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04.08.2026., EU-México.- El combate al tráfico ilegal de armas volvió a colocarse en el centro de la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos, luego de que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, destacara los operativos realizados por autoridades de su país para desarticular redes dedicadas a abastecer de armamento a organizaciones criminales.
El diplomático ha sostenido que impedir que las armas lleguen a territorio mexicano constituye una parte fundamental de la estrategia de la administración de Donald Trump contra los cárteles y, en particular, contra las estructuras que utilizan armamento adquirido en Estados Unidos para fortalecer su capacidad operativa.
“Cada arma de fuego detenida antes de que llegue a un cártel es un avance. En Arizona, las autoridades de EE.UU. arrestaron a casi 30 acusados y desmantelaron múltiples redes de tráfico de armas de fuego. Estas acciones demuestran un compromiso por parte de @POTUS”, dice su mensaje de este martes.
Agrega que interrumpe “la cadena de suministro ilícita de armas de fuego. Trabajando juntos con las autoridades mexicanas, estamos haciendo que los traficantes de armas rindan cuentas y haciendo que ambas naciones sean más seguras. Hasta ahora, más de 50,000 armas de fuego han sido incautadas bajo esta Administración, y no hemos terminado. #JuntosLogramosMás”
De acuerdo con el balance difundido por Johnson hace unos días, las autoridades estadounidenses habían asegurado casi 50 mil armas de fuego, cerca de 2.9 millones de cartuchos y realizado más de 10 mil detenciones relacionadas con el tráfico ilegal de armas desde el inicio de la administración Trump y hasta julio de 2026.
El mensaje del embajador adquiere relevancia en una relación bilateral en la que México ha insistido en que el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia territorio mexicano constituye una de las piezas que alimentan la capacidad de fuego de los grupos delictivos.
Johnson ha utilizado diversos decomisos para mostrar que Washington también está actuando sobre el lado estadounidense de esta problemática. En uno de los casos más recientes que hizo públicos, autoridades de Estados Unidos aseguraron 138 armas que presuntamente pretendían ser enviadas ilegalmente a México desde Carolina del Norte. Entre el arsenal se encontraban dos rifles calibre .50.
“Cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes”, sostuvo el diplomático, al destacar que las investigaciones se apoyaron en labores de inteligencia y coordinación entre autoridades.
El caso de Arizona también forma parte de una ofensiva más amplia contra las redes que utilizan compradores intermediarios, adquisiciones fraudulentas y otros mecanismos para obtener armas en territorio estadounidense y posteriormente trasladarlas hacia organizaciones criminales.
En enero de 2026, por ejemplo, fiscales federales de Arizona acusaron a nueve personas de conspiración para realizar compras ficticias de armas. De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los implicados habrían utilizado declaraciones falsas durante la adquisición de las armas con la finalidad de facilitar su posterior tráfico.
Otro expediente abierto en Arizona involucra al propietario de una tienda de armas acusado de proporcionar apoyo material a organizaciones criminales mexicanas. La Fiscalía federal del Distrito de Arizona informó en marzo que Laurence Gray, propietario de Grips By Larry, enfrentaba cargos relacionados con presunto apoyo al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Ambos grupos fueron designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras en 2025.
El fenómeno no se limita a la compra y traslado de pistolas o rifles. En mayo, autoridades estadounidenses acusaron a una mujer de Arizona de intentar cruzar hacia México con armas de fuego, partes de armas y un tubo lanzador de RPG. El caso se originó después de una inspección en el puerto de entrada DeConcini, en Nogales.
Estos expedientes muestran uno de los mecanismos que Washington busca combatir: las armas pueden ser adquiridas aparentemente de manera legal dentro de Estados Unidos y posteriormente desviadas hacia compradores que no podrían obtenerlas legítimamente o que pretenden introducirlas en México.
Uno de los casos que ilustra con mayor claridad este patrón es el de Bobby Brandon Galvan, quien fue declarado culpable en Texas por tráfico de armas. Según el Departamento de Justicia, Galvan estaba vinculado con La Nueva Familia Michoacana y entre septiembre de 2023 y abril de 2024 adquirió 24 rifles tipo AK-47 que terminaron en Toluca, México, para ser utilizados por integrantes de organizaciones criminales.
La dimensión del problema ha llevado a que el gobierno estadounidense considere el tráfico de armas como parte de la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y no solamente como un delito asociado a la posesión ilegal.
