, dijo, es hacer frente a la reparación del daño e investigar las causas que originaron esta tragedia.
Consideró que “es increíble” que antes de que se registraran estos hechos, donde murieron 40 migrantes, ocurrieron ocho incidentes de incendios en otras estaciones migratorias, pero “lo más grave” es que se tenga el registro de uno en el mismo lugar en 2019 y que a pesar de haber contado con esos precedentes no se hayan fortalecido las labores necesarias para evitar que estos hechos ocurrieran.
“Es lamentable, también, que, a pesar de la muerte de 40 personas y 27 personas heridas, y de la petición por parte de la Fiscalía General de la República, de que el titular del Instituto Nacional de Migración pida licencia o sea removido del cargo, para hacer frente a los procesos, este siga al frente”.
Mencionó que el informe que hoy presentan, no sólo ayudó a los y las senadoras a conocer lo que pasó, antes y durante el incendio, sino que les permitió conocer de otros obstáculos que enfrentan las personas en situación de movilidad.
Como ser víctimas del crimen organizado, discriminación, detenciones que duran más de 36 horas en las estaciones y estancias migratorias, presentación indebida de niñas, niños y adolescentes en centros de detención, ausencia de traductores, falta de agua, de comida.
“Esto debe de parar ya, es por eso que con el propósito de mejorar la tutela y protección de los derechos humanos de los migrantes, este Grupo de trabajo emitió diversas recomendaciones a diferentes instituciones, dependencias, órganos de gobierno y Poderes”, apuntó.
En este sentido, detalló que el Grupo de trabajo realizó observaciones a las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público, así como al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Fiscalía General de la República, a los Jueces de Control Judicial de la Federación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión.
Por el PRI, la senadora Beatriz Elena Paredes Rangel aseguró que es fundamental hacer una revisión integral y urgente de la política migratoria en el país, “pero hay oídos sordos a ese reclamo, no parece existir la sensibilidad ante un hecho tan grave”, como fue lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Se trata, argumentó, de uno de los asuntos más dolorosos que acontecieron en la presente administración y que representa uno de los elementos que muestran que hay una crisis en la política migratoria mexicana, “de la cual nos tenemos que hacer cargo, porque de lo contrario se va a profundizar”.
La senadora del PVEM, Gabriela Benavides Cobos, indicó que el informe plantea el rediseño de la política migratoria del país, porque la que se aplica no funciona y no respeta a las personas migrantes, lo que les ha costado la vida a muchos de ellos.
Manifestó que para nadie es ajeno que las personas migrantes en nuestro país son víctimas de la delincuencia, objeto de trata, secuestro y además de ello violaciones a sus derechos humanos por parte de diversas autoridades, “es una realidad que nos debe avergonzar”.
El senador del PRD, Emilio Álvarez Icaza Longoria, aseveró que el hecho de que hayan muerto 40 personas en custodia del Estado, es un tema que avergüenza a México ante el mundo; “debería generar una profunda indignación en el país, no es una cosa menor, es un hecho de extraordinaria gravedad”.
Dijo que se trata de un hecho que pudo haberse evitado, pero la detención arbitraria se ha convertido en el criterio por excelencia de la política migratoria, lo que pone en evidencia una práctica sistemática, generalizada y estructural de violación a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad, donde los fenómenos de riesgo se incrementan cuando se trata de mujeres y niños.
