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16.09.2026 Washington, EUA.- Estados Unidos incorporó nuevamente a México en su relación de países considerados por Washington como principales territorios de tránsito de drogas o de producción de sustancias ilícitas, dentro de una determinación presidencial correspondiente al año fiscal 2027 que fue enviada al Congreso el 15 de septiembre.
La lista comprende 23 países y también incluye a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. La propia determinación aclara que aparecer en esta relación no significa necesariamente que el gobierno de cada país carezca de una política antidrogas o que no coopere con Estados Unidos.
El documento se sustenta en la sección 706 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores del año fiscal 2003, legislación mediante la cual el gobierno estadounidense debe identificar anualmente a los países que, por sus condiciones geográficas, comerciales o económicas, tienen relevancia para el tránsito o la producción de drogas que afectan a Estados Unidos.
Por separado de esa clasificación general, la administración de Donald Trump determinó que Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia no realizaron durante los 12 meses previos esfuerzos sustanciales para cumplir sus compromisos internacionales de control de drogas. Para Bolivia, Birmania y Colombia, Washington estableció además que la continuidad de asistencia estadounidense es actualmente considerada de interés nacional.
México no fue incluido entre los cuatro países señalados bajo esa categoría específica. Sin embargo, el documento dedica una parte considerable de sus argumentos a la situación mexicana y plantea nuevas exigencias al gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, control portuario, combate a organizaciones criminales y persecución de funcionarios vinculados con redes delictivas.
El gobierno estadounidense reconoce en el mismo documento algunas acciones realizadas por la administración mexicana. Entre ellas menciona mayores decomisos de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de fuerzas militares y policiales adicionales en la frontera común. También atribuye a la cooperación bilateral resultados contra dirigentes de organizaciones criminales, entre ellos la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.
A pesar de ese reconocimiento, Washington sostiene que México debe incrementar sus acciones contra las organizaciones criminales que, según la determinación estadounidense, tienen presencia en amplias zonas del territorio mexicano y representan una amenaza para Estados Unidos.
Entre las medidas planteadas por la administración Trump se encuentra el reforzamiento de los controles sobre las cadenas de suministro y una mayor participación del sector privado en mecanismos de seguridad. El documento también reclama un incremento significativo de las inspecciones en los puertos de entrada.
Otro de los señalamientos está relacionado con las instituciones de seguridad mexicanas. La administración estadounidense considera insuficientes las inversiones actuales para mantener y ampliar las operaciones contra las organizaciones criminales y sus redes financieras. Asimismo, reclama investigaciones y procesos judiciales contra funcionarios mexicanos a quienes acusa de colaborar con los cárteles. Estas afirmaciones forman parte de la posición del gobierno de Estados Unidos expresada en el documento y no constituyen, por sí mismas, resoluciones judiciales sobre funcionarios concretos.
La inclusión de México en la lista, por tanto, debe distinguirse de la categoría de “fracaso demostrado” utilizada en la determinación para otros países. El propio Departamento de Estado establece que la clasificación de un país como territorio principal de tránsito o producción no constituye necesariamente una evaluación negativa de su gobierno ni de su nivel de cooperación con Washington.
Este mecanismo estadounidense tiene antecedentes de varios años. México ha aparecido de manera recurrente en la llamada “Major’s List”, debido a su posición geográfica y a su importancia dentro de las rutas de tráfico hacia Estados Unidos. La legislación estadounidense considera factores como la producción, el tránsito y las condiciones que permiten el movimiento de drogas o sustancias utilizadas para fabricarlas.
La determinación de 2027 llega, además, en un momento de cooperación estrecha, pero también de fuertes diferencias públicas entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de seguridad.
Días antes de la publicación del documento, la presidenta Claudia Sheinbaum había respondido a cuestionamientos sobre declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien había considerado insuficientes los esfuerzos mexicanos contra los cárteles. Sheinbaum sostuvo que México mantiene cooperación con Estados Unidos, pero reclamó respeto a la soberanía mexicana y planteó que Washington también debe atender factores como el consumo de drogas y el tráfico de armas hacia México.
