* El informe sombra «Informe al Comité CEDAW ante la Décima Evaluación al Estado mexicano» del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) y de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (RED TDT) denunció que la ley de no criminalización no ha sido eficaz,
/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
22.06.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- «En México no hay ni una sola mujer detenida por haber practicado un aborto» declaró Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, durante el 91° periodo de sesiones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en ingles), pero su declaración contradice información documentada por diversas organizaciones civiles quienes han denunciado casos de criminalización y encarcelamiento de mujeres por abortar en distintas entidades del país.
Concluyó la comparecencia que sostuvo el Estado mexicano ante CEDAW, en la cual, una delegación de funcionarias acudieron a Ginebra en Suiza para rendir cuentas sobre el avance y cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de igualdad de género y de nueva cuenta, además de evadir los cuestionamientos, negaron problemáticas que violentan a las mujeres, niñas y adolescentes en el país, como el encarcelamiento de mujeres por aborto, una realidad ampliamente expuesta por defensoras con cifras y casos específicos.
Durante la segunda audiencia de comparecencia del Estado mexicano ante la CEDAW, la relatora española Ana Peláez Narváez cuestionó la detención de mujeres por abortar con sentencias bajo figuras como homicidio o infanticidio y preguntó a la delegación mexicana cómo piensan abordar estos retos para armonizar su legislación con los estándares internacionales.
En respuesta, la titular de la Semujeres evadió la respuesta hasta que la relatora Patsilí Toledo Vázquez hizo hincapié en una pregunta complementaria para que el Estado mexicano respondiera. Fue entonces que Citlalli Hernández atajó la inexistencia de mujeres detenidas por practicarse un aborto.
Actualmente, en México ya son 23 entidades federativas en las que está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación y a pesar del avance de las mujeres, persiste el número de muertes maternas relacionadas con abortos inseguros, el cual ya alcanzó el 11.3%, según el informe semanal de la Secretaría de Salud y además persiste la criminalización contra mujeres.
No perdamos de foco que en el 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, dictaminó la inconstitucionalidad de criminalizarlo a nivel federal.
Datos de la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicados en su informe «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México» muestran que de enero de 2012 a diciembre de 2022 hubo 2 mil 169 denuncias por el delito de aborto (680 mujeres), así como 2 mil 456 averiguaciones previas y carpetas de investigación (258 mujeres) reportadas por procuradurías o fiscalías.
En el mismo periodo se encontraron 14 mujeres en prisión preventiva por el delito de aborto. Asimismo, en 412 ocasiones se ejerció la acción penal por abortar (145 de las veces fueron mujeres) y se emitieron 142 sentencias (32 dirigidas a mujeres). Dichos datos fueron obtenidos a través de solicitudes de información a las 32 entidades de la república mexicana.
La titular de la Semujeres también trajo a colación la existencia de la Ley de Amnistía para liberar a las mujeres en prisión acusadas por abortar. No obstante, el informe sombra «Informe al Comité CEDAW ante la Décima Evaluación al Estado mexicano» del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) y de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (RED TDT) denunció que esta ley no ha sido eficaz, pues solo una solicitud ha sido procedente desde su implementación y 9 han sido rechazadas.
Pese a que la delegación celebró ante la CEDAW la despenalización del aborto en 23 entidades del país, la realidad es que persisten diversos problemas para llevarla a cabo. En primera instancia, el delito de aborto continúa estando tipificado a nivel federal ya que no se han eliminado los artículos 329° al 334° que establecen la ilegalidad de «la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar», entren otras disposiciones.
Esto ha provocado no solo que en 8 entidades el aborto siga siendo un delito, sino la existencia de 218 carpetas de investigación por aborto, incluidas entidades donde el procedimiento ya fue despenalizado. Además, persiste la práctica de denuncias por parte de personal de salud, lo que refuerza la criminalización de quienes deciden abortar.
La criminalización del aborto por el personal de salud
Garantizar el acceso seguro al aborto es una medida de salud pública fundamental para las mujeres, ya que permite su autonomía y dignidad. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas y personas defensoras de derechos humanos reportan que persisten barreras para acceder a este servicio incluso en entidades donde ya está despenalizado.
De acuerdo con la organización GIRE, entre 2012 y 2023 atendieron 46 casos de criminalización de mujeres y acompañaron 27 de ellos. El rango de edad de las mujeres estuvo entre los 15 y los 42 años y los casos ocurrieron en once entidades (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán).
