*Texto y fotos: Eliana Gilet.
17.11.2025 Las comunidades vecinales del sur de la Ciudad de México han sido pioneras en denunciar que existe un nocivo vínculo entre la extracción desmedida del agua subterránea —que pone al límite la capacidad de recarga de los acuíferos someros y subterráneos y, con eso, el acceso al líquido vital— y el crecimiento de grandes desarrollos inmobiliarios que, para aprobarse su construcción, requieren de permisos que avalen la disponibilidad de agua en la zona.
En esta línea de defensa territorial, el Mundial 2026 ha reavivado múltiples voces que denuncian cómo este evento, al que se dedicará buena parte de la inversión pública en sus barrios, ha impactado negativamente en la disponibilidad de agua para los ciudadanos, al aumentar la presión inmobiliaria en el sur de la capital, donde existe una nutrida vida social y comunitaria ligada a la tradición de los pueblos prehispánicos asentados allí.
La pelea por su reconocimiento como defensores de lo común es otro aspecto de esta lucha. Ya el gobierno exige el registro de cada pueblo para ser considerado como tal, y las comunidades quieren que se respete la autoadscripción y las formas propias de decidir lo que sucede en el territorio. Esto, dicen, es una forma de recortar sus herramientas para la defensa territorial, y en particular de menguar la fuerza de su rechazo al pozo de extracción que se concesionó, gracias al evento, a la televisora privada que es dueña del estadio.
A partir del análisis de caso de la colonia Santa Úrsula, vecina del estadio, podemos entender cómo este tipo de edificios de gran escala se ha convertido también en un enemigo de los procesos de auto-organización social y vecinal, atentando contra el tejido comunitario que las vecinas se esfuerzan por mantener.
La torre que irrumpe
La señora Norma Piñón ha pasado toda su vida en Santa Úrsula, ya que su familia fue una de las fundadoras de la colonia. Ubicada en las cercanías del Estadio Azteca, la organización vecinal fue clave para frenar su crecimiento desmedido —como se pretendía inicialmente, en 2021, tras el anuncio de la capital mexicana como sede de la justa deportiva privada—, y desde entonces se ha convertido en un espacio clave para el estudio y denuncia de los perjuicios que las grandes torres de departamentos causan en la vida de los sitios donde llegan a instalarse.
“Aquí junto había una casa. Hace como un año fue vendida y comenzó la demolición. No presentaron ningún permiso para ello —los cuales deben estar exhibidos en la fachada de los predios— y posteriormente comenzó la construcción, para la cual tampoco hay ninguna manta que especifique cuántos niveles serán ni quién es el responsable de la obra”, explicó Piñón en diálogo con Desinformémonos.
La manta que sí colocaron cuando se comenzó a intervenir el espacio tenía una mención directa al Mundial de fútbol. Primero describía las “amenidades” que se proyectan en el espacio y luego decía “no dejes pasar la posibilidad que va a traer el próximo Mundial”. Ahora, ¿a qué responde ese letrero?
“Consideramos que es debido a una visión post-Mundial, que busca que las zonas tengan una nueva arquitectura, que sea totalmente diferente a la de los barrios populares. Convertirla a una parecida a colonias como la Del Valle —de alto poder adquisitivo— pautada por los desarrollos inmobiliarios y no como existe ahora, donde se tiene una arquitectura vinculada a la autoconstrucción”, respondió Natalia Lara, otra de las vecinas organizadas, en entrevista con este medio.
Así, además del aumento del costo de vida y de los problemas de convivencia que las nuevas megaconstrucciones traen, desde Santa Úrsula se aporta un elemento novedoso al análisis: el cambio del estilo de los barrios, que busca homogeneizarlos con zonas de mayor plusvalía y borrar las marcas locales, construidas por los vecinos que las habitan.
Por el momento, la obra ya ha causado varios problemas: han talado árboles y dañado los adoquines de la plazuela comunitaria que está en frente; han tapado la coladera y roto la banqueta de la calle, debido al uso que hacen del espacio público para colocar sus máquinas revolvedoras de cemento en la vía pública; y claro, han dañado las casas de sus vecinas, como la de Norma.
“Como todavía no tienen sus bajadas de agua, están infiltrando a la mía, y en esta época que ha llovido mucho, el agua ha llegado a los cuartos donde dormimos. Las bajadas de luz que provoca la obra nos ha roto electrodomésticos y la computadora de mi hijo con la que trabaja. También nuestras azoteas están llenas de maderas, cascajo, alambre que cae de la construcción, pero no limpian nada. Incluso se les cayó un polín sobre mi calentador solar que está en el techo, y lo rompieron”, contó la vecina en diálogo con Desinformémonos.
Aunque la arquitecta encargada de la construcción se comprometió a reparar el daño, el problema es otro: al calentador solar ya no le va a llegar el sol, debido a la sombra continua que la torre de departamentos proyecta sobre ella. Tampoco se puede tender ya la ropa a secar porque, para acelerar la conclusión del edificio, los trabajadores hacen turnos de 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a sábado. La mayoría viven dentro de la construcción.
