Yamiri Rodríguez Madrid
Corría el año 2007. El 27 de febrero Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena de 73 años de Soledad Atzompa, que fue ultrajada y asesinada por elementos del Ejército que habían montado un campamento muy cerca de ahí. Al trascender el hecho, las autoridades en el sexenio del priista Fidel Herrera Beltrán y del panista Felipe Calderón Hinojosa, afirmaron que murió a consecuencia de una gastritis. Una burla para su memoria, para su familia y para la inteligencia de la gente.
Sus hijas no cesaron en la lucha por la justicia y, después de más de 14 años, finalmente hace unos días, María Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en un hecho histórico emitió nuevas recomendaciones para la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la hoy Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, además de que sugirió reabrir la investigación. Todo esto porque reconoció hubo muchos vicios en el proceso y en el actuar de funcionarios involucrados, incluida la propia CDNH.
Entre dichas recomendaciones emitidas está la inscripción de las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas así como al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del estado de Veracruz y el establecer un memorial en la comunidad de Tetlatzinga, de donde era originaria la señora Ernestina, como medida de satisfacción que contribuya al reconocimiento de la dignidad y la reivindicación a los derechos humanos de la víctima, y realizar una disculpa pública en favor de esta, a sus hijos y a su comunidad.
Pero lo más importante que sugiere el organismo es que se inicien las investigaciones en contra del personal del Hospital Río Blanco, de la Secretaría de Salud en la entidad, por el ocultamiento e indebida valoración que se le dio a las pruebas que daban cuenta de los hechos delictivos ocurridos en perjuicio de la víctima. Veremos, primero, si las recomendaciones se acatan y, segundo, a cuántos de los involucrados después de 14 años aún se pueden investigar, si es que no han puesto pies en polvorosa.
Desafortunadamente, el caso de Ernestina Ascencio no es el único en el que los derechos de los indígenas son pisoteados y nunca, nunca, nunca, se puede ni siquiera reparar el daño. Para ellos no existe la justicia pronta y expedita. Es histórica que la alcancen, aun después de 14 años.
@YamiriRodriguez
