*Análisis sin Fronteras.
/ Ana María Salazar/
La cara de la presidenta Claudia Sheinbaum visiblemente mostraba su molestia cuando le preguntaron sobre la decisión de Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, de declararse culpable y cooperar para evitar cadena perpetua. Criticó la decisión del gobierno de los Estados Unidos, utilizando el método socrático con el auditorio de periodistas preguntando: ¿cómo nombró el gobierno de Estados Unidos a las organizaciones de la delincuencia organizada en México? Terroristas, corearon los presentes. “¿Qué ha dicho el Gobierno de Estados Unidos con relación a organizaciones terroristas?” “No negocian con terroristas”, era la respuesta que esperaba la presidenta. “¿Y qué está haciendo?”, preguntó Sheinbaum. Aunque pocos respondieron, “negociando con terroristas” era la respuesta correcta que quería la mandataria para así lanzar su crítica y cuestionar una negociación conocida en inglés como “plea bargaining”- una herramienta fundamental de los fiscales estadounidenses: presionar a criminales para que se declaren culpables, evitando así el costo de un juicio, a cambio de información útil para perseguir otros individuos que permitan el desmantelamiento de una organización criminal.
Uno entendería que los periodistas presentes no entendieron el concepto de “plea bargaining” o el hecho de que el concepto de “no negociar con terroristas” no está plasmado en ninguna legislación estadounidense u orden ejecutiva pública del presidente de los Estados Unidos. También uno pudiera argumentar que la presidenta tampoco entendió el concepto de este “mantra” de los estadounidenses. Pero el hecho de que los asesores de la presidenta le sugirieran usar el argumento: “Estados Unidos no negocia con terroristas”, es una señal de que claramente no entienden el concepto de las sanciones que surgen de la declaratoria presidencial y la legislación que respalda al “Foreign Terrorist Organizations” declarado por Donald Trump. O, tal vez esto fue lo único que se le ocurrió al equipo jurídico y político de la presidenta ante la eventualidad de que “El Ratón” empezara a “cantar” información que pudiera desestabilizar el mismo gobierno de México. El usar el argumento de que “Estados Unidos no negocia con terroristas” de hecho es un indicio de temor: ¿Será que Ovidio dará información en contra de familiares que ahora lideran el Cártel de Sinaloa? ¿Qué información tiene sobre funcionarios civiles y militares que colaboraron con el Cártel de Sinaloa, ahora clasificado como organización terrorista?
Es importante señalar que la presidenta sí tiene razón de quejarse ante la eventualidad de que Ovidio recibiera una pena reducida que no reflejara la gravedad de los delitos que propició en México. “Fue una detención que hizo el Gobierno de México. Durante esa detención fallecieron oldados mexicanos. Y se extraditó”. Este fue el comentario de la presidenta refiriéndose al Culiacanazo 2.0, en enero del 2023; murieron 10 militares durante un fuerte enfrentamiento en el operativo para capturar a “El Ratón” para su extradición. Si hay una acusación en México que permita enjuiciarlo por este delito, podrían exigir que lo regresaran eventualmente para enfrentar la justicia mexicana. Pero esa no parece ser la intención de la Fiscalía General de la República. Otra opción sería que la presidenta demandara que los fiscales estadounidenses obtuvieron información para perseguir y enjuiciar a los autores intelectuales y operacionales del enfrentamiento durante el Culiacanazo 2.0. que aún se encuentran vivos y en México. Si se incautan bienes de “El Ratón” México debería exigir que parte de ellos se destinaran a las víctimas de este delincuente o que ingresaran al erario mexicano.
Es importante entender que la frase “Estados Unidos no negocia con terroristas” está relacionada con el secuestro y rehenes estadounidenses alrededor del mundo. Desde los 70 este “mandato” se empezó a implementar, ya que cada vez que se negociaba con terroristas para liberar estadounidenses aumentaban los incentivos para continuar secuestrando. También hay que señalar que, a pesar de esta declaratoria, generalmente hay un proceso indirecto de negociación, mediante terceros, si es que no se puede liberar a los rehenes o secuestrados con un operativo militar.
La actual política antiterrorista que usará Estados Unidos en contra de cárteles mexicanos, ahora grupos terroristas, se caracteriza por ser unilateral, extraterritorial, menos diplomática y con más consideraciones políticas.
Por eso es importante que el gobierno de México comprenda y anticipe que el difícil vecino del norte usará todas las herramientas jurídicas y políticas disponibles como congelar activos, sancionar bancos y empresas, quitar visas, exigir la extradición para enjuiciar a los líderes y colaboradores. Y sí, seguramente en el futuro habrá muchas, pero muchas, negociaciones con “terroristas mexicanos”, sus colaboradores y seguidores.
