Rúbrica.
Por Aurelio Contreras Moreno
Un ya lejano 25 de enero de 2019, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez lanzó lo que parecía entonces un verdadero compromiso para combatir y atender la violencia contra las mujeres, que en los periodos gubernamentales anteriores había alcanzado ya niveles intolerables de virulencia y de simulación oficial en su erradicación.
En ese momento, el programa “Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres”, junto con la “Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz” lanzada en los primeros minutos del nuevo sexenio, parecían representar un viraje total en la política gubernamental estatal en materia de derechos humanos, así como un compromiso con estos grupos vulnerables.
Dos años y medio después, todo aquello quedó en el olvido. Los derechos humanos le importan menos que un cacahuate al gobierno que encabeza formalmente Cuitláhuac García, y particularmente los derechos, la seguridad y la vida de las mujeres.
La Fiscalía General del Estado es cualquier cosa, menos una entidad que atienda profesionalmente los casos de violencia contra las mujeres, que cuando acuden a una instancia ministerial para denunciar a un abusador/violentador, con lo que se encuentran es con su criminalización y revictimización en automático por parte de las propias autoridades, lo que termina llevándolas a abandonar los casos y a que sus victimarios permanezcan impunes y al acecho. Al cabo que ya saben que no les va a pasar nada.
Aunado a ello, entre los feminicidios –de los que ya no se tiene certeza sobre sus cifras reales, pues apenas tomó posesión como fiscal (espuria) Verónica Hernández Giadáns se modificó el criterio para contabilizarlos artificialmente a la baja- y la violencia doméstica, que han aumentado exponencialmente en los últimos tres años, este periodo ha sido verdaderamente de terror para las mujeres veracruzanas.
Una muestra de cómo se las gasta la Fiscalía es el caso de una mujer que el pasado 22 de mayo sufrió un aborto espontáneo en un centro comercial del municipio de Oluta, en el sur de Veracruz, producto de la violencia física que sufría por parte de su cónyuge, quien dos días antes la había golpeado ante la decisión de la joven de separarse de él, precisamente por eso mismo.
La joven de nombre Diana Patricia sufrió un aborto en el baño de la tienda departamental en la que se encontraba y, en estado de shock y en medio de una hemorragia, se fue del lugar y abandonó al feto, producto de un embarazo de aproximadamente seis meses.
Diana Patricia fue localizada y detenida por las autoridades ministeriales, que la internaron en un penal del municipio de Acayucan, donde permanecerá por lo menos hasta el mes de diciembre, imputada por homicidio doloso, ya que la Fiscalía la acusa de haber dado muerte a su hijo, porque según el organismo lo parió vivo.
Pero fueron más allá. La Fiscalía se encargó de boletinar esta versión aun cuando la investigación no ha concluido, con lo cual se violentó el debido proceso y la presunción de inocencia de Diana Patricia, quien fue exhibida –y tratada- como asesina de su cuarto hijo, cuyo embarazo –como consta en los testimonios recogidos en Oluta por la periodista Sayda Chiñas- había sido deseado y del cual llevaba un control médico estricto, pues era de alto riesgo.
Mientras en otras entidades que se podrían suponer más tradicionalistas y verdaderamente conservadoras, como Oaxaca e Hidalgo, se ha ido adelante en la despenalización de la interrupción del embarazo, en Veracruz no solo se le bloquea desde el régimen de dizque izquierda, sino que el gobierno persigue a las mujeres que abortan incluso sin que fuese su deseo o intención. En Veracruz se les encarcela por abortar.
Porque el caso de Diana Patricia no es el único. De acuerdo con representantes de sociedad civil en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, desde 2017 otras diez mujeres han sido encarceladas y procesadas en Veracruz por cargos como homicidio doloso agravado por parentesco: la misma estrategia legal aplicada en el caso de la joven de Oluta.
Como todos aquellos compromisos iniciales del gobierno de Cuitláhuac García, el de promover “cero tolerancia a la violencia contra las mujeres” es letra muerta. Como su credibilidad.
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