/ Lourdes Morales Canales*/
Dice mucho de un país el que la iniciativa de generar una cultura de diálogo y de propuesta por parte de líderes sociales, académicos y militantes de diferentes partidos políticos, sea vista como amenaza. Dice mucho de un país el que cualquier intento de participación política por la vía no convencional o no clientelar, sea leído en clave de puestos y candidaturas. Dice mucho de un país el que la exigencia de derechos fundamentales, llámese derecho a disentir, derechos sexuales, derechos políticos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a ejercer el periodismo libre, derecho a una vida digna, derecho a una ciencia libre y autónoma, derecho a una vida libre de violencia, y muchos derechos más, generen respuestas que retoman las premisas Schmittianas de amigo o enemigo del régimen.
No sé en qué momento se volvió un riesgo ser ciudadano en sentido amplio. Tampoco sé en qué momento comenzamos a detestarnos tanto. Lo cierto es que, si seguimos sumergidos en la apatía, el miedo o la soledad, y si no acordamos nuevamente bases mínimas de convivencia, estaremos cada vez más lejos de contar con una sociedad de derechos. Aun los que siembran discordia para ganar más poder político, se quedarán sin país que repartirse.
Bajo esta lógica, puede avizorarse el impacto político y social de la reforma electoral que seguramente se aprobará en el Congreso en las sesiones que vienen. El argumento ha sido la necesidad de abaratar el costo de las elecciones y la mejora de la representación política. Y, sin embargo, ninguna de estas dos premisas se cumple con la propuesta.
Hace una semana se presentó frente al Consejo General del INE un amplio informe sobre las implicaciones de modificar seis leyes secundarias que trastocan las reglas del sistema electoral mexicano. El documento fue realizado con la colaboración de las áreas técnicas y operativas de la institución. En él se documenta paso a paso todo el despropósito de la reforma. En particular, quiero alertar sobre la falta de certeza y equidad que tendrán ahora los procesos electorales. Dos de las cuatro leyes (Ley General de Comunicación Social conocida anteriormente como Ley Chayote y la Ley de Responsabilidades Públicas) ya fueron aprobadas y publicadas.
¿Cuáles serán las consecuencias de estas nuevas reglas? Muchas ya las estamos viendo. La nueva Ley Chayote identifica como propaganda gubernamental únicamente aquella que es contratada con recursos públicos. Bajo el pretexto de la libertad de expresión, quienes están en posiciones de poder, podrán hacer campaña a sus anchas sin que haya consecuencia alguna. Esto evidentemente les da ventaja a quienes pueden echar mano de la tribuna con la que cuentan por su cargo o posición. Pero además promueve que los funcionarios se distraigan. Dejan de gobernar para estar inmersos en campañas electorales de manera anticipada.
Si realmente el objetivo fuera el buen uso de los recursos públicos, se debiera reforzar la vigilancia y la rendición de cuentas, por el contrario, se relajan la fiscalización y se deja sin consecuencias graves a quienes no reporten el uso de los recursos o quienes no entreguen sus informes de gastos. Si de pronto hay candidatos cuestionables, no habrá sanciones significativas. Ahora sí un violador podrá ser gobernador. ¿Qué se puede hacer? Por la vía judicial hay una ruta de recursos a los que se podrá echar mano y en las que se medirá la autonomía real del Poder Judicial. Pero por la vía política y social habrá que defender por la vía pacífica el derecho legítimo al voto libre e informado.
Investigadora de la Universidad de Guadalajara