En febrero, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, conocida como ATF, informó que desde el 20 de enero de 2025 había incautado 36 mil 277 armas vinculadas con delitos, además de más de 2.3 millones de cartuchos. De ese total, 4 mil 359 armas fueron identificadas como destinadas a México, junto con casi 649 mil municiones.
Las cifras permiten observar una diferencia importante entre los decomisos generales reportados por Estados Unidos y aquellos específicamente identificados como destinados a México. Por ello, el dato de casi 50 mil armas difundido posteriormente por Johnson debe entenderse como un balance general de las acciones estadounidenses contra el tráfico ilícito de armamento y no necesariamente como armas que tenían como destino exclusivo territorio mexicano.
Del lado mexicano, la problemática también ha sido señalada por autoridades federales. La administración de Claudia Sheinbaum ha colocado el tráfico de armas desde Estados Unidos entre los asuntos prioritarios de la cooperación bilateral en seguridad, al tiempo que insiste en que el combate al crimen organizado debe atender tanto el flujo de drogas hacia el norte como el de armas hacia el sur.
La cooperación en este terreno se ha intensificado mediante intercambio de información, investigaciones conjuntas y seguimiento de operaciones financieras y logísticas relacionadas con las organizaciones criminales.
Para Estados Unidos, cortar las cadenas de suministro de armamento significa reducir la capacidad de fuego de los cárteles antes de que las armas crucen la frontera. Para México, el problema tiene una dimensión adicional: una vez que los rifles, pistolas y municiones llegan al país, pueden terminar en manos de grupos dedicados al narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y otras actividades delictivas.
El propio Departamento de Justicia estadounidense ha presentado diversos casos recientes como ejemplos de esta estrategia. En febrero reportó que, desde el inicio de la administración Trump, la ATF había impulsado una ofensiva nacional para desmantelar las redes que abastecen de armas a delincuentes y organizaciones criminales transnacionales.
La coordinación bilateral, sin embargo, ocurre en un contexto de fuertes presiones políticas. El gobierno mexicano ha reclamado de manera reiterada que Estados Unidos debe asumir una mayor responsabilidad frente a la entrada de armas a México, mientras Washington mantiene como una de sus principales exigencias la reducción del tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, hacia su territorio.
En ese escenario, los decomisos anunciados por Johnson funcionan también como una señal política: Washington busca mostrar que la estrategia contra los cárteles no se concentra exclusivamente en México y que existe una ofensiva en territorio estadounidense contra quienes adquieren, almacenan o transportan armas destinadas al mercado criminal.
La magnitud de las cifras, no obstante, también pone de manifiesto el tamaño del desafío. Incautar decenas de miles de armas representa un golpe a las redes ilícitas, pero no significa que el flujo haya desaparecido. Las autoridades de ambos países enfrentan estructuras que recurren a múltiples compradores, intermediarios y rutas para evitar que una investigación permita identificar toda la cadena.
El caso de Arizona resulta particularmente significativo por su ubicación fronteriza y por la existencia de investigaciones federales que han detectado tanto compras ficticias como intentos de traslado directo de armas hacia México. La frontera sur de Estados Unidos continúa siendo, por ello, uno de los principales puntos de atención de las agencias estadounidenses encargadas de combatir este delito.
En medio de esta estrategia, Johnson ha insistido en que cada decomiso tiene un efecto directo sobre la capacidad de las organizaciones criminales. Su argumento es que una investigación que logra detener un cargamento antes de cruzar la frontera evita que esas armas puedan ser utilizadas posteriormente en territorio mexicano.
El reto para ambos gobiernos será convertir los decomisos individuales y las detenciones en investigaciones capaces de desmantelar las estructuras completas de suministro: desde quienes adquieren las armas en Estados Unidos, pasando por quienes las transportan, hasta los intermediarios y grupos criminales que finalmente las reciben en México.
Así, el tráfico de armas se mantiene como uno de los principales puntos de la agenda de seguridad compartida entre México y Estados Unidos. Los resultados presentados por Washington muestran un incremento de los operativos y decomisos, pero también dejan claro que el desafío continúa siendo impedir que el mercado ilegal encuentre nuevas rutas y nuevos intermediarios para abastecer a los grupos criminales que operan en ambos lados de la frontera.