La presidenta también ha señalado que los decomisos de fentanilo procedente de México hacia Estados Unidos han disminuido de manera significativa. En una conferencia del 8 de septiembre afirmó que la reducción había superado 70 por ciento, atribuyéndola a los operativos realizados por las autoridades mexicanas.
La cooperación bilateral en seguridad continúa de manera operativa. A principios de septiembre, autoridades mexicanas y estadounidenses realizaron la operación antidrones “Águila Alta” en la frontera entre Tijuana y San Diego, con acciones coordinadas dentro de los respectivos territorios. El gobierno mexicano señaló que el operativo busca detectar e inhabilitar drones comerciales utilizados por organizaciones criminales para vigilar a las autoridades durante actividades relacionadas con tráfico de personas y drogas.
También existen acciones recientes contra redes de tráfico. El Gabinete de Seguridad mexicano informó el 13 de septiembre sobre la detención en Jalisco de un presunto operador logístico relacionado con la distribución de drogas sintéticas hacia Seattle y Tacoma, Washington, a partir de información compartida entre autoridades de México y Estados Unidos.
En otra operación, las autoridades mexicanas reportaron el aseguramiento de cientos de kilos de metanfetamina en Michoacán y múltiples acciones contra grupos criminales en distintas entidades durante los días 11, 12 y 13 de septiembre.
La nueva determinación estadounidense también aborda a China, a la que Washington responsabiliza de una parte importante del suministro mundial de precursores utilizados para fabricar fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas. El documento sostiene que las organizaciones criminales han encontrado mecanismos para sortear controles mediante sustancias químicas que todavía no están reguladas.
En América Latina, Washington estableció posiciones diferenciadas. Venezuela continúa apareciendo en la lista general de países de tránsito o producción, pero Trump determinó que ya no debe considerarse un país que haya incumplido manifiestamente sus compromisos antidrogas. El documento atribuye ese cambio a la cooperación con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
Bolivia y Colombia, en cambio, permanecen bajo la clasificación de países que, según Washington, no han cumplido de manera suficiente sus obligaciones antidrogas durante el último año. En ambos casos, la administración estadounidense deja abierta la posibilidad de modificar esa valoración si los gobiernos correspondientes muestran avances en erradicación, combate a las redes criminales y otras medidas de control.
El documento también fija posiciones respecto de Brasil y Nicaragua, aunque ambos países no aparecen en la lista de 23 territorios identificados como principales países de tránsito o producción. Washington acusa al gobierno brasileño de no actuar con suficiente contundencia contra Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, mientras formula señalamientos contra el gobierno de Nicaragua por su actuación frente al narcotráfico.
En el caso de México, la relevancia de la determinación va más allá de su inclusión formal en una lista que tiene antecedentes. El documento refleja que la política antidrogas estadounidense continuará vinculada con la relación bilateral y con exigencias específicas sobre vigilancia fronteriza, puertos, precursores químicos, organizaciones criminales y corrupción.
La determinación fue enviada al Congreso estadounidense y deberá publicarse en el Federal Register, de acuerdo con el propio documento.
La clasificación tampoco significa que Estados Unidos haya determinado que todos los países incluidos tengan el mismo nivel de responsabilidad o que sus gobiernos sean considerados incumplidos. La propia normativa distingue entre formar parte de la lista de países de tránsito o producción y recibir la declaración adicional de incumplimiento manifiesto de las obligaciones antidrogas.
En el caso mexicano, la diferencia resulta central: México permanece en la “Major’s List”, mientras que Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia recibieron la determinación adicional de que no realizaron esfuerzos sustanciales durante el último año para cumplir sus compromisos antidrogas. Al mismo tiempo, Washington reconoció en su propio documento acciones emprendidas por el gobierno de Sheinbaum y planteó nuevas medidas que considera necesarias.
Así, el anuncio estadounidense combina una clasificación anual prevista por la legislación de ese país con una evaluación política de la cooperación internacional contra el narcotráfico. Para México, el elemento central es que la relación de seguridad con Washington continúa siendo presentada como un esquema de cooperación, pero acompañado de nuevas exigencias estadounidenses en materia de combate a los grupos criminales y control de las rutas utilizadas para el tráfico de drogas.