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/Escrito por Wendy Rayón Garay/
04.07.2025 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- Familias y colectivas de buscadoras se reunieron frente a la puerta 2 de la Cámara de Diputados para clausurar simbólicamente el recinto como protesta al rechazo de la Ley Espía, en la cual se modificó la Ley de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada el pasado 30 de junio sin atender las verdaderas problemáticas de la crisis de desapariciones en México.
Con el lema «Sin las familias no #EspiarNoEsBuscar» dibujado sobre el suelo con pintura blanca, así como fotografías de mujeres y hombres colocadas sobre las rejas rojas que rodean el recinto y que representaron a las más de 129 mil 874 personas desaparecidas y no localizadas, fue como las familias buscadoras demostraron su descontento y decepción ante la decisión de las diputadas y diputados.
Hay que recordar que México atraviesa un crisis humanitaria de desaparición de personas, al 2 de julio del este 2025, hay 129 mil 891 con registro de desaparición de las cuales 29 mil 771 son mujeres y son sus familiares quienes realizan la búsqueda de sus familiares.
Y una forma de atender la situación, según el Gobierno Federal, sería la aprobación de un paquete leyes, las cuales ya fueron aprobadas las cuales se relacionan con los datos personales y la legalización de la vigilancia por parte del Estado hacia la ciudadanía, para las cuales, no hubo apertura, discusión o parlamento abierto en cada una de ellas, lo que representa una amenaza directa para los derechos humanos, según denunció la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y ahora se denuncia la conformación de un Estado espía.
Las leyes en cuestión son Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública; Ley General de Población; Ley General en Materia de Desaparición Forzada; Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos; y Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuya aprobación se hizo en fast track durante el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Pese a que estas leyes en cuestión están enfocadas en diferentes temáticas como la militarización, la crisis de desaparición y la regulación de las telecomunicaciones, todas se relacionan con cambios que le dan la facultad al Estado de almacenar y controlar los datos personales de las mexicanas y mexicanos.
Ana Lucía Lagunes Gasca fue una de ellas, aunque procede del municipio de Aquila en estado de Michoacán, actualmente está de visita en la Ciudad de México. Este fue el motivo por el cual aprovecho para presentarse a la clausura simbólica organizada desde las colectivas de búsqueda y difundida por redes sociales un día antes; sin embargo, también lo hizo por su hermano Arturo, quien se encuentra desaparecido desde el 15 de enero de 2023.
Según narró Ana Lucia en entrevista para Cimacnoticias, su hermano Arturo es abogado especialista en derecho agrario y defensor de derechos humanos quien al momento de su desaparición colaboraba con el profesor Antonio Díaz Valencia. A los dos se los llevaron un domingo por la noche después de salir de una asamblea comunal, una forma de organización que se usa en las comunidades campesinas para la toma de decisiones de forma democrática.
Desde entonces ha emprendido un camino hacia la justicia y verdad que la trajo hasta la Cámara de Diputados a expresar su indignación por «tomar el dolor de las familias como un pretexto para un sistema de vigilancia que se quiere implementar a nivel nacional», según mencionó. En los dos años en los que Ana Lucía se convirtió en una buscadora ante un sistema que está lejos de buscar a su hermano.
«Lo único que puedo hacer es manifestar que no estoy de acuerdo que se haga este tipo de medidas, que no estoy de acuerdo que se nos tome nuestro dolor, nuestra lucha como diciendo que eso va a ayudar a nosotros (familias buscadoras) y que la población crea que es por eso cuando hay una crisis de violencia en nuestro país» -Ana Lucía Lagunes Gaszca, mujer buscadora.
A raíz del caso Rancho Izaguirre en Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ante el Senado de la República una iniciativa que pretendía hacer cambios para atender las desapariciones en México. Sin embargo, su proyecto no contemplo las experiencias y recomendaciones de las familias buscadoras y de las organizaciones de la sociedad civil, por lo que se señaló que fue una vía rápida para contrarrestar el foco de atención nacional e internacional.