Las vecinas organizadas de Santa Úrsula que fundaron la Cooperativa Acción Pedregales acudieron a la alcaldía Coyoacán a pedir información sobre los permisos y el costo de la obra, pero sólo han recibido largas al respecto. “Primero me dijeron que volviera en cinco días, luego que en quince. En la obra ya cambiaron dos veces de arquitecto, otras dos de encargado, pero uno de ellos me había dicho que sólo iban a construir tres niveles, que no iba haber mucho daño pero fueron mentiras. Los inversionistas nunca se han acercado a hablar con ninguno de los vecinos, que están muy molestos porque el edificio va a cambiar radicalmente los movimientos de la plazuela, que era una zona verde construida por ellos mismos y que disfrutamos por cerca de 40 años”, contó la vecina.
Además de la vida cotidiana interrumpida por el ruido, el polvo y el movimiento de los camiones que mueven el material, la incertidumbre —dijo— es lo más complicado de este momento porque, ¿quiénes van a ser esos nuevos vecinos que van a pagar dos millones de pesos —en preventa, que subirá— por llegar aquí? A medida que reflexiona, la vecina Norma se corrige, pues sí hay una afectación peor: el agua para todos.
“¿De dónde van a tomar el agua para este predio? Aquí en la zona ya tenemos falta de agua, mi casa no tiene agua, la de al lado tampoco, llega apenas dos veces a la semana. Lo mismo con el drenaje, la casa vieja que demolieron tenía fosa séptica, ¿a dónde van a conectar tanto departamento? No lo sabemos”, inquiere.
Una exigida dinámica subterránea
“El agua subterránea de la Ciudad de México tiene una dinámica muy compleja”, explicó en entrevista con Desinformémonos Luis Zambrano, investigador y ecólogo urbano, quien se desempeña profesionalmente en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional de México (UNAM). Ocho años atrás, Zambrano, junto al recientemente fallecido investigador Óscar Escolero, realizó el primer estudio de velocidad del agua subterránea que desde la academia confirmó las denuncias con que otros vecinos cercanos, de los Pedregales de Coyoacán, inauguraron esta serie de protestas en 2016, al denunciar que la empresa Quiero Casa —propiedad de la familia judía Shabot Cherem— había cavado tan profundo para hacer tres pisos de estacionamiento subterráneos de sus torres de 377 departamentos, que alumbró un acuífero somero.
Para poder continuar con su construcción en la Avenida Aztecas #215, la empresa optó por desechar 5 millones de litros de agua potable al día, bombéandola fuera de la obra hacia el drenaje. Los vecinos denunciaron esto como un “ecocidio” y mantuvieron un plantón fuera de la obra durante dos años en protesta.
Ese conflicto primigenio abrió una grieta en el desconocimiento de la vida subterránea del agua en la ciudad y permitió discutir públicamente una extendida visión equivocada que entiende que el agua es un recurso inagotable. “Estamos acostumbrados a creer que el agua que está debajo de la Ciudad de México es infinita y que el problema de la falta de agua se debe a que no hay suficientes pozos de extracción. Incluso desde el gobierno, mucha gente sostiene que para resolver el problema del agua van a rehabilitar o echar a andar varios pozos más”, explicó Zambrano en entrevista para este reportaje.
Aunque el otorgamiento de permisos de perforación está en manos de la Comisión Nacional del Agua, que corresponde al gobierno federal y no al gobierno de la Ciudad de México, las construcciones de gran tamaño deben obtener permiso de “factibilidad hídrica” de la Secretaría del Agua local, caso a caso, denunciado por su falta de transparencia.
“Estas negociaciones que se hacen con las grandes constructoras no son algo atípico. En el caso del pozo de Televisa, los vecinos se dieron cuenta y, sumado a la falta de agua, elevaron la demanda. Pero es altamente probable que existan muchos pozos del estilo en la ciudad, sin que lo sepamos. El gobierno dejó de publicar la información sobre agua argumentando que eran temas de seguridad nacional y ya no sabemos dónde están los nuevos pozos”, explicó el experto.
Este conocimiento comunitario ha inundado de conflictividad la zona sur de la capital mexicana: sólo contando los frentes de lucha del Frente de pueblos y barrios del Anáhuac, se ha resistido la instalación de 50 megadesarrollos inmobiliarios en esta área —donde el Mundial tendrá sus principales eventos en Ciudad de México— y exigen que se haga una moratoria de nuevas construcciones.
Esta inversión privada de gran escala es responsable de cambiar la fisonomía de antiguos barrios residenciales y bajos, aumentar la densidad poblacional y de automóviles colapsando el tránsito vehícular y, por supuesto, de impactar en la cantidad y calidad de agua disponible para el uso común.
