*Retrovisor.
/Ivonne Melgar/
Con esa definición, abdicó de cumplir una responsabilidad del Estado: la de ejercer la fuerza legítima que los ciudadanos le delegan al gobernante para que preserve sus vidas, bienes y libertades.
Sin embargo, también hay que conceder en que el líder social y opositor activo durante 18 años pulsó como nadie de qué estaban hechos los dolores y afanes del México profundo.
Y valiéndose de su enorme capacidad política, ese presidente tan popular optó por asumir que aquellos miles de mexicanos que vivían de delinquir también eran sus gobernados y que habría de proteger sus vidas.
Por eso la propuesta que Alfonso Durazo, primer secretario de Seguridad de AMLO, entregó al Senado hablaba de pacificar regiones, justicia reparatoria, desarme, de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y de amnistías condicionadas al perdón de las víctimas. Aun cuando el diagnóstico de entonces señaló que la existencia del crimen organizado era posible gracias “al contubernio estructurado de funcionarios públicos”, léase la narcopolítica, nada de lo ofrecido se cumplió.
De 2019 a 2024 sólo hubo abrazos. Pero éstos no figuran más en la estrategia del secretario Omar García Harfuch, que el próximo martes será motivo de debate en la Cámara de Diputados, al aprobarse las iniciativas presidenciales en materia de coordinación a través de nuevos sistemas de información y otra relacionada con una plataforma policial de inteligencia.
Ambos proyectos de ley fueron respaldados este miércoles en la Comisión de Seguridad Ciudadana con el voto de Morena, PT, PVEM y MC; la abstención de los diputados del PAN y del morenista Manuel Espino, y el rechazo del PRI.
Si bien el gobierno puede aprobar reformas sin que importe lo que diga y proponga la oposición, sabemos que la realidad se compone de todas las voces.
De lo contrario, en Palacio Nacional no pondrían tanta atención a la crítica ni se hablaría de “carroñeros” ni se dedicarían a explicar de quiénes son las cuentas en X que más acusan al gobierno de solapar la narcopolítica.
Y si los votos de la oposición no cuentan, sí importan sus señalamientos sobre el fracaso de los abrazos, porque son el diagnóstico obligado de la nueva estrategia que ahora despliega García Harfuch.
Pero, a diferencia de 2019, el actual gobierno no ha compartido ningún plan de seguridad sexenal. Ésa es una de las razones por las que el PRI votará en contra de las citadas leyes.
El jefe de la diputación priista, Rubén Moreira, conocedor del tema y en cuya gestión Coahuila comenzó a frenar las atrocidades de la violencia criminal, explicó: “Vamos en contra porque (en las leyes) de nueva cuenta es reafirmar la militarización del país. Eso es lo primero. Lo segundo es porque son leyes que se meten en la vida privada de todos, menos de los delincuentes. La tercera es porque se suprimió todo el apartado de prevención del delito y la cuarta es porque en la exposición de motivos, 90 por ciento es falso.
“Ni han entregado la Estrategia Nacional de Seguridad, no la han mostrado, o sea, no está. En el Senado no ha sido depositada y todas las estadísticas están mal, son falsas. Ahora resulta que quieren vigilar al ciudadano normal y no al delincuente”, cuestionó el exgobernador.
Los panistas dijeron que mientras no se resuelvan sus dudas de fondo, votarían en abstención. MC lo hizo a favor, alegando que estas leyes mejoran lo que había. La criticada falta de un diagnóstico realista resulta explicable: nadie que se autoadscriba como integrante de la Cuarta cuestionará el desastre heredado.
Y ante ese vacío, Acción Nacional presentó esta semana un paquete de iniciativas que han puesto el dedo en la llaga al señalar, como lo hizo el secretario Durazo en su momento, que el problema de fondo es que siguen impunes la narcopolítica y el reclutamiento ilegal y forzado que el crimen organizado hace de los jóvenes, niños y adolescentes.
Por eso proponen tipificar esas conductas como delitos y aplicarle la pena máxima de 140 años a los protectores de delincuentes y cárcel de 80 años mínimo a los raptores en casos como el de la hacienda Izaguirre.
El diagnóstico de la dirigencia panista de Jorge Romero, expuesto en un documento interno, parte de una premisa: “Si se suma el número de desaparecidos más el número de homicidios, hoy hay más muertos que nunca en México. Esto seguirá ocurriendo mientras el gobierno federal encubra a gobiernos, alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos involucrados con el crimen organizado”. Con estas posturas de fondo, la votación de las iniciativas estaba programada para este jueves, pero se pospuso para el martes próximo con el argumento de que se consultarían las reservas de la oposición, encaminadas a evitar el mal uso de los datos biométricos y telefónicos, entre otras.
¿Podría revivir el diálogo político en el Congreso en el tema de seguridad, aprovechando la confianza que el perfil del secretario García Harfuch genera entre todas las bancadas? Ahí la duda.
Lo que sí sabemos es que una legislación legitimada por todas las fuerzas parlamentarias rompería el enfermizo reparto de culpas y sería señal de fortaleza frente al diagnóstico del gobierno de Trump de que el problema mexicano de fondo es la narcopolítica, ese tema todavía tabú en la 4T.
