HORA LIBRE
Álvaro Belin Andrade
Si el Congreso local representa la correlación de fuerzas políticas de Veracruz, los de Morena pueden estar plenamente seguros de que se mantendrán en el poder, no solo con su propia fuerza electoral sino con el apoyo de opositores embozados, líderes vociferantes que negocian en lo oscurito, timoratos oficiantes con largas colas que les pisen.
Porque eso volvió ocurrir este martes en el Palacio Legislativo, en medio de la pandemia, con la aprobación de una reforma electoral que buscó blindar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con una popularidad a ras de piso, de ser despedido por los veracruzanos mediante el recurso de la revocación de mandato; que cercenó al Órgano Público Local Electoral (OPLE) de sus consejos municipales, cambió a 3 años la gestión de los alcaldes para posibilitar su reelección y, lo único bueno, disminuyó en 50 por ciento las prerrogativas a los partidos políticos.
Pese a la alharaca previa de los líderes nacionales y estatales del PAN, el PRI y el PRD, a varios diputados de sus partidos (pocos, porque son minúsculas sus bancadas) les valió una tonelada de embutido las declaraciones de sus devaluados próceres en contra de la iniciativa de un gobernador que buscó su permanencia en el cargo en una gestión que ya no podrá ser sometida a consulta popular para revocar su mandato.
La iniciativa fue aprobada por 34 votos a favor, mientras que solo 14 fueron emitidos en contra. Lo interesante del caso es que Morena solo tiene 29 diputados y necesitaba los votos de al menos cinco diputados opositores para lograr su reforma constitucional. Y lo logró.
¿Cómo hizo Morena para que cinco opositores que les faltaban para llegar a los 34 votos reglamentarios rompieran con sus “convicciones”? Será difícil saberlo, pero de entrada por un nulo compromiso de los diputados con los partidos políticos que los llevaron al cargo.
¿Quiénes traicionaron para unirse a Morena?
Como para que quede claro de cómo estuvo la jugada en el Congreso local y estimemos el daño que la misma oposición puede infligirse en el proceso electoral del año próximo, en que habrá entre otras elecciones la del Congreso local, habrá que analizar a los cinco opositores que dejaron de serlo.
De entrada, el muy recientemente incorporado diputado priista Antonio García Reyes, quien apenas el 20 de noviembre pasado protestó como suplente del asesinado líder campesino Juan Carlos Molina, y que hoy enfrenta el cuestionamiento del líder local Marlon Ramírez, quien anunció que solicitará se le someta a proceso de expulsión inmediata por la Comisión de Justicia Partidaria. “El @PRI_Nacional y el @PRIVeracruz_ no respaldarán a quien se preste a apoyar una Reforma amañada desde su origen”.
En el establo de enfrente, el Partido Acción Nacional, se descontroló una cabra e hizo añicos la postura panista de ir contra la reforma: el diputado local Rodrigo García Escalante votó a favor de la reforma morenista, aunque es proverbial ya su apoyo al partido en el poder, luego de romper con el grupo de Miguel Ángel Yunes Linares desde que se dirimió por segunda ocasión la dirigencia estatal panista, apostando por Joaquín Guzmán Avilés, de quien no le importa poner en entredicho. Hasta el momento de escribir estas líneas, el PAN no ha dicho nada sobre cómo actuará contra su indisciplina.
También votó a favor Alexis Sánchez García, de Movimiento Ciudadano, lo que podría no sorprender si recordamos que el fundador de ese partido, el exgobernador Dante Delgado, hace tiempo que postula la reducción en las prerrogativas para partidos políticos.
Sin embargo, Movimiento Ciudadano emitió una comunicado oficial para señalar que rechaza la reforma morenista porque frena la revocación de mandato, otra de las propuestas de Dante. De sus dos diputados, Ivonne Trujillo votó en consonancia con la postura oficial, y le hace un reconocimiento público porque “a pesar de las presiones, votó en contra de este dictamen y a favor de la constitución, la democracia y Veracruz”.
De Alexis Sánchez García, sin embargo, señalan que han iniciado un procedimiento interno en la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria, para que “con base en sus atribuciones verifique los hechos y violaciones y lleve a cabo su expulsión”, y añade que a partir de este momento, las posturas y posiciones que tome quien fungía como coordinador del grupo legislativo mixto MC-PRD “no representan de ninguna manera las de Movimiento Ciudadano”.
El eterno opositor Gonzalo Guízar Valladares, quien llegó bajo las siglas del desaparecido Partido Encuentro Social (PES) como parte de la alianza con Morena, pero que siempre se había opuesto a los designios de la alianza gobernante e, incluso, se alió al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares para mantener al exfiscal Jorge Winckler.
Aunque fue abstención y su voto no hubiera servido de mucho, prácticamente debe considerarse como una traición al PRD la postura de su diputada Brianda Kristel Hernández Topete.
Los Yunes, ¡qué familia tan plural!
Lo más extraño fue el voto favorable de la diputada Andrea Yunes Yunes, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Aunque pudo haber sido una instrucción de su dirigencia nacional, entregada en cuerpo y alma al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuesta digerirlo por la postura adoptada por su padre, el senador priista y excandidato a gobernador, Héctor Yunes Landa.
En efecto, el choleño, primo de Miguel Ángel Yunes, había manifestado en medios una postura crítica a la reforma electoral morenista, con la que “se intenta salvar al mandatario estatal de la hoguera de la revocación de mandato”, y acusó que se trata de la moderna Ley de Herodes de Cuitláhuac García.
“El documento no es más que una retahíla de agravios que ilegalmente intenta debilitar a los partidos políticos y desmantelar el sistema electoral veracruzano. Es una copy-page ajustada y convenenciera de lo que el Presidente de la República intenta en el ámbito federal”.
Yunes Landa había alertado en un artículo periodístico que el desmantelamiento del sistema electoral, el debilitamiento del OPLE y la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos pretenden imponer al gobierno como el gran elector. Cancelar la figura de los Consejos Municipales rompe el principio de legalidad que concede a los ciudadanos la potestad de la organización, desarrollo y cómputo de la jornada electoral.
Alguien dirá que es cosa de los Yunes choleños, a quienes no se les conoce una fidelidad a brazo partido con el partido que ha sido sumamente generoso con ellos, pero sí llama la atención el desapego.
Quienes sí votaron en contra de la reforma electoral fueron dos diputados priistas ligados, por cierto, a Héctor Yunes: el porteño Jorge Moreno Salinas y la lideresa del sindicato del Cobaev, Érika Ayala Ríos. Ambos, junto con los 13 diputados panistas restantes, hicieron la chica.
¿Qué tiene de bueno la reforma? El ahorro de unos de 177 millones de pesos que no irán a parar a los partidos políticos, cuyos líderes deberán invocar la bondad de, en el caso de la oposición, su muy debilitada militancia.
Morena, la verdad, no tendrá bronca. Hace tiempo que, por ejemplo, los diputados locales hacen propaganda con recursos públicos, publicitan en su favor obras y acciones del gobierno morenista, y el DIF estatal recientemente les dotó de miles de despensas para que repartieran en medio de la pandemia para comprar votos. Y si les hiciera falta dinero, seguramente se les abrirían las llaves del erario estatal o federal.
Los que deben estar pensando en cómo van a reponerse del enorme costo que les significó el proceso de conformación legal son los dirigentes y promotores de los nuevos partidos políticos, que llegarán al proceso de 2021 con la cartera recortada a la mitad.
Frases sin disfraces
“El tiempo hace estragos en la gratitud, aún más que en la belleza”. Mario Puzo
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