La presión inmobiliaria ha sido tal, que hasta la propia UNAM intervino en un pleito contra la inmobiliaria Be Grand —empresa fundada en 2014, como parte del Grupo inmobiliario Carr— por su proyecto “Copilco”, que pretendía construir 27 pisos de altura para 600 departamentos, afectando el reconomiento patrimonial que la UNESCO hizo a la Ciudad Universitaria en 2007. La defensa legal de la UNAM llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de México, que anuló el permiso de construcción otorgado por la alcaldía Coyoacán, argumentando que el edificio “atentaba contra el patrimonio cultural, violaba las normativas e iba contra los intereses de la comunidad”.
Sin embargo, ese triunfo no protegió a los barrios circundantes. Ya en 2018, Zambrano había documentado 17 megaconstrucciones de más de 10 mil metros cuadrados, en un radio de cinco kilómetros, con epicentro en el campus universitario. Con el anuncio del Mundial en México un año más tarde, esta presión fue cercando a los pueblos y barrios que conviven con el estadio. Sólo la empresa Be Grand construyó 18 megatorres en la ciudad en los últimos 20 años, al menos cinco de ellas en la zona sur: Alto Pedregal, Coapa, Coyoacán, Lomas y San Ángel, aunque no son las únicas.
Las vecinas movilizadas por la falta del agua denuncian que las torres más recientes han crecido en torno al estadio, al calor de las promesas del Mundial y el conflicto social: Mantik Pedregal construyó 586 departamentos en tres torres de 30 pisos cada una; High Park Sur con dos torres de 30 pisos cada una, que ofrece sus departamentos para renta temporal y su ubicación frente al viejo centro comercial Gran Sur, provocó su ampliación en 2022.
Este crecimiento arrollador, sin prestar atención a las demandas ciudadanas, provocó que a mediados de agosto cientos de personas tomaran las calles en una manifestación antigentrificación en el sur de la ciudad, convocada en rechazo de la construcción de un complejo de casas de lujo en la reserva natural Fuentes Brotantes, donde se han tumbado cientos de árboles para este propósito. El gobierno local envió cientos de policías a la marcha, que rodearon a los manifestantes durante toda la protesta, dando inicio a un nuevo “protocolo” vinculado al evento deportivo.
Intervenir la resistencia
Según la información pública que los vecinos de Santa Úrsula han recabado, el edificio en construcción frente a la plazuela donde se reúnen no tiene ningún permiso: ni de la alcaldía para la demolición, ni de manifestación para su construcción. Sólo se conoce que hubo una venta del espacio y el precio de preventa, anunciado en páginas de internet.
“Investigando un poquito con otros vecinos que tienen estos mismos padecimientos de construcciones irregulares en sus colonias, nos comentan que muchas veces la alcaldía permite estas construcciones y una vez que terminan de hacerlas sólo pagan las multas, pero ahí queda el edificio. Creemos que este tiene esa misma dinámica”, explicó Lara en entrevista con Desinformémonos.
Para las empresas constructoras, apelar al Mundial en sus anuncios es también una forma de “enganchar” al público para comprar estos edificios irregulares y capitalizarse. También para hacer intervenir a los compradores en el pleito, una vez que el edificio ilegal se “regulariza” por un pacto tácito con los poderes locales, que sostienen una política de hechos consumados. “El Mundial acelera e incrementa la especulación inmobiliaria, pues en este caso las compras de preventa ahorita están más baratas, pero luego van a encarecer”, agregó.
Sin embargo, a pesar de la promoción y las facilidades de compra “abaratando” el precio al que se venderán sus departamentos después, las torres de edificios que se han multiplicado por todo Santa Úrsula continúan vacíos. “Eso nos llama la atención, porque todavía no ha llegado gente a habitar estos lugares. Quedaron como estructuras casi vacías, que tienen esta nueva arquitectura, pero sin gente que los habite”, señaló Lara.
En el caso del edificio contruído frente a la Plazuela, los niños del barrio han padecido las primeras consecuencias: no se les permite jugar al fútbol en la calle de adoquines donde jugaron generaciones. En ese mismo espacio, las vecinas de la Cooperativa Acción Comunitaria organizaron una festejo para las infancias previo a Día de Muertos, donde colocaron su ofrenda a los vecinos que fundaron la colonia, compartieron enchiladas verdes y de mole que aportaron Norma y las vecinas, y partieron una piñata en forma de edificio, que hizo uno de los niños del barrio.
“Sentimos que esto es una forma de discriminación hacia nosotros y una pretensión de higienizar el barrio, como si fuéramos los mugrosos que no deberíamos estar ahí, aunque somos los originarios. Sentimos que esta arquitectura y la población que llegue a habitarla, van a tener una relación diferente con el espacio y una visión meritocrática, aspiracionista de la vida, que choca con nuestra visión comunitaria”, concluyó.
