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/Juan José Rodríguez Prats/
El derecho es un término medio entre la anarquía y el despotismo (…) consiste en la creación de restricciones al ejercicio arbitrario e ilimitado del poder
Edgar Bodenheimer
“Vivimos un momento estelar en nuestra historia”: presidente Claudia Sheinbaum. “Estamos construyendo un nuevo modelo de legitimidad”: Guadalupe Taddei, presidente del INE. “Terminó el periodo neoliberal de la Corte”: ministra Lenia Batres. Hugo Aguilar, presidente de la SCJN: “La Corte se propone ser un auténtico tribunal de justicia y no del derecho”.
En contraste con tanta algarabía, el Poder Ejecutivo no manda, el Legislativo no delibera y el Judicial, integrado por consigna, transmitida a través de un mecanismo ignominioso, será sumiso y obediente. Los únicos que no ven todo esto son la “mayoría” de nuestros órganos electorales que fungen (¿simulan?) como autoridades.
Por más que reviso cada uno de los sectores de la administración pública, no percibo nada estelar. No concibo que pueda haber una legitimidad ilegal ni el fin del neoliberalismo. Tampoco encuentro con qué se reemplaza. Cuando las verdades evidentes no hacen prueba plena, no estamos ante una crisis coyuntural o pasajera, sino ante una decadencia ética que trastoca todo el sistema político. En medio de esta maleza de ideas, me conmovió una propuesta sensata de la jurista Margarita Ríos Farjat: “Nuestras formas de hacer vida constitucional requieren una profunda reflexión”.
Desde el inicio del estudio del derecho se nos plantea un aparente galimatías: “De lo que es no se intelige lo que debe ser (…) pero del deber ser tampoco emerge lo que será”. Dicho en forma sencilla, la ley intenta corregir la realidad, pero escasamente lo logra.
Hace algunos años no se hablaba de una nueva constitución, sino de una nueva constitucionalidad, una cultura jurídica que recuperase la respetabilidad de las instituciones y de su normatividad. ¿Cuándo se quebró nuestra transición democrática? Aventuro algunas hipótesis.
A dos grandes mexicanos de calidad ética e intelectual (Juan José Hinojosa y Jesús Reyes Heroles) les escuché pensamientos similares: en la medida en que las asambleas debatan y entiendan que el recinto legislativo es el lugar de donde emanan acuerdos, en el que los adversarios le dan preeminencia al interés nacional, se evitará que prive el desorden y violencia.
Así lo entendió Vicente Fox en su toma de posesión: “El Ejecutivo propone, el Legislativo dispone”. Francisco Labastida, a nombre del PRI, declaró que se apoyaría todo lo que beneficiara a México. Manuel Bartlett, senador, se apresuró a decir que se rechazaría todo lo que proviniera del gobierno panista. Hubo reformas en ese periodo, pero las de gran calado (sector energía) no prosperaron. Esa es una de las causas que evitaron la consolidación de la democracia.
En lo que va del siglo XXI, destaca la desgarradora polarización de los mexicanos. Los escasos destellos de acuerdo han sido estigmatizados. La iniciativa del insulto, el agravio, la amenaza, provienen del partido en el poder que, paradójicamente, cada vez tiene más grietas y desavenencias. En el reciente informe de gobierno no hubo referencia a un posible diálogo con la oposición.
No hay señales para el optimismo. Las palabras han perdido su capacidad para el entendimiento. Desde luego, la responsabilidad es de quienes las profieren. Se alude a Benito Juárez como referente ineludible de buen gobernante. Sin embargo, se soslaya el principio fundamental que orientó su gobierno: reconciliación.
Tenemos muchísimas enseñanzas en nuestro pasado de lo que no debemos hacer. También hay, afortunadamente, lecciones de lo que nos conviene imitar. Lo más relevante es la necesidad de cerrar la brecha entre el México legal y el México real. Esto demanda voluntad política y una idea clara de los alcances del derecho.
La carta magna es ley fundamental. Ese es su ámbito esencial. No soñemos con ella, bajémosla de su nicho para hacerla ley viva, referente cotidiano y no retórica vacía.
