*Armando Vargas /Integralia /
Desde hace meses, varias voces advertimos que estas elecciones se convertirían en las más violentas de la historia moderna de México a causa de la intervención del crimen organizado. El escenario se cumplió y todavía faltan cerca de dos meses para la jornada electoral. Hoy nada puede detener la violencia política (únicamente la voluntad de los propios criminales, pero no veo incentivos para la formación de treguas extraordinarias) y, de cara al futuro, no anticipa nada positivo que los personajes que conducen este país y, también muchos de quienes aspiran a hacerlo, estén empeñados en polarizar buscando votos, banalizando la mayor amenaza para la estabilidad democrática. Vayamos por partes.
En términos prácticos, la violencia es todo acto intencional que ocasiona o puede ocasionar daños físicos o emocionales a personas o comunidades. El asesinato es la forma más extrema de violencia porque acaba con la vida de la víctima, pero no es la única e incluso tampoco la más frecuente. Desde este punto de vista, la violencia político-electoral puede entenderse como aquella que se ejerce en cualquiera de sus formas (asesinatos, amenazas, atentados, desapariciones, entre otras) para incidir en los resultados de las elecciones. Cualquier individuo o institución que participe en el proceso electoral puede ser víctima y cualquiera que busque perturbar las elecciones a través de la fuerza, victimario.
A partir de la definición anterior es posible adoptar distintos enfoques para aproximarse al tamaño de este problema. Por ejemplo, Etellek Consultores amplió la visión al máximo en 2018 y contabilizó a todas las victimas posibles, incluso a los votantes. En cambio, en este proceso electoral hay perspectivas que permiten afinar la observación sobre fenómenos muy particulares; por mencionar algunos casos, el Laboratorio Electoral centra la atención en agresiones en contra de aspirantes y candidatos y Data Cívica e Integralia Consultores se interesan en agresiones del crimen organizado sobre actores vinculados al ejercicio del poder, incluyendo a diversos tipos de políticos y funcionarios públicos.
Estas organizaciones han reportado cifras diferentes en los últimos meses porque observan el mismo fenómeno, pero con lupas distintas. Sin embargo, con relación a la intervención del crimen en las elecciones, hace unos días Integralia Consultores publicó la segunda actualización de su reporte de violencia política con dos datos demoledores al respecto: 1) este proceso electoral acumula 399 víctimas de violencia política, de septiembre de 2023 hasta al 1 de abril de este año, y 2) en promedio, hay cerca dos víctimas al día.
La cifra acumulada supera los registros que la propia consultora reportó en 2021 (299) y la cantidad de víctimas similares enlistadas por Etellek Consultores en 2018 (389) y, de mantenerse la tendencia, este proceso cerrará, al menos al día de la elección, con más de 500 víctimas. Por lo pronto, en los primeros días de abril continuaron las agresiones, destacando el asesinato de Gisela Gaytán, candidata morenista a la presidencia municipal de Celaya, a pocas horas de iniciar su campaña, después de anunciar su plan de seguridad, caminando en la calle, a plena luz del día, rodeada de simpatizantes.
Los datos son importantes por lo que significan: el crimen organizado está apropiándose vorazmente de las elecciones. No es un asunto menor y para nada es causalidad. La transición a la democracia en México se llevó a cabo sin una transformación profunda del Estado de derecho que blindara los procesos electorales de la intromisión de actores políticos, económicos y sociales que buscan anteponer sus intereses en las agendas de los gobiernos a través de la fuerza. Antes y después de la transición, la realidad es que el crimen y la impunidad continuaron caracterizando a nuestro país. Los grupos criminales aprovechan la ausencia de armaduras electorales para imponer su autoridad en los territorios y apropiarse no sólo de la explotación de mercados lícitos e ilícitos, sino también de administrar la vida política, económica y social. Hoy el caso más grave es Guerrero, en donde pasa todo lo que supone la política combate a través de la democracia: las violaciones más graves a derechos humanos, instituciones inoperantes y autoridades indolentes (el feminicidio de la pequeña Camila en Taxco y todas las violencias a su alrededor son el último ejemplo).
La ola de violencia democrática se convertirá en un tsunami que arrasará con las libertades en cientos de territorios en las próximas décadas si las fuerzas políticas continúan en la disputa mezquina del poder, cada vez más sectores de la sociedad civil renuncian a sus ideales a cambio de unas cuantas prerrogativas el próximo sexenio y la población permanece desvinculada de la política, como si la misma no definiera nuestra prosperidad o fracaso. Tendremos que asumir las consecuencias si pensamos que todo esto es una exageración.
* Armando Vargas (@BaVargash) es Doctor en Ciencia Política, profesor universitario y consultor especializado en (in)seguridad pública y riesgo político en Integralia Consultores (@Integralia_Mx).
