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/Carlos Alberto Duayhe/
La presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en Culiacán, la capital de Sinaloa, marca definitivamente una manera radicalmente distinta de enfrentar uno de los mayores compromisos del gobierno federal en materia de seguridad.
No dejan de sorprender operativos tanto de elementos del ejército, Guardia Nacional, policías estatales y municipales, en condiciones de máxima vulnerabilidad porque los grupos del narco vaya que conocen ciudades, pueblos y las salidas a las grandes montañas de la sierra.
Hasta ahora es difícil hacer un balance de la estancia del secretario desde su llegada el 3 de septiembre a Culiacán, en donde es evidente que hay un total desajuste de las actividades de la ciudad y de todos los restantes municipios.
Pero al menos ya hubo un decomiso también el día 3 de una tonelada y media de fentanilo como resultado de las acciones de seguridad, lo que representa un enorme golpe a lo que allí sucede, al grado que el propio Joe Biden hizo el pasado sábado un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinnabum por esa fuerte acción.
Y no hay que olvidar que la operación de los narcos de uno y otro bando en Sinaloa y en otras regiones aledañas tiene una relativa inmersión en la sociedad y entre esto y la corrupción de fuerzas policiales, se han movido a su antojo.
Desde los años 70 del siglo anterior las autoridades gubernamentales conocían perfectamente movimientos de esos grupos delincuenciales, que de movilizar la droga hacia Estados Unidos han complementado otras ilícitas actividades: migración, trata de personas, derechos de piso, empresas de todo tipo, que han permeado hasta la situación de nuestros días.
Así que a este pulverizado, fragmentado, peligroso asunto, hay que entrarle con todo.
