* Sólo el 1.7 Por ciento que se presentó en hospitales públicos accedieron a un procedimiento de interrupción legal y seguro.
/ Darío Pale y Redacción /
25.09.2025.- En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, la organización Equifonía lanzó un llamado urgente a las autoridades veracruzanas para garantizar el acceso efectivo a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), especialmente en casos de niñas víctimas de violencia sexual.
En conferencia de prensa, las activistas Adriana Fuentes, Mary Beda Patlax y Karina Soto presentaron cifras alarmantes, durante 2024, se registraron 621 partos en niñas de entre 10 y 14 años en hospitales públicos del estado. De ese total, apenas 72 menores accedieron a un procedimiento de interrupción legal, lo que representa solo el 1.7% de los embarazos en ese rango de edad.
Los datos, obtenidos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), revelan que los procedimientos se realizaron mediante tres métodos: Legrado Uterino Instrumental (LUI), Aspiración Manual Endouterina (AMEU) y medicación. El LUI, utilizado en la mayoría de los casos, es considerado de mayor riesgo por sus posibles complicaciones: perforación uterina, laceraciones cervicales y desarrollo de sinequias, lo que puede derivar en el síndrome de Asherman.
Más allá de las cifras clínicas, el registro hospitalario arroja un dato inquietante: el 44% de las niñas que egresaron tras una IVE vivían en unión libre.
Para Equifonía, este dato no puede ser tratado como una simple variable estadística. “Es probable que muchos de estos embarazos sean producto del delito de pederastia. El personal médico debe activar protocolos de denuncia ante las Fiscalías especializadas y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”, señalaron.
La organización también cuestionó las declaraciones oficiales ya que consideran que se minimiza el problema al afirmar que “la falta de acceso a la ILE no es un tema de hoy, lo importante es la salud”. Para las defensoras, esta postura ignora la urgencia de atender el embarazo infantil como una emergencia de salud pública y justicia.
En Veracruz, donde el aborto legal por violación está reconocido en la ley, persiste una brecha entre el marco jurídico y su aplicación efectiva. La falta de capacitación médica, el estigma institucional y la omisión de protocolos de denuncia configuran un escenario de vulneración sistemática de derechos, puntualizan.
Equifonía instó a las autoridades a asumir su responsabilidad: “El embarazo infantil no es un fenómeno aislado ni excepcional. Es una realidad cotidiana que exige respuestas integrales, sensibles y con enfoque de derechos humanos”.
Marco legal en Veracruz
Desde julio de 2021, Veracruz se convirtió en el cuarto estado del país en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, tras la aprobación de reformas al Código Penal local. Esta modificación eliminó el delito de aborto voluntario y estableció que las instituciones de salud pública deben garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sin necesidad de justificar causal alguna dentro del primer trimestre.
Además, Veracruz ya contaba —desde 2007— con causales legales previas, como el aborto por violación, riesgo para la salud o vida de la mujer, malformaciones congénitas graves del producto y causas económicas graves. Sin embargo, en la práctica, estas causales han sido aplicadas de forma restrictiva, discrecional o incluso ignoradas por personal médico y autoridades administrativas.
A pesar del reconocimiento legal, el acceso efectivo a la ILE en Veracruz enfrenta múltiples obstáculos:
– Falta de protocolos claros en hospitales públicos para la atención de niñas y adolescentes embarazadas, especialmente en casos de violencia sexual.
– Objeción de conciencia institucionalizada**, que permite a personal médico negarse a realizar el procedimiento sin garantizar la canalización inmediata a otro profesional.
-*Ausencia de capacitación en derechos sexuales y reproductivos para personal de salud, lo que deriva en desinformación, estigmatización y revictimización.
– Omisión de denuncia: en casos como los 72 procedimientos realizados en niñas de 10 a 14 años en 2024, no se activaron mecanismos de protección ni se dio parte a las Fiscalías, a pesar de que el embarazo infantil es indicio de abuso sexual.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley Estatal de Protección Integral en Veracruz, obligan a las Procuradurías de Protección a intervenir ante cualquier indicio de violencia sexual o embarazo infantil. Sin embargo, como señaló Equifonía, el hecho de que el 44% de las niñas egresadas tras una ILE vivieran en “unión libre” no fue motivo suficiente para activar investigaciones por pederastia.