Ante las denuncias al proyecto, la Secretaría de Gobernación organizó mesas de dialogó para entablar conversación con las familias buscadoras. El pasado 23 de junio, se anunció la incorporación de 570 propuestas de más de 450 colectivos y redes, representando a mil 42 personas colectivos y familias para «fortalecer » la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
Sin embargo, de acuerdo con Jorge Verástegui González, integrante de la colectiva Glorieta de las y los desaparecidos quien participó en la clausura simbólica en San Lázaro, las mesas de diálogo fueron una simulación para legitimar los recientes cambios sin emplear una metodología. En cambio, señaló que la anterior Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas tomó dos años en construirse al participar activamente el Ejecutivo Federal, el Congreso, fuerzas policiacas, así como familias buscadoras.
«Tienen todo el oficialismo, tienen la mayoría, además el apoyo del movimiento ciudadano, que son ahora sus aliados, pues tienen todo para para hacerlo (…) nosotros les mandamos un documento, técnico, con las observaciones, preocupaciones. Les dijimos, «Tómense el tiempo. No lo no lo hagan con prisas.» Porque al final lo hemos dicho siempre, los políticos se van, duran 6 años a lo mucho y las familias nos quedamos aquí y somos las que pagamos los errores y las prisas que comenten ellos» -Jorge Verastegui Gonzales, integrante de la colectiva Glorieta de las y los desaparecidos
Presintiendo los resultados de dichas mesas de diálogo, Ana Lucia decidió no participar, ya que ella y su familia han participado en diferentes mesas con funcionarios de alto nivel en Michoacán sin éxito alguno: «solo nos faltó AMLO, pero en ninguna nos ha dado ninguna noticia de mi hermano, ni del profesor», respondió.
La nueva Ley General en Materia de Desaparición contempla la creación de una nueva plataforma de datos que tiene la finalidad de hacer un cruce de distintos datos de información como anteriormente se tenía previsto que funcionara otros sistemas de información como el Banco Nacional de Datos Forenses. Esta nueva plataforma contendrá datos vinculados a la CURP y datos biométricos.
De acuerdo con el capítulo tercero de esta ley, titulado «De la Plataforma Única de Identidad», dicho mecanismo será la fuente primaria de consulta permanente en tiempo real que estará interconectada con otras bases de datos o sistemas de información como lo son El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; La Base Nacional de Carpetas de Investigación; El Banco Nacional de Datos Forenses; Registros Administrativos y cualquier base de datos pública o privada.
Con esta plataforma se podrá monitorear continuamente la Clave Única de Registro de Población (CURP) de una persona desaparecida o no localizada; alertar a las autoridades competentes sobre el uso del CURP de una persona desaparecida o no localizada en los registros de los Sujetos Obligados; y realizar búsquedas continuas y generar avisos cuando existan posibles coincidencias que lleven a la localización de una persona desaparecida.
Anteriormente, el Centro Prodh advirtió que la nueva ley «parte del supuesto errado de que la crisis de desapariciones en México se solucionará sólo interconectando bases de datos y disminuyendo las cifras». Dicho argumento fue apoyado por la ciudadana Clara García quien trabaja en una organización de derechos humanos y asistió a la protesta de forma solidaria y en apoyo a las familias.
«Creo que el otro gran error es creer que es un problema pues únicamente de datos, de interrelacionar bases de datos a diestra y siniestra cuando en realidad el gran tema es que no hay una atención integral a la crisis de las personas desaparecidas y no identificadas. Es una crisis con un montón de intersecciones y con la prevención, la atención, la búsqueda, la notificación forense, no hay ninguna ruta integral» -Clara García, asistente solidaria con la protesta
Apuntó que lo que hace falta es «voluntad política» y que existe un peligro sobre los datos personales de la ciudadanía al desconocer para qué serán utilizados: «También se sabe que mucho perfilamiento racial o muchas prácticas discriminatorias que están a partir de sesgos y creo que el uso de los datos sin criterio no es tan claro» y añadió que con la desaparición del INAI no queda claro quien protegerá esos datos.
Asimismo, Ana Lucía señaló que persiste la incapacidad de los funcionarios públicos en el manejo, administración y gestión de la información: «Es impresionante escuchar a los legisladores con una confianza decir que todo va a estar regulado, que eso va a tener candados cuando nosotros hemos visto que en nuestros casos no los llevan de la forma que deberían, tienen pésimos controles», mencionó.
Sin embargo, el día de ayer, 1 de junio de 2025, se cerró el periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados después de legislar Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, Ley General de Población, Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos y Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión para conformar un Estado espía. Ahora queda a la espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como las consecuencias que enfrentara México por esta decisión.
