* Más de 300 sucursales paralizadas en todo el país.
01.10.2025. Ciudad de México.- En el primer minuto del 1 de octubre de 2025, las banderas rojinegras ondearon en los 302 centros de trabajo del Nacional Monte de Piedad en todo el país. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la institución prendaria declaró oficialmente el inicio de una huelga nacional, tras denunciar una política sostenida de acoso laboral, violaciones sistemáticas al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y una estrategia institucional para debilitar y desmantelar su organización gremial.
La decisión fue tomada por el Congreso Nacional del sindicato, integrado por delegados de cada sucursal, quienes votaron por unanimidad ante lo que califican como “la última alternativa” frente a una administración que, aseguran, ha cancelado derechos elementales, promovido sindicatos paralelos y ejecutado acciones unilaterales que vulneran la dignidad laboral.
El Nacional Monte de Piedad, fundado en 1775 y considerado por décadas como “el banco de los pobres”, enfrenta una de las mayores crisis laborales de su historia reciente. El conflicto no es nuevo: desde 2021, el sindicato ha denunciado intentos de despido masivo bajo el argumento de “incosteabilidad”, a pesar de que la institución ha reportado ingresos crecientes, especialmente por el alza en la cotización del oro.
En 2023, tras una huelga de más de un mes, se firmó un convenio que incluyó dolorosas concesiones por parte de los trabajadores: reducción de personal, ampliación de jornadas, disminución de prestaciones y ajustes al CCT. Sin embargo, el sindicato acusa que la administración, encabezada por Aldo Achar, incumplió los acuerdos y continuó con una política de hostigamiento.
Entre los agravios más recientes, el sindicato denuncia la implementación de promociones escalafonarias sin participación de los trabajadores, en contravención directa del CCT. Las plazas fueron asignadas de forma discrecional por gerentes y directivos, excluyendo los mecanismos bilaterales pactados para garantizar transparencia y equidad.
La administración justificó esta acción alegando que el sindicato se negó a integrar las comisiones correspondientes, lo cual fue desmentido por el Comité Ejecutivo Nacional. “Siempre solicitamos que el proceso se echara a andar, era necesario para la operación y benéfico para los trabajadores”, afirmó Arturo Zayún González, secretario general del sindicato.
Otro eje del conflicto es la creación y fortalecimiento de un sindicato blanco, al que se le han otorgado ventajas institucionales para generar división entre los trabajadores. Esta estrategia, según el sindicato legítimo, busca debilitar su representatividad y facilitar la cancelación parcial del CCT, como lo demuestra una nueva demanda colectiva interpuesta por la administración en días recientes.
A pesar de estos intentos, más del 95% de los trabajadores votaron a favor de mantener vigente su contrato colectivo durante el proceso de legitimación exigido por la reforma laboral, lo que refuerza la legitimidad del sindicato frente a los intentos de fragmentación.
El sindicato también denuncia que, mientras los trabajadores enfrentan jornadas extenuantes y salarios que rondan los dos salarios mínimos —incluso en zonas fronterizas—, los empleados de confianza y directivos perciben ingresos superiores a los 500 mil pesos mensuales, incluyendo bonos y viáticos. Esta disparidad se agrava por el hecho de que el Monte de Piedad es una Institución de Asistencia Privada que recibe subsidios fiscales equivalentes al 40% de sus ingresos.
La media hora de comida, establecida por ley, ha sido sistemáticamente negada, y las prestaciones colectivas han sido suspendidas sin justificación legal, según el sindicato.
En su boletín oficial, el Comité Ejecutivo Nacional expresó que la huelga no es una acción deseada, sino una medida extrema ante la cerrazón institucional. “Hemos intentado por todas las vías evitar este conflicto, conscientes de la afectación que provoca. Pero no hemos encontrado otro camino posible para hacer respetar nuestros derechos más elementales y nuestra dignidad”, señala el documento.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha ofrecido mecanismos de conciliación, pero hasta el momento no se ha logrado un acuerdo. La institución, por su parte, acusa al sindicato de incumplir compromisos pactados en 2024, mientras persisten denuncias sobre el manejo de recursos sindicales y la transparencia en la asignación de plazas.
Con el estallido de la huelga, más de 7 millones de operaciones prendarias anuales podrían verse afectadas. Las sucursales del Monte de Piedad, que atienden a cientos de miles de personas cada semana, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. El impacto económico y social será significativo, especialmente para las familias que dependen de los préstamos prendarios como mecanismo de subsistencia.
El conflicto laboral en el Monte de Piedad no sólo pone en tensión a una institución emblemática, sino que plantea preguntas urgentes sobre el modelo de gobernanza en las instituciones de asistencia privada, la vigencia de los derechos laborales y el papel de los sindicatos democráticos en un contexto de reformas y polarización.
