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26.09.2026 Estado de México.-El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, abandonó este sábado 26 de septiembre el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México, después de que una jueza federal modificó la medida cautelar que mantenía al político panista privado de la libertad.
Ruffo fue trasladado bajo custodia de la Guardia Nacional y continuará el proceso penal desde su domicilio en Ensenada, Baja California. Su salida ocurrió un día después de que, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega autorizara que la prisión preventiva se cumpliera en casa.
La determinación judicial no significa que el proceso penal haya concluido ni que se hayan retirado las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la República. Ruffo permanece sujeto a investigación por delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La modificación de la medida cautelar se produjo después de que la defensa presentó documentación médica durante la audiencia. De acuerdo con información difundida sobre el caso, entre los elementos considerados estuvieron la edad del exmandatario, de 74 años, y diversas condiciones médicas que requieren seguimiento. La FGR, así como representantes de Hacienda y Pemex, no se opusieron a que continuara el proceso bajo resguardo domiciliario.
Entre las condiciones establecidas por la autoridad judicial se encuentra la permanencia de Ruffo en su domicilio, la entrega de su pasaporte y visa, la comunicación diaria mediante videollamada con las autoridades y la prohibición de abandonar el país. La vigilancia del inmueble quedó a cargo de la Guardia Nacional.
En lugar de un brazalete electrónico, la autoridad determinó un esquema de supervisión distinto, debido a la posibilidad de que el exgobernador requiera atención médica de emergencia, según los reportes sobre la resolución judicial.
El traslado a Ensenada representa un cambio en las condiciones de reclusión que Ruffo mantenía desde julio, cuando fue ingresado al penal federal del Altiplano después de permanecer bajo custodia de autoridades ministeriales.
El expediente penal está relacionado con una investigación de la FGR sobre una presunta estructura dedicada al contrabando de combustibles. En el caso aparece la empresa Ingemar, vinculada empresarialmente con Ruffo, y la Fiscalía sostiene que la organización habría utilizado operaciones para introducir combustible al país sin cubrir las obligaciones fiscales correspondientes.
La investigación incluye a otras personas y empresas. De acuerdo con información difundida sobre la indagatoria, las autoridades solicitaron órdenes de aprehensión contra integrantes de la presunta estructura, mientras el proceso contra Ruffo continúa en la etapa judicial correspondiente.
La defensa del exgobernador ha rechazado las imputaciones y sostiene que Ruffo no participó en actividades ilícitas. Sus abogados han argumentado que su relación con la empresa no demuestra responsabilidad penal por las operaciones que la Fiscalía investiga.
Ruffo Appel fue gobernador de Baja California entre 1989 y 1995 y se convirtió en el primer mandatario estatal de extracción panista en México. Su actual situación jurídica corresponde a un proceso distinto de su trayectoria política.
Con su salida del Altiplano, el exmandatario continuará sujeto a las determinaciones del Poder Judicial desde su domicilio en Ensenada. La medida modifica el lugar donde permanecerá privado de la libertad, pero no representa una absolución ni el cierre de la investigación.