Los defensores de la ahora exfiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguran que su gestión fue extraordinaria y que, al no haber sido ratificada por el Congreso de la CDMX, los habitantes de ésta pierden a una gran funcionaria. Sus detractores dicen todo lo contrario y la acusan de abusar de su poder, de encabezar persecuciones políticas, como la que emprendió contra el Fiscal General de Justicia de Morelos, Uriel Carmona, de no disminuir la corrupción en la institución, ni de mejorar la profesionalización y desempeño del personal de esta.
El artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) detalla sus nueve fines, que incluyen la investigación y resolución de delitos, la persecución de los delincuentes, la colaboración con autoridades en materia de seguridad y justicia, la salvaguarda de los inocentes y la protección de los derechos de las víctimas.
Contrastando estos fines con la realidad, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, elaborada por el Inegi, señala que en la CDMX, de 2018 a 2022, el porcentaje de hogares en donde hubo por lo menos una víctima del delito bajó de 51.5 a 37.4%, que el número de víctimas por cada 100,000 habitantes disminuyó de 42,603 a 31,876 y que el número de delitos por cada 100,000 habitantes descendió de 69,716 a 46,032. Estas son resultados de la acción conjunta de la FGJCDMX con los demás organismos locales y federales encargados de la procuración de justicia y seguridad pública.
Bajo la gestión de Godoy, la FGJCDMX no brilló por la investigación y persecución de los delincuentes. La ENVIPE anota que en 2022 se denunció 11.1% de los delitos (menos que el 11.8% de 2021) y que la FGJCDMX inició una carpeta de investigación en 67% de estos casos (más de 65.9% de 2021). Es decir, del total de delitos perpetrados, solo se inició una carpeta de investigación en 7.4% de los casos (en 2001 fue 7.8%). Lo peor es que en 46.1% de las carpetas iniciadas no pasó nada o no se continuó con la investigación. En ese año la cifra negra, que refleja los delitos no denunciados o investigados, alcanzó un alto 92.6 por ciento.
El informe “Hallazgos desde lo local: CDMX” de México Evalúa revela que la FGJCDMX cuenta con tasas de personal, incluyendo peritos, jueces, agentes del Ministerio Público y policías de investigación, superiores al promedio nacional. Y que el presupuesto que recibe es varios puntos porcentuales superior al promedio nacional. Sin embargo, en 2021 se observó una gestión ineficaz de las cargas de trabajo y falta de eficiencia en los procesos de la institución. La tasa de resolución, que es el porcentaje de casos resueltos en relación con el total de casos reportados, fue de apenas 36.6%, inferior a la tasa nacional, y el porcentaje de congestión, que mide el grado de acumulación y retraso en la gestión de los casos, fue de 63.4 por ciento. El informe señala que el nivel de impunidad en los delitos denunciados e investigados llegó a 98.4 por ciento. Estos indicadores resaltan una gestión deficiente.
En conclusión, a pesar de contar con recursos significativos, la FGJCDMX, bajo la gestión de Godoy, contribuyó a un estado de impunidad y deficiencia en la justicia penal de la CDMX.
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