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23.07.2026 Washington, EUA.- El gobierno de Estados Unidos anunció lo que calificó como la mayor acción financiera emprendida hasta ahora contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al imponer sanciones a más de 50 personas físicas y morales presuntamente vinculadas con la estructura de mando, las redes de lavado de dinero, operadores logísticos y empresas utilizadas para financiar las actividades del grupo criminal.
La ofensiva fue dada a conocer este 23 de julio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, como parte de una estrategia dirigida a debilitar la capacidad operativa y económica de una de las organizaciones delictivas más poderosas del continente.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, la medida no sólo alcanza a presuntos líderes del cártel, sino también a familiares, empresarios, compañías fachada y operadores financieros que, según las investigaciones, han permitido ocultar recursos obtenidos mediante el narcotráfico, el robo de combustible, el contrabando de hidrocarburos, el fraude con tiempos compartidos y otras actividades ilícitas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la administración del presidente Donald Trump mantiene como prioridad desmantelar las estructuras financieras de los cárteles mexicanos.
“El presidente Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados. La medida de hoy afecta a la cúpula, los financistas y las redes criminales del Cártel de Jalisco Nueva Generación, privándolo de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar la vida de los estadounidenses”, afirmó el funcionario.
La OFAC informó que la decisión se tomó con base en investigaciones desarrolladas conjuntamente por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en las que participaron el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y otras agencias federales. También señaló que existió coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Uno de los principales objetivos de las sanciones es Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo dirigente del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida durante un operativo del gobierno mexicano en febrero de 2026.
Según el Departamento del Tesoro, González, también conocido como Juan Carlos Valencia González, enfrenta cargos federales por narcotráfico en Estados Unidos y el Departamento de Estado mantiene vigente una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita su captura o condena.
Washington sostiene que antes de asumir el liderazgo de la organización criminal, “Pelón” encabezó uno de los brazos armados del CJNG involucrado en diversos actos de violencia.
La acción también alcanza a integrantes del círculo cercano de otros mandos del cártel, entre ellos Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”; Gerardo Botello Rozales, conocido como “El Cachas”; Francisco Noé González Ramírez, “El F1”; Rodolfo Alejandro Loza García, “El 26”; así como operadores relacionados con el tráfico de cocaína, metanfetaminas y fentanilo.
Las investigaciones estadounidenses sostienen que estas células mantienen presencia en entidades como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Zacatecas, desde donde coordinan laboratorios clandestinos, rutas de distribución y operaciones de lavado de dinero.
Además de los presuntos integrantes del cártel, las sanciones abarcan un amplio entramado empresarial que, de acuerdo con el Tesoro, habría servido para ocultar activos y mover recursos de procedencia ilícita.
Entre las compañías incluidas aparecen gasolineras, empresas agrícolas, inmobiliarias, constructoras, comercializadoras de ropa, fábricas de muebles, compañías logísticas, negocios tequileros, licorerías, firmas de seguridad privada y sociedades dedicadas a la extracción de petróleo y gas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el CJNG ha diversificado sus fuentes de ingresos y ya no depende exclusivamente del tráfico de drogas. Según la OFAC, el grupo obtiene importantes recursos mediante el robo y contrabando de combustibles, conocido en México como huachicol, además del fraude con tiempos compartidos, extorsiones y otras actividades económicas ilícitas.
El Departamento del Tesoro afirmó que algunos operadores investigados participaban simultáneamente en el tráfico internacional de fentanilo y en esquemas de extracción ilegal de combustibles, actividades que, aseguró, generan pérdidas millonarias para el Estado mexicano.
Otra parte de la investigación se concentra en una red de presuntos lavadores de dinero establecida principalmente en Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Según Washington, este grupo recibía grandes cantidades de efectivo procedentes del narcotráfico en distintas ciudades de Estados Unidos, trasladaba los recursos a México mediante diversos mecanismos financieros y posteriormente los entregaba a los dirigentes del cártel, cobrando una comisión por cada operación.
Las autoridades estadounidenses estiman que este sistema permitió blanquear decenas de millones de dólares cada año desde al menos 2023.
El Departamento del Tesoro recordó que el CJNG fue identificado por primera vez como una organización relevante para el narcotráfico internacional en 2015, cuando fue sancionado bajo la Ley Kingpin. Posteriormente, en 2021 volvió a ser designado conforme a una orden ejecutiva relacionada con el combate al tráfico internacional de drogas.
En febrero de 2025, el Departamento de Estado dio un paso adicional al incluir al CJNG en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y como Terrorista Global Especialmente Designado, clasificación que amplió las herramientas legales para perseguir sus activos y sancionar a quienes colaboren con la organización.
Desde entonces, la OFAC ha impuesto medidas contra más de 250 personas y empresas relacionadas con el cártel. Sin embargo, el gobierno estadounidense sostiene que la operación anunciada este jueves representa la intervención financiera de mayor alcance realizada hasta ahora contra esa organización criminal.
Como consecuencia de estas sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país quedan bloqueados. Asimismo, se prohíbe a personas y compañías estadounidenses realizar transacciones con los señalados, mientras que las instituciones financieras podrían enfrentar sanciones adicionales si facilitan operaciones con los involucrados.
La nueva ofensiva se produce en un contexto de creciente presión de Washington contra los grupos del crimen organizado mexicanos, particularmente aquellos considerados responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ha reiterado que continuará utilizando sanciones económicas, acciones judiciales y mecanismos de cooperación internacional para intentar debilitar la estructura financiera de los cárteles, a los que considera una amenaza para la seguridad nacional de ese país.