De los 27 casos acompañados, en ninguno se criminalizó al personal de salud y, en varios de ellos, fue ese personal adscrito a los hospitales el que denunció o dio aviso al personal de seguridad pública o a las fiscalías o procuradurías locales. La mayoría de estos casos concluyeron porque se solicitó el cierre por falta de actividad procesal por parte de las fiscalías o por no acreditarse los elementos del delito.
«El fenómeno de la criminalización por parte del personal de salud tiene consecuencias graves. La percepción de que las personas que decidieron abortar han cometido un delito solo las somete a escrutinio y las coloca bajo sospecha, sino que pone en riesgo la calidad de la atención médica que reciben. Al privilegiar los temas legales, la participación y las actividades del personal ministerial antes, durante y después de la atención médica, se puede afectar la recuperación de las personas investigadas» -Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México»
No obstante, las barreras para acceder al aborto por parte de las instituciones de salud, así como su criminalización por el personal terminan por vulnerar los derechos humanos de las mujeres, representando uno de los mayores obstáculos para que el aborto sea aceptado socialmente como un servicio de salud.
Los obstáculos
Según señala GIRE, esta criminalización contra mujeres, además de representar una violación a los derechos humanos también ha generado incremento en las carpetas de investigación por el delito de aborto en casos como cuando una mujer aborta fuera del límite de las 12 semanas de gestación incluso cuando es involuntario.
Otra barrera para las mujeres persiste en varias entidades del país donde aún no se ha despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021. Actualmente, los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ya despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas.
Por otro lado, 8 entidades mantienen vigente la penalización de la Interrupción del Embarazo (ILE): Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala, y se tiene el caso extraordinario de Aguascalientes donde el aborto sólo está permitido hasta las 6 semanas de gestación. Esta disparidad territorial refleja un acceso desigual al derecho, y aunque la legalidad no reduce la práctica del aborto, su criminalización obliga a muchas mujeres a interrumpir su embarazo en condiciones clandestinas, vulnerando sus derechos humanos e incluso su vida.
A eso se añade la objeción de conciencia, ya que permite que personal médico se niegue a practicar abortos por motivos religiosos o morales. Aunque las leyes mexicanas establecen que los servicios de salud deben garantizar personal disponible que no objete, en la práctica esto no siempre se cumple. También hay una grave falta de capacitación técnica y ética en el personal médico, lo cual es fundamental para ofrecer una atención segura, profesional y basada en derechos humanos. Esta carencia limita la calidad del servicio y dificulta el acceso oportuno al procedimiento.
La falta de infraestructura adecuada es otra barrera importante, especialmente en hospitales públicos ubicados en zonas rurales o marginadas, donde no existen los insumos básicos, medicamentos o espacios físicos apropiados para realizar abortos. La centralización de clínicas especializadas en capitales estatales deja en desventaja a las mujeres que viven en comunidades alejadas o indígenas, pues implica un esfuerzo económico, logístico y emocional adicional. A esto se suman los trámites burocráticos arbitrarios e ilegales que muchos centros de salud exigen, como permisos notariales, autorizaciones familiares, valoraciones médicas o psicológicas innecesarias, e incluso periodos obligatorios de “reflexión”, todos los cuales constituyen formas de violencia institucional.
Por otro lado, las barreras socioculturales también juegan un papel fundamental. El estigma social alrededor del aborto genera culpa, vergüenza y discriminación hacia las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. La desinformación sobre salud sexual y reproductiva, y en particular sobre la seguridad del aborto, contribuye a que muchas mujeres no conozcan sus derechos ni las opciones médicas seguras disponibles. Finalmente, los factores económicos limitan el acceso a anticonceptivos, medicamentos como el misoprostol o la mifepristona, o servicios clínicos adecuados, dejando fuera a las mujeres con menos recursos.
A esto se añade los impedimentos de instituciones para abortar en casos de violencia sexual, desobedeciendo la NOM-46. Esta institución ha establecido una norma interna que impone requisitos adicionales —como ultrasonidos, opiniones jurídicas o testigos— que obstaculizan el acceso al procedimiento. Este conflicto refleja una serie de barreras institucionales que persisten incluso en estados donde el aborto ya fue despenalizado.
Debido a estos factores que han sido denunciados en reiteradas ocasiones por la marea verde, no se puede invisibilizar la criminalización de las mujeres que abortan, siendo este uno de sus derechos sexuales y reproductivos. Por ello, el Estado mexicano no puede negar que aún existan mujeres encarceladas o procesadas penalmente por interrumpir su embarazo.
